En ocasión del Día Internacional de la Tierra, que se celebra el 22 de Abril, Amnistía Internacional pide a las autoridades estatales peruanas sumar acciones a favor de la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento en contextos de vulnerabilidad del país ante el cambio climático de la Tierra.
“Aunque no es evidente que el cambio climático en sí mismo pueda ser calificado de violación de derechos humanos por diversas razones de índole conceptual, práctico y jurídico, afirmamos -en sintonía con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos- que la obligación de las autoridades estatales de cumplir con los derechos humanos constituye el marco de protección para las personas cuyos derechos se ven o podrían verse afectados por su particular vulnerabilidad ante el cambio climático de la Tierra o por las medidas adoptadas para responder ante el mismo” señaló Juan Carlos La Puente, director de Amnistía Internacional en Perú.
“Cobra urgencia y se hace imprescindible, dada la situación de vulnerabilidad del país ante el cambio climático, que las autoridades peruanas intensifiquen la protección y garantía necesaria a la disponibilidad de suministros suficientes, seguros y accesibles de agua” –agregó.
Amnistía Internacional destaca que factores no climáticos deben también ser considerados ante la amenaza del cambio climático: 1) el derecho a la libertad de información, por el cual el estado peruano debe promover y facilitar la libre circulación de información sobre el cambio climático y las medidas adoptadas para paliar sus efectos; 2) el derecho a la participación activa; y 3) el derecho a la libertad de expresión en torno a las medidas adoptadas o no por el gobierno con relación al cambio climático.
El Día Internacional de la Tierra es una oportunidad para renovar los esfuerzos de las autoridades estatales y sociedad en general junto con los esfuerzos de la cooperación internacional para promover e implementar medidas para paliar los efectos del cambio climático y su amenaza para la realización de los derechos humanos.
jueves, 19 de abril de 2012
viernes, 13 de abril de 2012
VI CUMBRE DE LAS AMERICAS
Amnistía Internacional pide a los jefes de Estado del continente americano a redoblar su compromiso con los derechos humanos durante la VI Cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar el 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Para lograr una prosperidad real y sustentable es condición indispensable el total respeto a los derechos humanos de todas y todos a nivel regional.
En la región más desigual del mundo, individuos, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas continúan exigiendo respeto a sus derechos y muchas veces estas acciones los ponen en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos. Por este motivo, Amnistía señala como temas imprescindibles para la VI Cumbre de las Américas los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, la lucha por la justicia y la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La VI Cumbre de las Américas tendrá lugar en vísperas de la emisión de importantes decisiones del SIDH en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, comunidades indígenas de Ecuador y Canadá han recurrido al SIDH ante la falta de respuesta adecuada por parte de sus Estados. Las resoluciones del SIDH sobre estos casos pueden fortalecer la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, al acceso a la justicia y a la reparación. El respeto de los derechos humanos que el SIDH protege y el fortalecimiento del Sistema mismo son fundamentales para avanzar hacia la prosperidad de las Américas, para que la sociedad civil en su totalidad reclame y defina cuál es la prosperidad que se quiere y para asegurar que este reclamo no se utilice para la consolidación de mayores desigualdades en la región.
Amnistía, además, declara que no obstante algunos avances en materia de legislación y mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, es necesario seguir avanzando hacia la equidad de género y la lucha contra todo tipo de discriminación. En este sentido, son una prioridad impostergable los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las Américas, como por ejemplo la imperante necesidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación tal como ha sido establecido en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo se siguen documentando amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la consolidación o preservación de mecanismos de impunidad. Esto está así reflejado en el reciente informe de la CIDH, en el cual se recogen temas de especial preocupación sobre la situación de quienes defienden los derechos humanos en el hemisferio y se reafirman y avanzan estándares para su protección integral. Los jefes de los Estados americanos son llamados a fortalecer o crear mecanismos nacionales para la protección pronta y efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos cuya vida o integridad están en peligro.
Considerando que miles de víctimas y familiares han visto en el SIDH la única posibilidad de proteger sus derechos y obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno, proteger la integridad e independencia del Sistema Interamericano es una condición indispensable para que la “prosperidad” y el goce efectivo de los derechos de todas las personas en el hemisferio sea una realidad sin exclusiones o discriminaciones.
