En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
25 noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y niñas constituye un
problema de proporciones pandémicas. Al menos una de cada tres mujeres
en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones
sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida,
generalmente por parte de alguien conocido.
Los defensores de los derechos de las mujeres establecieron a
partir de 1981 el 25 de noviembre como día contra la violencia. La fecha
conmemora el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Se invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y
ONGs a que este día organicen actividades con el fin de promover la
conciencia colectiva del problema. El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer también constituye el punto
de partida de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género,
que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Ante
la escalada del conflicto entre Israel y los grupos armados palestinos
en Gaza, Amnistía Internacional ha pedido que se imponga un embargo
internacional de armas y el envío inmediato de observadores
internacionales.
Desde
el 14 de noviembre han perdido la vida decenas de civiles en Gaza y
tres civiles israelíes. Según la información recopilada por la ONU, las
organizaciones locales de derechos humanos y Amnistía Internacional,
ambas partes están cometiendo violaciones del derecho internacional
humanitario.
“Debe
haber cuanto antes observadores internacionales sobre el terreno con
capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario cometidas tanto en Gaza como en
Israel, para que evalúen con independencia e imparcialidad los abusos
cometidos por ambas partes”, ha afirmado Ann Harrison, directora adjunta
del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de
África. “El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse con carácter
urgente para imponer un embargo internacional de armas sobre Israel,
Hamás y los grupos armados palestinos en Gaza.”
En
tanto se impone el embargo, todos los Estados deben suspender de
inmediato las transferencias de armas, municiones y material conexo a
Israel, el gobierno de facto de Hamás y los grupos armados palestinos en
Gaza.
Las
fuerzas armadas israelíes informan de que han atacado más de 1.350
objetivos en la Franja de Gaza desde el 14 de noviembre. Las fuerzas
armadas israelíes han disparado proyectiles de artillería contra zonas
residenciales densamente pobladas, han atacado edificios gubernamentales
y de medios de comunicación y han bombardeado las viviendas familiares
de miembros de grupos armados palestinos, causando muertos y heridos
entre la población civil palestina.
La
tarde del lunes, Amnistía Internacional había recopilado los nombres de
66 civiles muertos en Gaza, entre ellos 9 mujeres y 17 menores de edad.
El Centro Palestino de Derechos Humanos informó a mediodía del lunes de
que 622 civiles en Gaza habían resultado heridos, muchos con carácter
grave, incluidos 175 niños y 107 mujeres.
“El
número de civiles muertos en Gaza suscita graves dudas en cuanto a la
medida en que las fuerzas israelíes están cumpliendo con su obligación
de proteger la vida de los civiles”, ha afirmado Ann Harrison. “Nos
preocupa profundamente que algunos civiles hayan resultado muertos o
heridos en Gaza como consecuencia de ataques indiscriminados o
desproporcionados por parte de las fuerzas israelíes.”
Los
grupos armados palestinos han disparado más de 1.100 cohetes sobre
Israel desde el 14 de noviembre. La mayoría de esos cohetes no son
dirigibles, y algunos se han disparado desde zonas civiles.
Según
Magen David Adom, la sección israelí del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, estos ataques ilegítimos han causado la
muerte a tres civiles israelíes y lesiones al menos a 51, graves en dos
de los casos.
Algunos de los cohetes han caído en la propia Franja de Gaza, causando víctimas civiles.
“Los
grupos armados palestinos están disparando cohetes que no se pueden
dirigir contra objetivos militares. Su mismo uso pone en peligro la vida
de civiles y vulnera el derecho internacional humanitario”, ha
manifestado Ann Harrison. “Todos los miembros de la comunidad
internacional deben pedir a ambas partes que consideren prioritaria la
protección de la población civil y cumplan estrictamente el derecho
internacional humanitario. El silencio de algunos Estados muy
influyentes resulta ensordecedor.”
Amnistía
Internacional ve asimismo con suma preocupación los informes según los
cuales el brazo militar de Hamás ejecutó sumariamente a un presunto
colaborador el 16 de noviembre en Gaza.
Los
hospitales de Gaza tienen dificultades para hacer frente a la situación
de emergencia, agravada por la escasez preexistente a causa del bloqueo
israelí impuesto desde junio de 2007. Antes de los enfrentamientos
actuales ya carecían del 40% de la lista de medicamentos esenciales,
según la Organización Mundial de la Salud.
Amnistía
Internacional ha condenado reiteradamente el bloqueo impuesto a la
Franja de Gaza por considerar que se trata de un castigo colectivo para
sus 1,6 millones de habitantes, y ha pedido que se levante por completo.
