Posted: 29 Jan 2014 09:28 AM PST
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Número de índice: AMR 46/002/2014
29 de enero de 2014
Perú: Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas quedarían en la impunidad
Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y
campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de
los 90s ven ahora su derecho a la justicia negado, tras la decisión de
la Fiscalía penal Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de
presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos. Ya estas 2.000
víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una
pequeña parte de las más de 200,000 mujeres indígenas y campesinas que
habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que
hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma
que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser
protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante
cientos de años.
La fiscalía ha decidido proseguir únicamente con una denuncia contra
el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza
Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998. Ni siquiera
en este caso emblemático se ha acusado a quienes habrían ideado,
promovido o permitido esta nefasta práctica que afectó principalmente a
mujeres indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad.
Es una tragedia que miles de indígenas y campesinas que acudieron a
los servicios de salud fueran esterilizadas sin haber sido informadas o
bajo fuertes presiones. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se
implementó un programa de planificación familiar que habría formado
parte de una política de control demográfico orientada a los sectores
más pobres. El personal médico habría estado presionado a cumplir con
cierto número de esterilizaciones y muchas de estas mujeres y sus
familiares fueron amenazados con multas, prisión o con el retiro del
apoyo alimentario del Estado si no se sometían a estas operaciones.
Además, muchas no habrían recibido el cuidado postoperatorio necesario y
sufrieron como consecuencia problemas de salud y 18 de ellas perdieron
la vida.
Es lamentable que con esta deplorable decisión se hayan cerrado más
las posibilidades de justicia para estas mujeres y para la sociedad
peruana en su conjunto. Ya en 2002 una Comisión del Congreso de la
República estableció que se realizaron esterilizaciones “sin el
consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión
o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”. Además
determinó que hubo injerencia del Ejecutivo para la aplicación
compulsiva de esterilizaciones. En base a estas conclusiones se
decidieron formular denuncias penales contra varios miembros del
ejecutivo, incluido el entonces Presidente, los entonces ministros y
viceministro de salud y varios asesores del ministerio de salud.
La investigación fiscal sobre el uso de esterilizaciones forzadas
comenzó en 2004 y fue inicialmente archivada en 2009. En octubre de 2011
fue reabierta de nuevo, pero las organizaciones que representan a las
víctimas manifestaron en varias ocasiones sus preocupaciones sobre la
inacción y la falta de recursos destinados a esclarecer los hechos y
depurar todas las responsabilidades.
Para Amnistía Internacional es lamentable ver que después de tan
larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar formalmente
al personal médico que habría estado implicado en sólo uno de los casos,
sin esclarecer todas las responsabilidades y a todos los niveles, no
sólo en éste, sino en los más de 2.000 casos que estaban siendo
investigados.
En 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación determinó que
las personas más afectadas por los abusos de derechos humanos fueron
aquellos que pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad,
entre ellos las mujeres indígenas y campesinas; y concluyó que sólo
cuando se garantice los derechos de todos y todas en el Perú, sin
discriminación, se podrá abrir el camino hacia un país donde los
horrores del pasado no puedan ser repetidos.
Es urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante
decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos sexuales y reproductivos, así como que se garantice el derecho a
la verdad, la justicia y la reparación para todas estas mujeres y sus
familiares. El Estado debe asimismo mandar una señal clara de que esta
discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente
inaceptable.
Enlace AI
![Este 14 de febrero tú también ponte de pie contra la violencia de género a las 6:00 pm en la Plaza San Martín.
¡Amnistía Internacional también se suma a la campaña @[231198657013155:274:Un Billón de Pie - Perú]!](https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/s851x315/1604754_10152257438303410_69008458_n.jpg)