Teniendo en cuenta que el lema de la Cumbre es “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, Amnistía Internacional recuerda a los jefes de Estado que una prosperidad real, sustentable y sin discriminación sólo puede ser alcanzada a partir del total respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del continente.
En la región más desigual del mundo, individuos, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas continúan exigiendo respeto a sus derechos y muchas veces estas acciones los ponen en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos. Por este motivo, Amnistía señala como temas imprescindibles para la VI Cumbre de las Américas los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, la lucha por la justicia y la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La VI Cumbre de las Américas tendrá lugar en vísperas de la emisión de importantes decisiones del SIDH en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, comunidades indígenas de Ecuador y Canadá han recurrido al SIDH ante la falta de respuesta adecuada por parte de sus Estados. Las resoluciones del SIDH sobre estos casos pueden fortalecer la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, al acceso a la justicia y a la reparación. El respeto de los derechos humanos que el SIDH protege y el fortalecimiento del Sistema mismo son fundamentales para avanzar hacia la prosperidad de las Américas, para que la sociedad civil en su totalidad reclame y defina cuál es la prosperidad que se quiere y para asegurar que este reclamo no se utilice para la consolidación de mayores desigualdades en la región.
Amnistía, además, declara que no obstante algunos avances en materia de legislación y mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, es necesario seguir avanzando hacia la equidad de género y la lucha contra todo tipo de discriminación. En este sentido, son una prioridad impostergable los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las Américas, como por ejemplo la imperante necesidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación tal como ha sido establecido en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo se siguen documentando amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la consolidación o preservación de mecanismos de impunidad. Esto está así reflejado en el reciente informe de la CIDH, en el cual se recogen temas de especial preocupación sobre la situación de quienes defienden los derechos humanos en el hemisferio y se reafirman y avanzan estándares para su protección integral. Los jefes de los Estados americanos son llamados a fortalecer o crear mecanismos nacionales para la protección pronta y efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos cuya vida o integridad están en peligro.
Considerando que miles de víctimas y familiares han visto en el SIDH la única posibilidad de proteger sus derechos y obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno, proteger la integridad e independencia del Sistema Interamericano es una condición indispensable para que la “prosperidad” y el goce efectivo de los derechos de todas las personas en el hemisferio sea una realidad sin exclusiones o discriminaciones.
Teniendo en cuenta que el lema de la Cumbre es “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, Amnistía Internacional recuerda a los jefes de Estado que una prosperidad real, sustentable y sin discriminación sólo puede ser alcanzada a partir del total respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del continente.
jueves, 5 de abril de 2012
20 AÑOS DEL AUTOGOLPE DE FUJIMORI
Amnistía Internacional recuerda hoy el autogolpe que hace 20 años Alberto Fujimori diera en el Perú, suspendiendo el precepto constitucional y nombrando un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
El ex presidente anunció también una reforma profunda del poder judicial, el Ministerio Público, el Congreso y la Constitución. Las funciones del poder judicial y del Ministerio Público quedaron en suspenso durante cuatro semanas, en el transcurso de las cuales no se pudieron presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ni peticiones de hábeas corpus. La disolución del Congreso significó que varias comisiones que investigaban las violaciones de derechos humanos y la violencia política se vieron obligadas a abandonar su trabajo. Desde aquel momento, el ex presidente Fujimori y su Consejo de Ministros gobernaron el país por decreto ley. Entre los decretos emitidos en abril se encontraba la destitución del fiscal de la Nación, de 13 vocales de la Corte Suprema y de más de 130 jueces y fiscales; todos ellos fueron reemplazados por personas designadas por el ejecutivo.
Amnistía Internacional apoyó la delicada y compleja tarea asignada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos a partir del año 1980 al año 2000, periodo que abarca también el autogolpe y sus consecuencias en torno a los derechos humanos.
En enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta en el 2009 al ex presidente Fujimori a 25 años de cárcel por violaciones graves de derechos humanos.
Hoy 5 de abril, Amnistía Internacional quiere recordar que el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos son base fundamental para la institucionalidad y buen gobierno en Perú, y que las recomendaciones de la CVR urgen de su implementación.
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