miércoles, 24 de abril de 2013

Estado peruano debe adoptar medidas de prevención en casos de desalojos forzosos por graves violaciones de DD.HH.


“Habla Olmos”: 24, 25 y 26 de abril, cineforos y exposiciones de fotos



Amnistía Internacional tuvo conocimiento a principios del año 2012 del desalojo de un grupo de familias campesinas en la zona de Olmos, departamento de Lambayeque, por parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Las y los comuneros habían sido reubicados en una zona alejada, llamada La Algodonera, en donde, según sus denuncias, no contaron con el conocimiento legal y asesoría a su favor, hubo amenazas y violencia, y la nueva situación representaba una exposición de riesgo para su salud y vida.

Los desalojos forzosos, conforme la normativa en materia de derechos humanos, se refieren a las acciones u omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y lo recursos comunes de propiedad que estaban ocupados o de los que éstos dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección jurídica o de otro tipo.

Amnistía Internacional constata a la fecha la falta de medidas y directivas o de otra índole que reúnan los principios básicos y directrices de la ONU sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo para poder ser aplicadas por autoridades como la Defensoría del Pueblo u otras entidades estatales relacionadas con el PEOT a fin de garantizar el pleno respeto, la protección y garantía de las y los comuneros de Olmos.

“Al haber estado allí, en la Algodonera, nosotros hemos visto cómo ciudadanas y ciudadanos peruanos están expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo sus vidas al haber sido desalojados; los testimonios de las y los comuneros causan indignación”, declara Juan Carlos La Puente, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el examen a Perú en mayo de 2012, recomendó al Estado peruano adopte medidas, legislativas y de otra índole, de regulación de los desalojos forzosos que sean conformes con la Observación General Nº 7 (1997) del Comité sobre Desalojos Forzosos.

El Estado peruano tiene obligación de prevenir situaciones de violación a los derechos humanos como los desalojos forzosos que puedan darse en el contexto de requerimientos de infraestructura u otras acciones económicas en el país. Es por ello, que Amnistía Internacional urge al Estado peruano a adoptar medidas que estén orientadas de forma clara y concreta a dicho fin, principalmente en las zonas rurales.

En “Habla Olmos” presentamos la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas personas y familias en el contexto de desalojos cuando el Estado considera que la tierra donde viven es de interés para el desarrollo o de necesidad pública. Queremos que “Habla Olmos” sea un espacio para que hablen los mismos titulares de derechos. Los cortometrajes y las fotografías que se exhibirán se realizaron en la misma comunidad de La Algodonera, con ellos y ellas. Son sus testimonios. En la mesa de panelistas también contaremos con la presencia de dos miembros de la comunidad, quienes nos podrán explicar en vivo lo que vivieron.

“La indemnización por tu vivienda debe ser justa e imparcial; la indemnización en efectivo no puede sustituir en ninguna circunstancia la indemnización real en forma de tierras o recursos comunes de propiedad” – Relator Especial sobre la Vivienda de Naciones Unidas.



HABLA OLMOS
24 de abril – 7.00 p.m. – Sala Bancalari, UPC, Monterrico
25 de abril – 7.00 p.m. – Casa Arena y Esteras – Villa el Salvador
26 de abril – 6.00 p.m. – Sala de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos




Lima, 24 de abril de 2013

martes, 2 de abril de 2013

ONU se aprobó un Tratado sobre el Comercio de Armas



LO HEMOS LOGRADO


Hoy, los gobiernos representados en las Naciones Unidas (ONU) han aprobado prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibirá a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.

Después del gesto cínico protagonizado hace unos días por Corea del Norte, Irán y Siria –tres países donde se cometen abusos contra los derechos humanos y que están sometidos a algún tipo de sanción de la ONU– para intentar bloquear el Tratado, 154 Estados han votado a favor de su adopción en la Asamblea General de la ONU. Veintitrés Estados se abstuvieron y tres votaron en contra.

“Es un momento histórico. Tras largos años de campaña, la mayoría de los Estados han acordado adoptar un Tratado global capaz de impedir que lleguen armas a países donde se destinarán a cometer atrocidades”, ha afirmado Brian Wood, director de la campaña Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, desde la conferencia de la ONU en Nueva York.

“A pesar del intento sumamente cínico de frustrar su adopción por parte de Corea del Norte, Irán y Siria, una mayoría abrumadora de las naciones del mundo han expresado su apoyo rotundo a este Tratado centrado en la protección de los derechos humanos, que salvará vidas.”

El Tratado obliga además a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.

“Si se piensa en el poder político y los amplios intereses económicos que están en juego para los grandes productores y exportadores de armas, este Tratado constituye un homenaje tanto a la sociedad civil que defendió la idea de salvar vidas y reducir el sufrimiento humano como a los gobiernos que hicieron caso a ese llamamiento”, ha señalado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“En los próximos cuatro años, el comercio anual de armas convencionales, municiones, piezas y componentes superará los 100.000 millones de dólares estadounidenses. Pero hoy, los Estados han antepuesto a los seres humanos y su seguridad.”

El movimiento de derechos humanos de Amnistía Internacional ha tenido un papel decisivo en los esfuerzos realizados por la sociedad civil y varios galardonados con el premio Nobel de la Paz desde principios de la década de 1990 para conseguir unas normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas que pongan freno a las transferencias de armas que fomentan las atrocidades y los abusos.

El Tratado ha sido aprobado tras más de seis años de deliberaciones de la ONU, en un proceso que comenzó en diciembre de 2006, cuando la Asamblea General de la ONU decidió pedir a todos los Estados miembros su opinión sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros de un Tratado para regular la transferencia internacional de armas convencionales.

Los Estados respondieron al Secretario General en un número sin precedentes, y prácticamente todos en sentido positivo. El derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos se situaron en lo más alto de la lista de criterios.

El Tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que proliferan en países con conflictos de baja intensidad, violencia armada y cantidades ingentes de víctimas civiles.

“Como en todas las negociaciones de esta índole, no se ha conseguido todo lo que se pretendía –por ejemplo, las municiones no están plenamente incluidas en todas las disposiciones del Tratado– pero, dado que su reforma es posible y que contiene numerosas normas sólidas, este Tratado ofrece una sólida base sobre la que construir un sistema internacional dirigido a controlar el flujo de armas a quienes van a cometer atrocidades con ellas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz”, ha explicado Wood.

“Esto demuestra que, cuando surge entre los ciudadanos una idea realmente valiosa que va a contribuir a crear un mundo mejor y más organizado, son capaces de ponerla en práctica y conseguir cambios a escala mundial.”

El Tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificado por 50 Estados

Nota: Es posible consultar el texto final del proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas en español en:

http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/20130325_non-paper-S.pdf.