Cuatro
años después de los fatales sucesos de Bagua, los familiares de las 33 personas
que murieron, entre ellas 23 policías, y de un policía desaparecido, siguen sin
conocer la verdad ni recibir justicia. Como consecuencia de lo sucedido aquel
trágico 5 de junio de 2009 se iniciaron cuatro procesos penales. Sin embargo,
ninguno de ellos está garantizando el derecho a la verdad y la justicia de las
víctimas y sus familiares. Asimismo, el desequilibrio en las investigaciones
que Amnistía Internacional viene denunciando hace cuatro años, donde se
prioriza el proceso que llevaría a condenas por la muerte de policías y no la
de nativos, sigue vigente.
En uno de los procesos penales iniciados, sobre los hechos en la “Curva del
Diablo”, 53 hombres han sido procesados, todos ellos jefes nativos, miembros de
comunidades nativas, autoridades locales y ex autoridades locales y todos ellos
acusados de la muerte de policías. En otro proceso, el que se sigue por la
desaparición del Mayor Bazán, tres nativos están detenidos preventivamente. El
proceso penal iniciado por la muerte de nativos no tiene procesados ni
detenidos aún, como tampoco lo tiene el caso iniciado por los sucesos en la
estación No. 6 de Petroperú (donde murieron 12 policías).
Amnistía Internacional ha recibido información que indicaría que el único caso
que está avanzado, el del procesamiento contra 53 nativos por los sucesos de la
“Curva del Diablo”, presentaría graves falencias en la investigación y en la
acusación. Por ejemplo, según informes, las pericias demuestran que algunos de
los acusados no usaron armas de fuego y sin embargo están procesados por haber
matado a policías que presentaban impactos de bala. Para otros acusados de
haber instigado los homicidios, no se habría presentado pruebas de que hayan
dado tales órdenes a sus compañeros. Para Santiago Manuín, un líder Awajún que
sobrevivió a heridas de bala en el estómago, el fiscal ha pedido cadena
perpetua. Según testigos presenciales con los que se entrevistó Amnistía
Internacional, Santiago Manuín no iba armado y tenía las manos en alto cuando
le dispararon. Asimismo, luego de cuatro años, el inicio del juicio de los 53
procesados sigue dilatándose por discusiones de jurisdicción.
Adicionalmente, Asterio Pujupat Wachapea, Danny López Shawit y Feliciano
Cahuasa Rolin, los tres indígenas que fueron detenidos preventivamente acusados
de la desaparición del Mayor Bazán, siguen detenidos desde 2009 sin que se haya
dado inicio a su juicio.
En este cuarto año de conmemoración, Amnistía Internacional hace un nuevo
llamado al Estado peruano a cumplir con su obligación de investigar con
prontitud, independencia e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos
y juzgar a todos los responsables en tribunales independientes e imparciales,
con las garantías del debido proceso. Esto debe incluir la revisión de las
acusaciones y procesamientos para archivar aquellos que no tengan pruebas y
dirigir la investigación hacia el verdadero esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, todos los familiares deben recibir reparaciones adecuadas. Sólo estas
medidas van a garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y
sus familiares y van a funcionar como una garantía de no repetición.
El Estado debe tomar, además, otras medidas que garanticen que hechos similares
no queden en la impunidad. Sin embargo, medidas como los decretos legislativos
No. 1094 y 1095, promulgados en 2010, parecerían ir en sentido contrario. Estos
decretos permiten el uso de tribunales militares en casos de violaciones de
derechos humanos cometidas por los militares, en contra del principio de
independencia e imparcialidad de los tribunales que deben juzgar violaciones a
los derechos humanos. Otra disposición que causa preocupación por el Decreto
Ley 29986, que permite a policías y militares mover cadáveres sin la presencia
de un fiscal en zonas donde se haya declarado un estado de emergencia. Dicha
facultad atenta contra los principios de obtención de la prueba para asegurar
que éstas no hayan sido alteradas y se pueda por ejemplo determinar si hubo uso
excesivo de la fuerza.
El Estado debe tomar también medidas para evitar el uso indiscriminado y
desproporcionado de armas de fuego contra civiles y los malos tratos a los
manifestantes, como los que ocurrieron durante la operación policial llevada a
cabo el 5 de junio de 2009. Sin embargo, los decretos legislativos No. 1094 y
1095 mencionados tampoco ayudan a crear las condiciones apropiadas para que
esto no vuelva a suceder, ya que permiten la utilización de militares en contra
de “grupos hostiles”, un término mal definido y que podría ser malinterpretado
hasta incluir defensores y defensoras de derechos humanos y activistas que toman
parte en manifestaciones.
CONTEXTO
En 2009, cerca de la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas en el
norte de Perú, 33 personas (10 civiles y 23 policías) fueron asesinadas y al
menos 205 fueron heridas después de la intervención de la policía para despejar
un bloqueo organizado por las comunidades indígenas de esa zona. Miles de
indígenas estaban bloqueando pacíficamente una carretera para protestar ante la
promulgación de una serie de decretos relacionados con el uso de la tierra y
los recursos naturales que, según ellos, afectaban sus derechos a sus tierras
ancestrales y medios de subsistencia.
Los eventos sacudieron al país y llevaron a la promulgación la Ley de Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas en 2011. A pesar de este paso positivo y el
reconocimiento de parte del Estado a que los pueblos indígenas tienen el
derecho a ser consultados y a dar su consentimiento previo, libre e informado a
proyectos que los afectan directamente, los avances parecen haberse estancado.
Los conflictos sobre el uso de recursos naturales y grandes proyectos de
desarrollo siguen brotando a lo largo del país (no olvidamos que en 2012 hubo
siete personas muertas a mano de las fuerzas de seguridad en Espinar y
Cajamarca) y la Ley de Consulta Previa, aplaudida como un enorme paso adelante
para los derechos humanos en la región, sigue sin ser aplicada., procesos
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