Despenalizar
el aborto en América Latina y el Caribe es un compromiso con la vida.
Los propios Estados de la región han reconocido recientemente que la
penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y
morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así
porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes
que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero sí las empuja a
practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son
inseguros y, por ende, ponen su vida y su salud en riesgo.
Despenalizar
el aborto es un imperativo de igualdad. Diferentes organismos
internacionales han comprobado empíricamente que las mujeres indígenas y
afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja
escolaridad, están desproporcionadamente representadas entre estas
mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos
inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato
menor.
Definitivamente,
despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos
humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros
en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la
vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres,
jóvenes y adolescentes. Para cumplir esta obligación, los Estados deben
proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y
adolescentes puedan evitar embarazos no deseados. Las mujeres tienen el
derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuándo quieren serlo.
Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un
aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes
lo practiquen, poniendo sus derechos en riesgo.
Amnistía
Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Quienes por convicciones
morales, religiosas o filosóficas consideren que interrumpir un embarazo
es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus
creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y
pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho
menos criminalizar a quienes disienten de esa noción.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso referido a la
interpretación del derecho a la vida, ha establecido claramente que como
no hay consenso acerca del inicio de la vida humana, los Estados deben
permitir diferentes, y a veces contradictorias, opiniones al respecto
dentro de su jurisdicción; aclarando que las
concepciones morales o religiosas que consideran que un óvulo fecundado
es vida humana “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a
esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia
específica a otras personas que no la comparten.”[1]
Este
28 de setiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en
América Latina y el Caribe, es diferente. Hace poco más de un mes, los
gobiernos de la región firmaron un histórico acuerdo consecuente con sus
obligaciones en materia de derechos humanos y que, de ser cumplido,
salvará a miles de mujeres. En el Consenso de Montevideo, los gobiernos
de 38 países de América Latina y el Caribe acordaron, entre otras cosas,
“prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la
educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos
anticonceptivos modernos y eficaces, y el asesoramiento y atención
integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido,
instaron a los Estados a considerar “modificar las leyes, normativas,
estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del
embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y
adolescentes.” Este histórico acuerdo fue firmado en la capital de
Uruguay, un país que despenalizó el aborto en octubre de 2012.
No
existe justificación en el derecho internacional de los derechos
humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no
deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con este
embarazo.
Este
28 de septiembre, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las
y los líderes de todos los países de la región a demostrar su
compromiso por los derechos humanos con cuatro estrategias concretas:
- garantizar educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes puedan elegir y decidir;
- garantizar el acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos modernos para que cada embarazo sea deseado;
- despenalizar el aborto y garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise y así evitar más muertes prevenibles, esto independientemente de si el aborto se practicó dentro o fuera del marco legal del país del que se trate; y,
- garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.
