Nuevo informe de Amnistía Internacional
En toda América, durante este año 2012, las
defensoras y los defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de
intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los
grupos paramilitares y las bandas criminales, ha afirmado hoy Amnistía
Internacional en un nuevo informe titulado Transformar dolor en esperanza:
Defensoras y defensores de derechos humanos en América, que se basa en unos 300
casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y
defensores de derechos humanos en una decena de países, ocurridos
principalmente entre enero de 2010 y septiembre de 2012.
“En casi todos los países de América se somete
sistemáticamente a defensoras y defensores de derechos humanos a hostigamiento,
ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los
derechos de las personas más marginadas”, señala Nancy Tapias Torrado,
investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y
los defensores de derechos humanos en América.
En todo el continente americano, las defensoras y
los defensores han sido acusados de ser delincuentes, corruptos, mentirosos,
buscapleitos o subversivos, de defender a delincuentes y de apoyar a grupos
armados. Estas críticas públicas han sido proferidas tanto por funcionarios del
gobierno como por actores no estatales. “Hombres y mujeres que trabajan para
proteger los derechos humanos están también en la mira cuando intereses
económicos y políticos muy poderosos los perciben como un obstáculo a proyectos
de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias.
De hecho, el informe resalta el caso del padre
Marco Arana en Perú, defensor de derechos humanos, quien sufre desde hace años
una campaña de intimidación y hostigamiento. Él es conocido por criticar
abiertamente el impacto de los proyectos mineros en los medios de subsistencia
y los derechos humanos de las comunidades del departamento de Cajamarca en
Perú. El padre Arana es miembro del Grupo de Formación Integral para el
Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), ONG con sede en Cajamarca. Esta organización
ha estado apoyando activamente a las comunidades que se oponen a la expansión
del proyecto de extracción de oro de Yanacocha, consorcio administrado por la
empresa estadounidense Newport Mining Corporation.
El 4 de julio de 2012, el padre Arana fue
detenido por unos agentes de policía cuando protestaba en una plaza pública
contra el proyecto Conga. Se quejó de haber sufrido malos tratos mientras
estaba bajo custodia policial. El padre Arana fue acusado de “disturbios” y
“resistencia a la autoridad”. En el momento de ser detenido, el padre Arana
llevaba un letrero que ponía: “Agua sí, oro no. No más abusos”, y estaba
concediendo entrevistas a periodistas. Las autoridades argumentaron que en
aquel momento estaba en vigor en Cajamarca el estado de emergencia, que
restringía el derecho a la libertad de circulación y asociación. El padre Arana
quedó en libertad condicional al día siguiente.
El 17 de agosto de 2012, la Corte Superior de
Justicia falló a favor de la demanda de hábeas corpus interpuesta en nombre del
padre Arana. La Corte determinó que la detención del padre Arana había sido
ilegal y arbitraria y que, según las pruebas presentadas, se había efectuado
“mediante el uso desproporcionado e inadecuado de la fuerza física por parte de
los miembros de la Policía Nacional del Perú”. La Corte añadió que los malos
tratos habían continuado bajo custodia policial y consideraba que había pruebas
suficientes para abrir una investigación sobre la detención y los malos tratos
infligidos al padre Arana. Pese a esta sentencia, en el momento de lanzarse el
informe, el padre Arana seguía en espera de juicio. Por su parte, él ha
presentado contra los agentes de policía que lo detuvieron una denuncia por
detención ilegal y tortura.
Varios gobiernos de la región han lanzado
procesos de consulta con las comunidades afectadas después de que ya se
hubiesen adoptado las decisiones importantes, con lo que niegan a las personas
el derecho a una consulta y participación significativas en el proceso de toma
de decisiones. En estas circunstancias, muchas de las personas cuyos derechos
humanos podrían verse afectados no tienen más forma de hacerse oír que
emprender acciones y protestas públicas. Sin embargo, a menudo se responde con
violencia a tales manifestaciones y se señala, persigue y ataca a las
defensoras y los defensores de derechos humanos, con independencia de que hayan
participado o no en las protestas.
De los casi 300 casos analizados por Amnistía
Internacional, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.
Como en el caso de Marco Arana, casi la mitad de
los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el
contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras,
muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura
dirigidos por empresas privadas.
Además de las personas que trabajan en cuestiones
relativas a la tierra y los recursos naturales, suelen sufrir agresiones
quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexo. Se producen también muchos abusos
contra las personas migrantes, contra quienes luchan contra la impunidad de las
violaciones a los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y
blogueros, y dirigentes sindicales.
En varios países de América, las defensoras de
derechos humanos de las mujeres también han sufrido violaciones, amenazas de
violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares
“Cuando las autoridades no protegen a quienes
trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no
investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que
se toleran los ataques”, ha afirmado Nancy Tapias. “Los gobiernos deben
garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de
protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer la importancia y la
legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se
enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección.”
Para mostrar los problemas que sufren los
defensores de los derechos humanos en América, así como las medidas que se
pueden tomar para protegerlos, Amnistía Internacional y la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos invitan al “Foro sobre Protección a los
Defensores de los Derechos Humanos”, que se llevará a cabo el próximo martes 11
de diciembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Centro Cultural de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075, San Isidro).
Además de las intervenciones de diversos defensores de los derechos humanos del
Perú, se contará con la presentación de Reynaldo Villalba, representante del
Colectivo de Abogados José Alvaro Restrepo de Colombia, y de Daniel Joloy,
Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos.