Se necesitan hechos, no meras palabras, para hacer frente a los crímenes de odio homofóbico

Lo que de verdad hace falta es que a los niños en las escuelas se les enseñe la diferencia y que la diferencia no es mala, que no importa si alguien es gay o no gay.

Hristina Stoyanova, madre de un estudiante de medicina muerto a golpes en 2008 en Sofía debido a su supuesta orientación sexual

Las leyes búlgaras deben someterse con urgencia a una revisión general para garantizar que los crímenes de odio que con excesiva frecuencia tienen como víctimas a gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero (LGBT) se investigan adecuadamente y que se enjuicia a sus autores, recomienda Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. 

“Decenas de personas LGBT han sido golpeadas, violadas y, en un caso, asesinadas debido a su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas. La mayoría de estos delitos no han sido investigados de manera adecuada y han quedado impunes”, ha afirmado Emily Gray, experta de Amnistía Internacional en orientación sexual e identidad de género.

“Las autoridades búlgaras no sólo están incumpliendo su deber de poner de manifiesto la motivación homofóbica o transfóbica con la que se perpetran estos delitos, sino que tampoco están poniendo a disposición judicial a sus autores.”

El informe de Amnistía Internacional, Cambiar las leyes, cambiar las mentes: Cuestionar los crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos en Bulgaria, se centra en la inacción de la policía y los fiscales a la hora de ocuparse con eficacia de los delitos contra las personas LGBT debido a actitudes discriminatorias generalizadas y profundamente arraigadas hacia esas personas.

“Debido a la ausencia de legislación sobre los crímenes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género, casi nunca se buscan o se dan a conocer las motivaciones. Es importante sacar a la luz las motivaciones para que la policía pueda desarrollar estrategias efectivas a fin de reducir y prevenir estos crímenes”, ha afirmado Emily Gray. 

Mihail Stoyanov, estudiante de medicina de 25 años de edad, fue golpeado hasta la muerte en un parque de Sofía el 30 de septiembre de 2008. En 2010 se detuvo a dos jóvenes como sospechosos. Se presentaron en su contra cargos de “homicidio con motivación de vandalismo”, estuvieron bajo arresto domiciliario durante dos años y después quedaron en libertad porque el fiscal no dictó acta de acusación formal durante ese periodo. 

Ivelina, Kaloyan, Mitko, Kristina y Svetlio fueron atacados por un grupo de hombres jóvenes después de la última marcha del Orgullo en Sofía. 

A tres de ellos los arrojaron al suelo a puñetazos y patadas. Cuando los cinco denunciaron el ataque, la policía les preguntó primero si lo habían provocado.

Un año después, la policía sigue sin identificar a los autores y dice que no considera prioritario el caso. “Quiero que este caso se resuelva. Es importante porque el mensaje será que las autoridades se preocupan y pueden resolver estas cuestiones”, dijo Ivelina a Amnistía Internacional.

Las personas transgénero hacen frente a una discriminación adicional y sufren ataques con más frecuencia que lesbianas, gays y bisexuales. En algunos casos, según informes, la policía se ha negado a investigar la violencia contra personas transgénero. Las actitudes discriminatorias les impiden con frecuencia encontrar trabajo, y muchas recurren a ejercer el sexo como profesión para sobrevivir.   

Las autoridades búlgaras han tomado algunas medidas para garantizar la igualdad de personas LGBT, como la despenalización de la conducta homosexual y la equiparación de la edad de libre consentimiento, en 2002, y la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual en la Ley de Protección contra la Discriminación en 2004. 

En marzo de 2012, agentes de policía asistieron en Sofía a sesiones de formación sobre la manera de tratar con sensibilidad los crímenes de odio. Y la versión más reciente de un nuevo Código Penal presentado para consulta en abril de 2012 incluye los crímenes de odio por motivos de orientación sexual. Pero aún queda mucho por hacer. 

“Es necesario tomar medidas urgentes para contrarrestar las actitudes que responden a prejuicios y la homofobia y la transfobia omnipresentes. La adopción e implementación de legislación que incluya y defina como crímenes de odio los ataques dirigidos contra personas a causa de su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas es un primer paso importante”, ha afirmado Emily Gray. 

