martes, 23 de agosto de 2011

CONGRESO DEL PERU APRUEBA POR UNANIMIDAD LEY DE CONSULTA PREVIA


El nuevo Congreso de Perú ha aprobado una ley que, por primera vez, exigirá el consentimiento de la población indígena antes de permitir que se lleven a cabo proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales.

La ley de consulta con la población indígena, que fue aprobada por unanimidad el martes, obliga a que el gobierno consulte a las comunidades indígenas antes de que las empresas puedan comenzar proyectos como excavaciones mineras o petrolíferas, o la construcción de embalses. También deberá consultarse con la población indígena cualquier propuesta de ley que pueda afectar a sus derechos antes de que sea aprobada por el Congreso.

Destacadas organizaciones de pueblos indígenas han participado en las negociaciones de esta ley, y han estado luchando por su aprobación desde 2009. Aunque el año pasado el Congreso aprobó una versión consensuada del proyecto de ley, el ex presidente peruano Alan García la vetó.

“Esta ley, que respeta los principales acuerdos alcanzados con las organizaciones de pueblos indígenas durante la legislatura anterior, inicia un esperado nuevo capítulo en la relación de las comunidades indígenas con las autoridades peruanas”, ha expresado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Pedimos al gobierno del presidente Ollanta Humala que ofrezca su máximo apoyo a la puesta en marcha de la ley de consulta indígena, garantizando que los organismos de gobierno y sus políticas se creen de forma inmediata y se consulten previamente con las comunidades indígenas, para darles la oportunidad de influir en las decisiones que se tomen.”

La ley entrará en vigor cuando el presidente Humala la firme en las próximas dos semanas.

Con la nueva ley, los acuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno serán obligatorios. En aquellos casos en los que no se alcance un acuerdo, los organismos estatales deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Perú ha suscrito las normativas internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de la Corte Inter-americana, que exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para cualquier actividad que pueda tener un impacto significativo en sus tierras y recursos.

De acuerdo con el derecho internacional, el término “pueblos indígenas” incluye a todos los grupos que se identifiquen colectivamente a sí mismos como tales.

Los conflictos sociales han surgido cuando se han llevado a cabo proyectos de desarrollo sin el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas. El resultado ha sido un balance de numerosas muertes en Perú durante los últimos años.

En junio de 2009 murieron 10 habitantes de la zona y 23 agentes de policía durante los enfrentamientos que se produjeron cuando la policía irrumpió en una manifestación pacífica convocada por pueblos indígenas en Bagua, región amazónica del norte de Perú. Más de 200 personas resultaron heridas en el incidente, pero nunca se ha realizado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, y las personas responsables no han sido llevadas ante los tribunales.

“Pasar una apisonadora sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras personas afectadas por los proyectos de desarrollo rural no es la forma de alcanzar el desarrollo económico”, ha afirmado Susan Lee.

“En Perú y en toda América, los conflictos sociales agravados por el hecho de que se hace caso omiso a los derechos de los pueblos indígenas y por el rechazo a sus aportaciones han tenido como resultado numerosas violaciones de derechos humanos que podrían haberse evitado. Esperamos que esta ley abra las puertas hacia un camino de buena fe y diálogo intercultural, e instamos a otros países de la zona a que sigan este gran ejemplo.”

sábado, 6 de agosto de 2011

9 DE AGOSTO: DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS


Como antesala del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional lanza un breve informe regional sobre la situación de los pueblos indígenas en América.
El informe, titulado Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, resume las principales preocupaciones regionales de la organización en relación a la situación de los pueblos originarios. Incluye casos y ejemplos que ilustran estas preocupaciones, documentados por Amnistía Internacional en los últimos dos años.
El documento contiene una introducción con un análisis centrado en el peligroso discurso que algunos Estados y otros actores poderosos en la región están instalando en las sociedades: que los derechos de los pueblos indígenas son un obstáculo para el desarrollo. Para Amnistía Internacional, la dicotomía entre crecimiento económico y derechos es falsa. También incluye breves resúmenes de la situación en 12 países del continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos.
Voceros de organizaciones indígenas peruanas acompañarán a los representantes de Amnistía Internacional en todas las entrevistas ofrecidas.

Descargue el informe

PREPARAR NUEVAS ESTRATEGIAS

Por Ruth Mier y Terán
Directora Ejecutiva Interina de Amnistía Internacional (Perú)
“Después de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, Ollanta Humala, y de la designación del equipo de Ministros, las y los activistas tenemos que asegurarnos de tener las pilas bien puestas para seguir haciendo campaña. Nos encontramos ante un escenario aparentemente favorable a nuestros objetivos y esto debe ser aprovechado para hacer llegar nuestros reclamos y recomendaciones a las nuevas autoridades. La reducción de la mortalidad materna, así como la aprobación de la Ley sobre derecho a la consulta, son asuntos urgentes en nuestro país. Existen otros asuntos de fondo, como la justicia y reparación pendientes en relación a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Estamos trabajando para preparar las nuevas estrategias que nos permitan, en este nuevo contexto, lograr cambios reales en las vidas de las personas.”

viernes, 5 de agosto de 2011

AUTORIDADES DEBEN INVESTIGAR DENUNCIAS DE ABUSOS CONTRA MANIFESTANTES Y EVITAR USO EXCESIVO DE LA FUERZA


Amnistía Internacional instó hoy a las autoridades chilenas a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las recientes protestas estudiantiles y a sancionar a los responsables de los abusos. La organización también solicitó a las autoridades que respeten el derecho a la libertad de expresión y asociación de los manifestantes y eviten abusos durante futuras protestas. Según informes, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante la más reciente protesta resultaron en más de 500 estudiantes detenidos. Varias personas, incluyendo más de 20 policías, resultaron heridas.
“Nos preocupa el número de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, utilización indebida de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y los posibles malos tratos durante las detenciones que se han registrado durante las últimas manifestaciones,” dijo Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
“Las autoridades chilenas tienen la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos puedan manifestarse sin miedo a sufrir represión o a ser detenidos arbitrariamente,” dijo Ana Piquer. “Es imprescindible que estas denuncias sean investigadas de forma inmediata e imparcial y que los derechos humanos de las personas detenidas sean garantizados.”
“La policía no debe utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y aún en este caso, debe hacerse en el menor grado posible que exijan las circunstancias, reduciendo al mínimo los posibles daños y lesiones.”
Amnistía Internacional reconoce la obligación de las autoridades de mantener el orden público pero estas deben siempre desempeñar su responsabilidad en línea con las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer abusos.
Estas normas, de las cuales el Estado Chileno es parte, incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño/a, las cuales garantizan el derecho a la libertad de reunión, expresión y la protección de los menores de edad.
“Es fundamental que las fuerzas policiales entiendan que el respeto a los derechos humanos es parte de su trabajo, y que quienes participen en operaciones disuasivas en reuniones públicas sean personal capacitado y consciente de la importancia de la proporcionalidad en el uso de la fuerza.”