martes, 29 de enero de 2013

Guatemala: Fallo contra ex presidente, un paso adelante en la justicia

El fallo dictado ayer en el que se indica que el General Efraín Ríos Montt y su ex Jefe de Inteligencia Militar, General José Mauricio Rodríguez Sánchez, deberán ser sometidos a juicio por la masacre de casi 2 mil personas en la década de los ochenta representa un paso crucial hacia la justicia, verdad y reparación, pronunció el día de hoy Amnistía Internacional.

Ríos Montt, quien estuvo en el poder desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, y Rodríguez Sánchez serán enjuiciados por su presunta responsabilidad en la muerte de ciudadanos, en su mayoría mayas, mediante una serie de masacres ocurridas durante dicho periodo.

“Esta decisión fortalece la justicia en Guatemala mientras la responsabilidad por los crímenes pasados comienza a emerger”, dijo Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional en Centroamérica. “Lo importante es garantizar la justicia, verdad y reparación tanto para las familias como para las víctimas de otros cientos de violaciones a los derechos humanos.”

La Comisión de la Verdad de 1999 respaldada por las Naciones Unidas halló que durante los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996) alrededor de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.

Luego de documentar más de 600 masacres, la comisión concluyó que se llevaron a cabo actos de genocidio, principalmente durante los años en los que Ríos Montt ocupaba la presidencia. Hasta el momento gran parte de los responsables por tales crímenes ha evadido la justicia.

La milicia guatemalteca al continuar negándose a entregar documentos e informes antiguos que podrían conllevar a más juicios se convierte en una de las barreras que impiden que se lleven a cabo investigaciones y juicios eficaces.

En 2007, se presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, sin embargo tras seis años el Congreso aun no lo ha convertido en ley.

“La decisión tomada hoy de continuar con el juicio es de suma importancia. Sin embargo, los crímenes del pasado de Guatemala continuarán opacando el presente hasta que las autoridades garanticen verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familias”, dijo Elgueta.

Cañaris: Estado Peruano debe actuar en conformidad con Principios Rectores de ONU sobre Empresas y DD.HH.

Amnistía Internacional muestra preocupación por el conflicto socio ambiental que viene ocurriendo en la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, región de Lambayeque Perú, en el marco del proyecto minero Cañariaco, de la compañía canadiense Candente Copper.

Desde hace más de ocho días se vive enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes de la comunidad, por el rechazo a este proyecto minero.

Ante esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno peruano para que adopte la debida diligencia en promover tanto el diálogo participativo con los titulares de derechos como los mecanismos de protección ante riesgos contra los derechos humanos que puedan surgir en el marco de la iniciativa empresarial cuestionada. Amnistía Internacional pide que se actúe conforme los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en junio de 2011.

Amnistía Internacional pide al Estado Peruano garantizar que todo el personal de las fuerzas de seguridad que participa en tareas de control de manifestaciones haga uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos. Al mismo tiempo, hace un llamado a las personas que participan de las protestas que impidan agresiones a las personas, incluidas las fuerzas del orden.

“Las autoridades peruanas deben tomar las medidas necesarias para evitar una escalada de violencia que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos humanos”, ha declarado Juan Carlos La Puente, director de Amnistía Internacional en Perú.

sábado, 26 de enero de 2013

Amnistía Internacional: Desapariciones forzadas aun deben esclarecerse

Ayer, se entregaron los restos de 78 pobladores asesinados en el distrito de Chungui, Ayacucho


La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho dispuso la entrega de los restos óseos de 78 pobladores asesinados. Después de más de 20 años sin conocer el paradero de sus seres queridos, familiares recibieron ayer los restos de víctimas fallecidas en Chungui, Ayacucho, a causa del conflicto armado interno que vivió el Perú.

Esta semana también fueron entregados a sus seres queridos los restos de seis campesinos asesinados en 1983 en el distrito de Pichari, provincia cusqueña de la Convención.

“Es muy frecuente que la suerte de las personas  que sufren desapariciones forzosas nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades, en muchos casos, jamás llegan a saber qué les sucedió. Esta semana en Chungui y Pichari, varias familias han logrado despedirse y enterrar a sus familiares desaparecidos” dijo el director de Amnistía Internacional en Perú, Juan Carlos La Puente.

Respecto a las miles de desapariciones forzadas que ocurrieron en Perú, Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas garantizar que los familiares de las víctimas accedan a información relacionada en cada caso con  -quién ordenó la privación de la libertad, cuándo tuvo lugar, el lugar dónde se encuentra, y en caso de fallecimiento, las circunstancias.