“Las autoridades búlgaras deben manifestar claramente que no se tolerarán los ataques contra personas que son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero o a las que se percibe como tales; y que se investigarán exhaustivamente tales ataques y se enjuiciará a sus autores.”

Río+20: El documento final, debilitado por quienes se oponen a los derechos humanos

Los problemas económicos globales tienen su correspondencia en una recesión en los derechos humanos, con la adopción de unos compromisos preocupantes por su carácter mínimo en Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible), afirmaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) al clausurarse la conferencia.

El objetivo de Río+20 era renovar los compromisos políticos con el desarrollo sostenible que contrajeron en la conferencia original, hace 20 años, mediante la evaluación de los avances y de las lagunas en la implementación y el debate sobre cuestiones nuevas y emergentes.

“Los países del G-77, la Santa Sede y Canadá han formado una alianza vergonzosa contra la adopción de un compromiso con los derechos humanos, en ocasiones con la ayuda de Estados Unidos --ha afirmado Jan Egeland, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch--. A pesar de la oposición, el lenguaje de los derechos humanos ha sobrevivido en el documento final, pero no llega lo bastante lejos.”

La Santa Sede lideró la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, con el apoyo del G-77 (Grupo de los 77), una organización de países en desarrollo. En el documento final, los países participantes hacen hincapié en la necesidad del acceso universal a la salud reproductiva, incluidas la planificación familiar y la salud sexual, y de la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Pero se ha suprimido el texto explícito que hacía referencia a los derechos reproductivos.

Canadá, el G-77 y Estados Unidos se han unido contra la reafirmación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos. Durante las negociaciones, los gobiernos tampoco se han ocupado de sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando actúan como accionistas de instituciones financieras internacionales (IFI).

En el documento final, los gobiernos reconocen que el desarrollo sostenible requiere la implicación significativa y la participación activa de la sociedad civil y de muchos grupos marginados, como las personas con discapacidad, entre otras. Sin embargo, los gobiernos han suprimido la referencia al derecho a la libertad de asociación y reunión, afirmaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y CIEL. Y el derecho a la libertad de expresión, esencial para la participación y la rendición de cuentas, ni siquiera llegó a figurar nunca en un borrador del documento final.

Además, grupos de la sociedad civil han expresado su consternación por la falta de oportunidades para su participación significativa en el proceso de Río.

“El G-77 ha cuestionado el derecho a la libertad de reunión y asociación, y algunos países que los defendieron en el pasado se han negado a luchar por estos derechos --ha afirmado Egeland--. Es increíble que después de la ‘primavera árabe’, los gobiernos no hayan hecho oír su voz en apoyo del derecho a la libertad de expresión en el contexto del desarrollo sostenible.”

Los líderes mundiales han reafirmado la importancia de respetar todos los derechos humanos para el desarrollo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos de derechos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los gobiernos han reconocido en el documento final la importancia de derechos económicos y sociales seleccionados, como el derecho a la alimentación, la salud y la educación. Por primera vez en una reunión en la cumbre importante de la ONU, los países han reafirmado el derecho a agua potable segura y a servicios de saneamiento. Los gobiernos se han comprometido a trabajar para hacer realidad gradualmente el acceso para todas las personas.

“Es lamentable que algunos gobiernos hayan intentado excluir arbitrariamente del ámbito del derecho al agua las cuestiones hídricas transfronterizas --ha afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional--. El hecho de que estos intentos hayan sido infructuosos es una victoria para los derechos humanos.”

Río+20 tampoco ha logrado la integración de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, han afirmado los grupos de derechos. Aunque tribunales internacionales, regionales y nacionales y organismos de derechos humanos han reconocido con creciente frecuencia los daños ambientales como causa de violaciones de derechos humanos, y han establecido con firmeza la responsabilidad de los Estados en lo relativo a la protección del medio ambiente, el proceso de Río+20 ha ignorado el derecho a un medioambiente saludable.