No
se han rendido cuentas por los crímenes de guerra que cometieron todas
las partes enfrentadas en el conflicto de Gaza e Israel en 2008-2009,
documentados por Amnistía Internacional y la misión de investigación de
la ONU dirigida por el juez Richard Goldstone.
Amnistía
Internacional ha pedido reiteradamente a la Asamblea General de la ONU
que remita al Consejo de Seguridad el informe de la misión de
investigación, conocido como Informe Goldstone, para que éste considere
si se debe remitir la situación a la fiscalía de la Corte Penal
Internacional a fin de que investigue los crímenes de guerra cometidos
por ambas partes.
Dicha
investigación debe abarcar los crímenes de guerra y posibles crímenes
de lesa humanidad cometidos por todas las partes durante el conflicto de
2008-2009, en el que resultaron muertos alrededor de 1.400 palestinos,
entre ellos 300 menores de edad y varios cientos de otros civiles
indefensos. Tres civiles israelíes también resultaron muertos en el
conflicto.
Tras
el fin del conflicto de 2008-2009, Amnistía Internacional ha condenado
que se sigan lanzando cohetes de efecto indiscriminado desde Gaza, así
como los ataques militares israelíes contra Gaza que han causado muertos
y heridos entre la población civil.
La
ausencia de investigaciones imparciales y efectivas sobre los crímenes
cometidos en el pasado hace temer que se repitan los patrones de abusos y
que las víctimas de delitos cometidos en el conflicto actual no tengan
acceso a justicia y reparación.
Musaab Omar al Madhwani 0ha pasado casi un tercio de su vida bajo
custodia de Estados Unidos.
A sus 32 años, el ciudadano yemení lleva más de 10 recluido en el centro de
detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.
La historia comenzó el 11 de septiembre de 2002, cuando las fuerzas de
seguridad paquistaníes lo detuvieron en un apartamento de Karachi.
Según contó posteriormente, lo ataron, le vendaron los ojos, lo golpearon con
un fusil y lo amenazaron de muerte.
Unos cinco días después lo entregaron a las fuerzas estadounidenses, que lo
trasladaron en avión a Afganistán; allí pasó en torno a un mes en un centro
secreto gestionado por Estados Unidos, situado en Kabul o en sus proximidades.
Según cuenta, durante ese tiempo sufrió tortura y otros malos tratos, como
privación del sueño, posturas forzadas y duchas de agua fría.
A finales de octubre de 2002, Musaab Omar Al Madhwani fue enviado a Guantánamo,
tras pasar otros cinco días detenido ilegalmente en la base aérea
estadounidense de Bagram y sufrir nuevos abusos.
Limbo jurídico
Pasaron dos años más hasta que tuvo acceso a un abogado, y casi seis hasta que la Corte Suprema de
Justicia estadounidense resolvió que él y otras personas recluidas en
Guantánamo tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un
tribunal. Finalmente, la petición de habeas corpus de Musaab Al Madhwani se
estudió en 2010.
Han pasado más de 10 años desde que quedó bajo custodia, y Estados Unidos, que
no lo ha acusado de ningún delito, alega que tiene derecho a mantenerlo
recluido indefinidamente en nombre de su “guerra” global contra Al Qaeda y sus
grupos afines.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Musaab Al Madhwani viajó a
Afganistán en 2001 para recibir entrenamiento con armas de fuego en un
campamento de Al Qaeda, en donde afirman que se alió con miembros de la organización.
En 2010, el juez de la
Corte Federal de Primera Instancia encargado de estudiar la
petición de Musaab al Madhwani que impugnaba la legalidad de su detención
otorgó al gobierno el beneficio de la duda. Este juez federal, que describió su
fallo como “una causa sumamente hermética”, concluyó que Musaab al Madhwani era
“como mucho, una figura menor en Al Qaeda” que al parecer “nunca finalizó su
adiestramiento en el manejo de armas”, “nunca disparó un arma en una batalla”,
y nunca “planificó conspiraciones terroristas, participó en ellas o siquiera
tuvo conocimiento sobre ellas”. En mayo de 2011, la Corte de Apelaciones de
Estados Unidos confirmó el fallo.
El juez de la Corte
Federal de Primera Instancia consideró que las denuncias de
abusos sufridos por Musaab al Madhwani durante su detención e interrogatorio en
Afganistán eran “creíbles”. Sin embargo, según parece, los indicios de que fue
víctima de desaparición forzada y tortura mientras estuvo bajo custodia
estadounidense antes de su traslado a Guantánamo, crímenes recogidos en el
derecho internacional, no han dado lugar a una investigación criminal, lo que
supone el incumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas por Estados
Unidos en el ámbito internacional.