“Alguien es responsable por las personas desaparecidas de Chungui y Pichari. La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos, pero frecuentemente los responsables eluden la acción de la justicia. Este no debe ser el caso, los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos deben ser llevados ante la justicia, y debe otorgarse un resarcimiento adecuado a las víctimas y a sus familias”, agregó La Puente.

Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos:
  • el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
  • el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante;
  • el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
  • el derecho a una personalidad jurídica;
  • el derecho a un juicio justo;
  • el derecho a la vida familiar;
  • cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.

jueves, 24 de enero de 2013

Amnistía Internacional pide al gobierno peruano reforzar compromisos en DD.HH. en 1era Cumbre CELAC-UE



El lema de la 1ra. Cumbre CELAC-UE, que se llevará a cabo en Santiago de Chile los días 26 y 27 de Enero, tiene por lema “Alianza para un desarrollo sostenible para la promoción de inversiones sociales y de calidad medioambiental”. Amnistía Internacional quiere recordar que solo se puede lograr un desarrollo sostenible si hay respeto integral para todas y todos en derechos humanos, en ambas regiones. Por lo tanto, Amnistía Internacional pide a los líderes políticos que participarán en la 1ra. Cumbre CELAC-UE que refuercen sus compromisos con los derechos humanos, y con los instrumentos y mecanismos regionales que sirven para promover y proteger estos derechos.
De acuerdo a la Declaración Conjunta de 2010 en la Cumbre de Madrid y el compromiso de ambas regiones para “continuar la promoción y el fortalecimiento de nuestra asociación bi-regional estratégica basada en principios, valores e intereses comunes”, nuestra organización apela a los líderes políticos para poner los derechos humanos en el corazón de la cumbre en Chile.
En Perú, Amnistía Internacional, días previos a la Cumbre, ha solicitado al gobierno peruano que promueva y mande una señal fuerte y clara, junto con todos los países participantes, mostrando su compromiso con los siguientes desafíos:
•       Cero tolerancia para la violencia contra mujeres y niñas.
•       Protección para los derechos de los migrantes.
•       Garantías para que los defensores de derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo legítimo.
•       Implementación completa de los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
•       Protección de la autonomía, integridad e independencia de los sistemas regionales  de derechos humanos.


martes, 22 de enero de 2013

Colombia: rehenes deben ser puestos en libertad de inmediato

Amnistía Internacional exige la libertad inmediata e incondicional, así como el respeto por las vidas y seguridad personal, de los cinco trabajadores mineros que fueron tomados rehenes el último viernes, por el grupo guerrillero, Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Los cinco trabajadores, incluyendo dos peruanos, un canadiense y dos colombianos, fueron capturados en el departamento norteño de Bolívar.         

Amnistía Internacional condena toda toma de rehenes, pues incumple la ley humanitaria internacional y puede constituir un crimen de guerra.

La organización está exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los cinco hombres y cualquier otro civil que esté siendo retenido por las partes en el conflicto armado de Colombia.

Amnistía Internacional también hace un llamado a las autoridades a identificar a aquellos responsables por este y otros casos de secuestros y toma de rehenes, y se aseguren de llevarlos ante la justicia.


jueves, 10 de enero de 2013

EE.UU.: Derechos humanos, el ingrediente que falta para cerrar Guantánamo

11 de enero: 11 años


Que Estados Unidos haya incumplido la promesa hecha por el presidente Barack Obama en su primer mandato de cerrar el centro de detención de Guantánamo es el resultado predecible de haber incumplido sus obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos, o de no haber reconocido siquiera la existencia de tales obligaciones en este contexto.

Hoy, en vez de estar celebrando este mes el tercer aniversario del cierre de Guantánamo, que es lo que habría pasado si se hubiera cumplido la promesa del presidente, hecha en 2009, las detenciones van a entrar en el 12º año y todavía hay 166 hombres recluidos, la mayoría sin cargos, de los cuales 6 se enfrentan a posibles condenas a muerte impuestas en juicios sin garantías ante comisiones militares.

Si no se adopta un cambio genuino de enfoque que aplique el derecho y los principios internacionales de derechos humanos, las detenciones de Guantánamo o una versión de ellas en otro lugar seguirán formando parte del paisaje jurídico de EE.UU. durante el segundo mandato del presidente Obama, y más allá.

En los últimos tiempos, las instancias oficiales han invertido mucha energía en impedir que Estados Unidos se hunda en el llamado “abismo fiscal”, pero no ha prestado atención alguna, al hecho de que el país cayera en un “abismo de derechos humanos” hace un decenio y que todavía no esté donde debe estar.

La afirmación recurrente de que Estados Unidos se cimenta en elevados principios de derechos humanos no se sostiene ante la realidad de las detenciones de Guantánamo, los juicios por comisión militar o la falta de rendición de cuentas y remedios por abusos cometidos en el pasado por personal estadounidense, como los actos de tortura y desaparición forzada, constitutivos de crímenes de derecho internacional.

El gobierno de Obama ha echado la culpa de que no se haya cerrado el centro de detención de Guantánamo al Congreso, que en efecto se ha movilizado en repetidas ocasiones para poner obstáculos a los intentos de que EE.UU. cumpla sus obligaciones de derechos humanos en este contexto. Las últimas medidas de bloqueo llegan en forma de disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que el presidente Obama firmó el 2 de enero de 2013 pese a expresar su oposición, al igual que hizo el año pasado al firmar la NDAA de 2012. El derecho internacional no acepta que un poder del Estado eche la culpa a otro por el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del país. Cada uno de los poderes debe cumplir estas obligaciones.

En esta coyuntura, adoptar un enfoque de derechos humanos significa abandonar los juicios ante comisiones militares en favor de juicios con las debidas garantías ante tribunales civiles ordinarios, dejar en libertad a los detenidos que Estados Unidos no tiene intención de procesar –en territorio estadounidense o en otro lugar seguro– y garantizar plena rendición de cuentas y acceso a remedios por las violaciones de derechos humanos. Asimismo, las autoridades estadounidenses deben abstenerse de imponer la pena de muerte a ninguna persona, con independencia de la instancia ante la cual sea juzgada.

La muerte reciente de un detenido yemení –por suicidio, según la información recibida– que llevaba más de 10 años en detención indefinida sin cargos ni juicio ha servido de recordatorio de la crueldad de este régimen de detención.

Hay 6 detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras haber sido juzgados por una comisión militar que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales. Los 6 acusados permanecieron bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo a principios de septiembre de 2006. Todos fueron sometidos a desaparición forzada por Estados Unidos, crimen de derecho internacional por el que nadie ha comparecido ante la justicia. Al menos a 2 de estos detenidos se les aplicó una técnica de tortura conocida como water boarding, que es efectivamente un simulacro de ejecución mediante un ahogamiento interrumpido. De nuevo, nadie ha sido llevado ante la justicia por la tortura y otros malos tratos infligidos a estos hombres y a otros recluidos en el marco del programa de la CIA.

No debe ocultarse nunca ni a las víctimas ni a la opinión pública información relativa a violaciones graves de derechos humanos o del derecho internacional humanitario por motivos de seguridad nacional. Amnistía Internacional exhorta al presidente Barack Obama a retomar y cumplir la promesa hecha en 2009, cuando tomó posesión de su cargo por primera vez.

Guantánamo: 11 años en cifras

11: Años desde los primeros traslados de detenidos al centro de detención de Guantánamo, Cuba.

166: Detenidos en Guantánamo a la actualidad, de los cuales casi la mitad son ciudadanos yemeníes.

779: Detenidos que han estado recluidos en Guantánamo, según las autoridades, la gran mayoría de ellos sin cargos ni juicio penal.

600: Detenidos transferidos de Guantánamo a otros países desde 2002, aproximadamente.

9: Detenidos muertos bajo custodia estadounidense en Guantánamo. Según las autoridades, 7 de las muertes fueron suicidios, mientras que 2 se debieron a causas naturales.

12: Detenidos tenían menos de 18 años cuando fueron recluidos.

1: Número de detenidos transferidos a EE.UU. para ser juzgado por un tribunal federal.

7: Detenidos condenados por una comisión militar, 5 como resultado de acuerdos previos al juicio en los que los acusados se declararon culpables, de los cuales 4 han sido repatriados.

6: Detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras ser juzgados sin las debidas garantías por una comisión militar.


En Perú:
Este 11 de enero de 2013, a las 11.00 a.m., activistas de Amnistía Internacional exigirán frente a la embajada de EE.UU. en Lima el cierre de la prisión de Guantánamo. Ellos estarán vestidos como prisioneros de dicho centro de detención. Esta acción se estará replicando en varios países donde Amnistía Internacional tiene presencia. Para saber más sobre esta actividad, contactarse con Carolina Delcroix, coordinadora de activismo, al e-mail: actua@amnistia.org.pe. Ella estará presente en la protesta para brindar declaraciones a la prensa.

viernes, 4 de enero de 2013

Hay que abordar la violencia endémica contra las mujeres, pero la pena de muerte no es la respuesta

Por Ananth Guruswamy, director de Amnistía Internacional en India


El trágico suceso de la joven de 23 años que el 16 de diciembre de 2012 fue brutalmente agredida, violada y abandonada a su suerte por seis hombres en Delhi ha puesto de relieve la intolerable realidad a la que se enfrentan millones de mujeres y niñas en India. La violencia contra la mujer es endémica en el país: según datos oficiales, en 2011 se denunciaron más de 220.000 casos de delitos de violencia contra mujeres, cifra que probablemente sea mucho más elevada en la actualidad.