“La protección del medio ambiente es esencial para el pleno disfrute de todos los derechos humanos --ha afirmado el doctor Marcos Orellana, director de derechos humanos y medio ambiente de CIEL--. Sin el reconocimiento explícito del derecho a un medio ambiente saludable, el documento de Río+20 no aborda la crisis ecológica y de pobreza de ámbito global a la que se enfrentan el ser humano y el planeta.”

La Declaración de Río de 1992, integrada por 27 principios que tenían como objetivo orientar el desarrollo sostenible en el futuro, incluía una referencia al derecho al desarrollo, remitía al derecho internacional y reconocía que la gente debe tener acceso a la información relativa al medio ambiente y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones.

“Aunque se han registrado algunos avances en la versión definitiva del documento final, el mero hecho de que tengamos que abogar por la inclusión de los derechos humanos es absurdo”, ha afirmado Carvalho.

Declaración conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río + 20:

http://www.hrw.org/news/2012/06/12/declaraci-n-conjunta-de-amnist-internacional-y-human-rights-watch-relativa-la-confer

Human Rights Watch

http://www.hrw.org

Amnistía Internacional

http://www.amnesty.org/es/demand-dignity

Centro de Derecho Ambiental Internacional

http://www.ciel.org/

Río de Janeiro, 28 de junio de 2012

Verónica Valcárcel

Coordinadora de Comunicación

Amnistía Internacional Perú

Entrevista a Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Perú

Amnistía Internacional, fue invitada por la Organización de Estados Iberoamericanos a una entrevista radial en Filarmonía, para hablar sobre las brechas en educación de derechos humanos y otros temas relacionados al movimiento. Pueden escuchar la entrevista haciendo click en el enlace:

Entrevista

Por un Tratado de Comercio de Armas a prueba de balas

El comercio mundial de armas convencionales y municiones, sujeto a escasa regulación, tiene un costo humano muy elevado. A diario, miles de personas mueren, resultan heridas o son violadas u obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, violencia armada y violaciones y abusos contra los derechos humanos mediante el uso de armas convencionales. La regulación de las transferencias internacionales de armamento y munición, insuficiente y llena de lagunas legales, permite que se suministren armas a quienes violan los derechos humanos, destruyendo vidas y poniendo en peligro los medios de sustento.

Amnistía Internacional, junto a ONG asociadas y activistas de todo el mundo, hace campaña en favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas desde principios de la década de 1990. Finalmente, en 2012, del 2 al 27 de julio, se celebrará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la Conferencia de Negociación en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), donde se reunirán todos los gobiernos del mundo. Amnistía Internacional pide que el TCA incluya:

• Reglas firmes para evitar que las armas se usen para cometer atrocidades y violaciones de derechos humanos.
• Una lista de regulación que incluya todos los tipos de pistolas, municiones y armas ligeras.
• Reglas claras para aplicar y monitorear el TCA, con informes para asegurar su cumplimiento.

Pero los principales proveedores de armas del mundo (los “seis grandes”) –Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China– ejercen la máxima influencia, y existe el peligro real de que presionen para que los términos del tratado se diluyan hasta que resulte ineficaz. Amnistía Internacional en el Perú y el mundo, ha enviado cartas a los representantes de los “seis grandes” expresando su preocupación y una petición para que firmen un TCA responsable. Adicionalmente, el martes 26 de junio, se llevarán a cabo diversas movilizaciones globales para sensibilizar a estos gobiernos sobre la importancia de un TCA bien regulado. En Perú, un grupo de activistas hará un recorrido en bus durante toda la mañana del 26 de junio, para hacer acciones simbólicas frente a las embajadas de estos seis países. El siguiente es el plano del circuito con horarios estimados. Todos y todas están invitados a sumarse desde el inicio o en cualquiera de las embajadas.

Los "seis grandes" exportadores de armas

1. China:

Hay pocas estadísticas oficiales, pero el Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo calcula que representa alrededor del 3% del valor del comercio global de armas convencionales.

Países a los que suministra armas

Países en desarrollo con historiales precarios en materia de derechos humanos, como Argelia, Angola, Bangladesh, Guinea, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kenia, Libia, Myanmar, Pakistán, la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sudán y Zimbabue.

Transferencias irresponsables

China sigue suministrando munición para armas pequeñas a Sudán que las fuerzas de seguridad y las milicias que apoya el gobierno vienen utilizando en Darfur. También envió cohetes y minas antitanque al régimen libio de Gadafi y ha suministrado munición, lanzacohetes, bombas de mortero y lanzamorteros a Zimbabue.

2. Francia

Francia, Alemania y el Reino Unido ocupan sistemáticamente los puestos tercero, cuarto o quinto de la clasificación mundial en cuanto al valor de sus exportaciones en armas convencionales.

Países a los que suministra armas

Entre los clientes más importantes de Francia figuran Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Grecia, otros socios de la OTAN, la región de Oriente Medio y el Norte de África y los países francófonos. Recientemente, Francia y Rusia han iniciado intercambios en materia de cooperación para la defensa y equipos navales.

Transferencias irresponsables

Aunque en términos generales apoya criterios estrictos para transferencias de armas, Francia sigue suministrando armas a algunos países donde existe un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, suministró armas, municiones y equipos afines al régimen libio de Gadafi, munición y vehículos blindados a Egipto y al Chad, y munición a Siria entre 2005 y 2009.

3. Alemania

Alemania ocupa sistemáticamente entre el tercer y el quinto puesto de la clasificación mundial en cuanto al valor de sus exportaciones de armas convencionales. Como líder económico de la UE y actor importante en la ONU, el Arreglo de Wassenaar, la OSCE y otras organizaciones multilaterales, la influencia de Alemania en las negociaciones sobre un TCA será significativa.

Países a los que suministra armas

Alemania es uno de los mayores exportadores de armas de la UE a Oriente Medio y el Norte de África. El resto de sus clientes clave incluye a Sudáfrica, Grecia, Turquía y otros socios de la OTAN, así como algunos países de Asia y de Latinoamérica. 

Transferencias irresponsables

Aunque en términos generales apoya unos criterios estrictos para las transferencias de armas, Alemania suministró armas a países donde existe un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, Alemania suministró vehículos blindados a Yemen y al régimen libio de Gadafi, así como armas pequeñas a Bahréin y a Egipto. También ha suministrado armas pequeñas y munición a Guatemala y Filipinas.

4. Rusia

Rusia es el segundo país comerciante de armas del mundo respecto del valor de sus exportaciones y tendrá una influencia importante en las negociaciones sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Países a los que suministra armas

Sus principales clientes son la India, Siria, Argelia, Myanmar, Venezuela, Sudán y otros Estados africanos.

Transferencias irresponsables

Aunque no publica detalles sobre sus exportaciones de armas, se cree que el 10% de todas sus exportaciones de armas va a parar a Siria, lo que le convierte en el mayor proveedor de armas de este país. Las transferencias incluyen misiles y lanzamisiles, misiles antitanque para el tanque T72 de fabricación rusa y aviones de combate MIG. Rusia proporcionó asimismo rifles de asalto tipo AK al régimen libio de Gadafi. En Sudán, sigue suministrando helicópteros de combate que se están empleando para atacar a la población civil de Darfur y de Kordofán del Sur.

5. Reino Unido

El Reino Unido ocupa sistemáticamente entre el tercer y el quinto puesto de la clasificación mundial en cuanto al valor de sus exportaciones de armas convencionales, junto con Francia y Alemania.

Países a los que suministra armas

Los principales clientes del Reino Unido incluyen a Estados Unidos, la India, Arabia Saudí, Sudáfrica y otros socios de la OTAN. También es un importante exportador a otros países de Oriente Medio y el Norte de África, y del África Subsahariana.

Transferencias irresponsables

Aunque en términos generales apoya criterios estrictos para las transferencias de armas, el Reino Unido sigue suministrando armas a algunos países donde existe un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, envió armas al gobierno de Sri Lanka conociendo su represión, y se está revisando la legislación nacional tras la aparición de datos que indicaban que el Reino Unido había suministrado armas pequeñas, municiones y equipos para vehículos blindados al régimen libio de Gadafi, así como armas pequeñas a Bahréin y equipos para aplicación de la ley a Yemen.

6. Estados Unidos

Estados Unidos es, con diferencia, el mayor comerciante de armas del mundo y realiza alrededor del 30% de las transferencias de armas convencionales globales desde el punto de vista de su valor. Su postura sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas es, por tanto, fundamental.