La punta del iceberg
La historia de Musaab al Madhwani ilustra las injusticias cometidas en el marco
de la guerra global de Estados Unidos y lo destructivo que sigue siendo ese
marco para los principios de los derechos humanos.
Más de 150 hombres siguen recluidos en Guantánamo. Muchos han afirmado que
sufrieron tortura y otros malos tratos bajo custodia estadounidense. La
rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos ha sido escasa,
y el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas
adoptadas por ex detenidos para obtener un resarcimiento por estas violaciones
de derechos humanos.
De los 779 detenidos recluidos en la base de Guantánamo desde 2002, sólo uno ha
sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado ante una corte federal
ordinaria. Otros han sido enjuiciados ante comisiones militares, en procesos
que incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales.
Actualmente, el gobierno pide la pena de muerte para seis de los hombres
sometidos a estos juicios, lo que supone una clara violación del derecho
internacional.
En el caso de algunos detenidos, el gobierno estadounidense ha “autorizado el
traslado” desde Guantánamo, pero no se les puede enviar de vuelta a sus países
de origen porque allí sufrirían nuevos abusos. Sin embargo, dado que Estados
Unidos se niega a permitir que los detenidos que quedan en libertad permanezcan
en su territorio, continúan en Guantánamo hasta que se encuentre una solución
enviándolos a un tercer país, algo que puede tardar años en ocurrir.
En septiembre de 2012, un suceso recordó la crueldad de este sistema de
detención indefinida, al conocerse la noticia de que el yemení Adnan Farhan
Abdul Latif se había convertido en el noveno interno del que se sabía que había
muerto en Guantánamo. Llevaba más de 10 años recluido sin cargos ni juicio.
Según las autoridades militares estadounidenses, seis de las ocho muertes
anteriores fueron suicidios y dos se produjeron por causas naturales.
Adnan Latif había llegado a Guantánamo en enero de 2002; en diciembre de 2001,
la policía paquistaní lo había aprehendido cerca de la frontera de Pakistán con
Afganistán y lo había puesto bajo custodia de Estados Unidos.
Llevaba recluido en la base naval desde entonces, a pesar de que su salud
física y mental había sido motivo de considerable preocupación a lo largo de
los años.
Un juez de una Corte Federal de Primera Instancia resolvió que su reclusión era
ilegal y que debía quedar en libertad; cuando una Corte de Apelaciones de
Estados Unidos anuló ese fallo, Adnan Latif dijo a su abogado:“Soy un preso
condenado a muerte”.
El futuro de Guantánamo
La muerte de Adnan Latif debe constituir un claro mensaje sobre la ilegalidad
del centro de detención.
“Para todas las autoridades políticas y judiciales de Estados Unidos, al margen
de su ideología política o filosofía judicial, la muerte de Adnan Latif debe
poner de manifiesto la crueldad del sistema de Guantánamo, su incompatibilidad
con los principios y el derecho internacional de los derechos humanos, y la
urgente necesidad de cerrar Guantánamo y dar una solución a las detenciones
conforme a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos”, ha
manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados
Unidos.
En su segundo día en el cargo, el presidente Obama se comprometió a que su
gobierno cerraría el centro de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010 como
muy tarde. Describió la prisión como “un experimento erróneo”, y añadió que “se
mire por donde se mire, el coste de mantenerlo abierto es muy superior a las
complicaciones que conlleva su cierre”. Han pasado más de dos años y medio y
sigue abierto.
Las autoridades estadounidenses deben adoptar medidas urgentes para reparar
estos 10 años de derechos pisoteados. Quienes siguen recluidos en Guantánamo
deben ser sometidos a juicios con garantías ante tribunales ordinarios
independientes, o deben quedar libertad; eso es parte de lo que los principios
internacionales de derechos humanos exigen a Estados Unidos.
Somos parte de un movimiento mundial independiente de más de tres millones de activistas que trabajamos para promover y proteger los derechos humanos.
Nuestro principal objetivo es sacar a la luz las violaciones a los derechos humanos y prevenir que se sigan cometiendo.
Siempre investigamos con imparcialidad y con el máximo rigor.
No apoyamos ni nos oponemos a ningún sistema político, económico, ideología o credo religioso.
Denunciamos los abusos, sin importar quién sea el violador o quién sea la víctima.
Nos basamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y consideramos que todos los derechos son igual de importantes y necesarios.
Creemos tan valioso lograr la liberación de un preso inocente como acabar con la violencia contra la mujer.
Para garantizar nuestra autonomía, en Amnistía Internacional no aceptamos dinero de ningún gobierno. Financiamos nuestras investigaciones, campañas y acciones con las donaciones de miles de personas de todo el mundo.