De haber algo positivo en esta terrible tragedia, serían las protestas generalizadas de la sociedad en India. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil en Delhi ha pasado a aglutinar a ciudadanas y ciudadanos indios de todo tipo y de todas las ideologías políticas. Decenas de miles de personas han tomado las calles con el rotundo mensaje de que las cosas deben cambiar y que las mujeres y niñas tienen que empezar a vivir sin miedo. Pero entre las muchas peticiones razonables y constructivas que se están elevando a las autoridades para poner fin a esta situación hay, desafortunadamente, un coro de voces cada vez mayor que reclama la pena capital para los seis presuntos responsables, o incluso la pena de muerte preceptiva para los casos de violencia sexual.

Está previsto que cinco de los seis sospechosos sean sometidos a juicio hoy en Delhi, mientras las autoridades investigan si el sexto presunto responsable es menor de 18 años y, por tanto, menor de edad. En principio, los cinco serán acusados de varios delitos, entre ellos el de asesinato, para el que las leyes indias prevén la pena de muerte.

El odio que sienten los ciudadanos es totalmente comprensible, como lo es el deseo de imponer leyes más estrictas para los delitos de violencia sexual con el fin de garantizar que lo ocurrido en diciembre en Delhi no vuelva a repetirse, pero recurrir a la pena capital solo serviría para prolongar la oleada de violencia.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de las circunstancias o la naturaleza del delito Se trata de la forma más extrema de pena cruel e inhumana, y la violación de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.

No hay indicios que sugieran que la amenaza de ejecución actúa como elemento disuasorio especial, de ahí que exista una clara tendencia global hacia la abolición de la pena capital. En la actualidad, ya son 140 los países del mundo abolicionistas en su legislación o en la práctica.

Durante al menos ocho años no se había llevado a cabo ninguna ejecución en India, hasta que el 21 de noviembre de 2012 fue ahorcado Ajmal Kasab, único terrorista superviviente de los atentados cometidos en Mumbai en noviembre de 2008. La muerte de Kasab supuso un retroceso importante para el país en materia de pena de muerte, pues India se unía así a la minoría de países que siguen realizando ejecuciones.

Con cientos de presos condenados a muerte en India, nos encontramos ante un momento clave para el país y para la aplicación de la pena de muerte. Las autoridades indias no deben permitir que la ejecución de Kasab y la atroz violación de Delhi den lugar a que se reanuden las ejecuciones a mayor escala.

Lo que India necesita ahora no es venganza, sino poner fin a los numerosos problemas que hacen que se perpetúe la violencia endémica contra mujeres y niñas en el país. Tienen que reformarse las leyes y el sistema de justicia, y debe modificarse la definición de violación, que actualmente resulta inaceptable.

También deben tomarse medidas frente a las cifras lamentablemente bajas de condenas por este tipo de delitos, lo que únicamente prolonga el actual clima de impunidad que se vive en el país. Sin embargo, la imposición de la pena de muerte por casos de agresión sexual probablemente solo empeoraría la situación, ya que los jueces vacilarían ante la aplicación de penas tan extremas y los procesos legales se alargarían y serían más complejos.

La policía india tiene que estar mejor preparada para atender a las supervivientes de violencia sexual, y es necesario que se desarrollen programas de apoyo a las víctimas. Muchas mujeres y niñas se muestran reacias a denunciar delitos por miedo a ser humilladas y a recibir un trato degradante por parte de la policía, o por temor al estigma social generalizado que sufren como consecuencia de ello. Asimismo, todavía existen graves carencias sistemáticas en el sistema de justicia indio, lo cual plantea dudas sobre su eficiencia.

El simple hecho de plantear métodos de castigo antes de que se hayan resuelto estos problemas significa adelantarse peligrosamente a los acontecimientos. Son muchos quienes comparten esta reflexión, incluida Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha pedido reformas legales y prudencia frente al uso de la pena de muerte.

En 2012, Afganistán y Pakistán reanudaron las ejecuciones después de moratorias relativamente largas, por lo que ahora India tiene la oportunidad de demostrar su auténtico liderazgo en la región en un asunto clave en materia de derechos humanos. Sin duda, las mujeres y niñas en India merecen una protección legal mucho mejor, pero la solución no es la pena de muerte.

Nueva Delhi, 04 de enero de 2013