Países a los que suministra armas

Estados Unidos suministra armas a más de 170 países y su historial a la hora de suspender suministros de armas por motivos de derechos humanos es desigual. Ha restringido las transferencias de armas a Myanmar, China, Sri Lanka y Zimbabue, además de a los países sometidos a embargos de armas de la ONU. Sin embargo, ha seguido suministrando armas a Sri Lanka, Bahréin, Egipto y Yemen, donde existe un riesgo sustancial de que puedan emplearse para cometer violaciones graves de derechos humanos.

Transferencias irresponsables

Como principal proveedor de armas de Egipto, Estados Unidos autorizó la venta de armas pequeñas, millones de municiones y agentes químicos antidisturbios pese a la represión violenta de los manifestantes a manos de fuerzas de seguridad. Yemen recibió también armas pequeñas, agentes químicos y vehículos blindados, y Bahréin, armas pequeñas. Asimismo, envía armas, y ayuda y formación militar a fuerzas de seguridad colombianas pese a la persistente violación de derechos humanos que cometen dichas fuerzas.

Verónica Valcárcel

Coordinadora de Comunicación

Amnistía Internacional: Sobre las detenciones en Cajamarca

Amnistía Internacional en su labor de velar por la promoción y protección de los derechos humanos pide a las autoridades estatales en Cajamarca garantizar los derechos de todas las personas detenidas y proteger su seguridad e integridad física.

“Consideramos que la obstaculización al ejercicio de defensa de las abogadas agredidas la Dra. Amparo Abando, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y la Dra. Genoveva Gómez, representante de la Defensoría del Pueblo, que según sus denuncias, constituyen un riesgo actual para la seguridad e integridad de todas las personas detenidas y sus defensores en Cajamarca”, ha indicado Juan Carlos la Puente, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

"El estado peruano debe proteger la labor de todas y todos los defensores de derechos humanos, cuya función permite la investigación oportuna de abusos y violaciones contra los derechos humanos", añadió.

Amnistía Internacional pide a las autoridades estatales investigar los hechos que han perjudicado la labor de defensa de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. La organización reitera que, si bien las fuerzas policiales están llamadas a mantener el orden público, cualquier medida debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad, y no hacer un uso excesivo de la fuerza. En caso de producirse el uso excesivo de la fuerza, el Estado tiene la obligación de llevar adelante investigaciones imparciales e independientes a fin de evitar que estos excesos puedan quedar en la impunidad.

Cajamarca, 22 de junio de 2012

Informe del Coordinador del Grupo Nº 9 AI ILO a los miembros

La reunión se realizó en el consultorio de Raúl, luego de fijar la agenda el Coordinador del Grupo informó sobre:

Envío de calcetines por la Campaña en apoyo a los inmigrantes de México.

Participación del Grupo en la AGE y AGO (Asamblea General Estatutaria y Ordinaria) realizado en Chiclayo (26/05/2012), en el cual se hicieron modificaciones al Estatuto, hubo presentaciones y exposiciones, se realizó la elección del Consejo Directivo 2012- 2014 (Presidente, Tesorero y 5 vocales).

Participación del Grupo en la Audiencia del GIR (Grupo Impulsor Regional) de Moquegua para el PNDH 2012-2016 (Plan Nacional de Derechos Humanos) realizado el día 08/06/2012 en el local del Educentro (Moquegua).

Participación del Grupo en el Taller de AI de Arequipa 8,9 y 10/06/2012 con la asistencia de Brian.

Consulta a Coco Torrelio sobre los resultados de la gestión para la exposición sobre violencia familiar, aborto terapéutico y derecho de los trabajadores programada para Agosto.

Participación del Grupo en la próxima Audiencia de Arequipa por el PNDH 2012-2016 que se realizará el día 22/06/2012 en el local de la Derrama Magisterial (Cerro Colorado).

Recolección de firmas para el TCA (Tratado sobre el Comercio de Armas) que se realizará en Julio. 

Para el martes 19 está programada una web conferencia con los coordinadores de los grupos.

Hubo la participación de todos los miembros que aportaron con el análisis coyuntural, sus propuestas y sugerencias.   

Se acordó realizar: Capacitación interna de miembros, crecimiento con invitación a personas y avanzar con el plan de los principios voluntarios de las empresas.

Amnistía Internacional condena el asesinato de otro periodista en Veracruz, México

Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Víctor Manuel Báez Chino, cuyo cuerpo fue encontrado el 14 de junio con aparentes signos de tortura en una calle del centro de la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz.
En la  noche del 13 de junio, Víctor Manuel Báez Chino, fundador del portal de noticias ‘reporterospoliciacos.com’ y editor responsable de la sección policíaca de Milenio Xalapa, fue interceptado por un grupo de personas armadas cuando salía de su oficina, quienes le obligaron a subir en una camioneta. Esa fue la última vez que se le vio con vida.
Este asesinato se une a los numerosos asesinatos de periodistas ocurridos en el país en las últimas semanas, y especialmente en el estado de Veracruz. El asesinato demuestra que las autoridades tanto a nivel federal como estatal, no han sido capaces de acabar con la impunidad en los casos de ataques a periodistas, ni parecen dispuestas a ofrecerles a los y las periodistas protección efectiva de acuerdo con sus necesidades.
Tan solo dos días después, el 15 de junio, la periodista Stephanía Rodríguez Cardoso de Saltillo, Coahuila, llamó a una estación de radio para informar que había decidido esconderse con su hijo para proteger su seguridad. Como aún no había recibido ningún apoyo de las autoridades, no quería explicar los motivos para el temor que tenía. Amnistía Internacional exige que las autoridades cumplan con su compromiso de brindarle protección efectiva.
Estos hechos recientes subrayan la vulnerabilidad de las y los periodistas y defensores de derechos humanos y resalta la urgencia de implementar la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue aprobada en marzo por el Congreso de México, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.
Amnistía Internacional hace un llamado al presidente para que firme sin dilatación la nueva ley, para que entre en vigor, pero reitera que la ley no será suficiente para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sin un esfuerzo serio y coordinado sobre el terreno.
Amnistía Internacional hace un llamado urgente a las autoridades para investigar de manera imparcial y exhaustiva el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino y para llevar los responsables ante la justicia.
Finalmente, Amnistía Internacional reitera enérgicamente la obligación de las autoridades de garantizar la libertad de expresión, que incluye acabar con la impunidad en los crimines contra periodistas y establecer medidas de protección eficaz para que puedan desempeñar su trabajo sin temor de represalias.

Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala

Una dirigenta guatemalteca que hacía campaña contra la explotación minera fue atacada a balazos el 13 de junio en la localidad de San José del Golfo, departamento de Guatemala. Otros dirigentes de la zona pueden correr también peligro. El 13 de junio, hacia las seis y media de la tarde, la señora Yolanda Oquelí regresaba de tras participar en una protesta ante un emplazamiento minero en San José del Golfo, a unos 35 km de Ciudad de Guatemala.    Cuando se acercaba a su casa, dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y le dispararon con una pistola.  Yolanda Oquelí fue alcanzada por una bala que se le alojó cerca del hígado.   Se encuentra en el hospital, en estado grave pero estable.
Yolanda Oquelí es dirigenta del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), organización que ha estado protestando contra los efectos negativos de un proyecto minero en su comunidad.   El emplazamiento de la mina se conoce como El Tambor y abarca parte de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampic. Desde marzo de 2012 se mantiene una protesta ante la entrada a la mina.   Quienes se oponen a la mina alegan que contaminará el agua, y que no se ha consultado a las comunidades locales sobre su impacto potencial.  La empresa a cargo de El Tambor es una filial de la compañía minera canadiense Radius Gold Inc.
A consecuencia de su actividad como defensora de los derechos humanos, Yolanda Oquelí ha denunciado desde agosto del 2011 amenazas telefónicas, actos vandálicos con pintura contra su casa y amenazas de muerte– contra ella y contra otros activistas. La denuncia más reciente la había presentado en mayo.  Precisamente ese mes, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con ella.

http://www.amnistia.org.pe/2012/06/20/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/