Hay que abordar la violencia endémica contra las mujeres, pero la pena de muerte no es la respuesta

Por Ananth Guruswamy, director de Amnistía Internacional en India

El trágico suceso de la joven de 23 años que el 16 de diciembre de 2012 fue brutalmente agredida, violada y abandonada a su suerte por seis hombres en Delhi ha puesto de relieve la intolerable realidad a la que se enfrentan millones de mujeres y niñas en India. La violencia contra la mujer es endémica en el país: según datos oficiales, en 2011 se denunciaron más de 220.000 casos de delitos de violencia contra mujeres, cifra que probablemente sea mucho más elevada en la actualidad.

De haber algo positivo en esta terrible tragedia, serían las protestas generalizadas de la sociedad en India. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil en Delhi ha pasado a aglutinar a ciudadanas y ciudadanos indios de todo tipo y de todas las ideologías políticas. Decenas de miles de personas han tomado las calles con el rotundo mensaje de que las cosas deben cambiar y que las mujeres y niñas tienen que empezar a vivir sin miedo. Pero entre las muchas peticiones razonables y constructivas que se están elevando a las autoridades para poner fin a esta situación hay, desafortunadamente, un coro de voces cada vez mayor que reclama la pena capital para los seis presuntos responsables, o incluso la pena de muerte preceptiva para los casos de violencia sexual.

Está previsto que cinco de los seis sospechosos sean sometidos a juicio hoy en Delhi, mientras las autoridades investigan si el sexto presunto responsable es menor de 18 años y, por tanto, menor de edad. En principio, los cinco serán acusados de varios delitos, entre ellos el de asesinato, para el que las leyes indias prevén la pena de muerte.

El odio que sienten los ciudadanos es totalmente comprensible, como lo es el deseo de imponer leyes más estrictas para los delitos de violencia sexual con el fin de garantizar que lo ocurrido en diciembre en Delhi no vuelva a repetirse, pero recurrir a la pena capital solo serviría para prolongar la oleada de violencia.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de las circunstancias o la naturaleza del delito Se trata de la forma más extrema de pena cruel e inhumana, y la violación de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.

No hay indicios que sugieran que la amenaza de ejecución actúa como elemento disuasorio especial, de ahí que exista una clara tendencia global hacia la abolición de la pena capital. En la actualidad, ya son 140 los países del mundo abolicionistas en su legislación o en la práctica.

Durante al menos ocho años no se había llevado a cabo ninguna ejecución en India, hasta que el 21 de noviembre de 2012 fue ahorcado Ajmal Kasab, único terrorista superviviente de los atentados cometidos en Mumbai en noviembre de 2008. La muerte de Kasab supuso un retroceso importante para el país en materia de pena de muerte, pues India se unía así a la minoría de países que siguen realizando ejecuciones.

Con cientos de presos condenados a muerte en India, nos encontramos ante un momento clave para el país y para la aplicación de la pena de muerte. Las autoridades indias no deben permitir que la ejecución de Kasab y la atroz violación de Delhi den lugar a que se reanuden las ejecuciones a mayor escala.

Lo que India necesita ahora no es venganza, sino poner fin a los numerosos problemas que hacen que se perpetúe la violencia endémica contra mujeres y niñas en el país. Tienen que reformarse las leyes y el sistema de justicia, y debe modificarse la definición de violación, que actualmente resulta inaceptable.

También deben tomarse medidas frente a las cifras lamentablemente bajas de condenas por este tipo de delitos, lo que únicamente prolonga el actual clima de impunidad que se vive en el país. Sin embargo, la imposición de la pena de muerte por casos de agresión sexual probablemente solo empeoraría la situación, ya que los jueces vacilarían ante la aplicación de penas tan extremas y los procesos legales se alargarían y serían más complejos.

La policía india tiene que estar mejor preparada para atender a las supervivientes de violencia sexual, y es necesario que se desarrollen programas de apoyo a las víctimas. Muchas mujeres y niñas se muestran reacias a denunciar delitos por miedo a ser humilladas y a recibir un trato degradante por parte de la policía, o por temor al estigma social generalizado que sufren como consecuencia de ello. Asimismo, todavía existen graves carencias sistemáticas en el sistema de justicia indio, lo cual plantea dudas sobre su eficiencia.

El simple hecho de plantear métodos de castigo antes de que se hayan resuelto estos problemas significa adelantarse peligrosamente a los acontecimientos. Son muchos quienes comparten esta reflexión, incluida Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha pedido reformas legales y prudencia frente al uso de la pena de muerte.

En 2012, Afganistán y Pakistán reanudaron las ejecuciones después de moratorias relativamente largas, por lo que ahora India tiene la oportunidad de demostrar su auténtico liderazgo en la región en un asunto clave en materia de derechos humanos. Sin duda, las mujeres y niñas en India merecen una protección legal mucho mejor, pero la solución no es la pena de muerte.

Nueva Delhi, 04 de enero de 2013

No permitamos más intimidación contra defensores y defensoras de DDHH en Perú ¡Firma la acción!

Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín

La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, abogada y defensora de los derechos humanos, ha sido asaltada dos veces en tres semanas. Otros miembros de la organización para la que trabaja en Perú han sufrido también intimidación en el último mes.

La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, que trabaja para el Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), fue asaltada por primera vez el 24 de noviembre. Los asaltantes no se llevaron nada de valor, pero dejaron las puertas abiertas de par en par. La casa fue asaltada por segunda vez el 15 de diciembre, mientras la hija de Mirtha Vásquez y la persona que cuida a la niña estaban de paseo. Los asaltantes rompieron una cristalera, pero no se llevaron ningún objeto de valor. El 8 de noviembre, la casa de la secretaria de GRUFIDES, Ivett Sánchez, también fue asaltada. El 14 de diciembre, el automóvil de Sergio Sánchez, asesor que trabaja para la misma organización ecologista, fue objeto de vandalismo. Todos estos incidentes tuvieron lugar cuando las personas en cuestión estaban ausentes, lo que sugiere que pueden estar siendo sometidas a vigilancia.

Estos incidentes se produjeron poco antes de la fecha prevista para el inicio de la investigación oficial sobre la tortura del padre Marco Arana. El padre Marco Arana, también defensor de los derechos humanos en GRUFIDES, fue detenido y golpeado por agentes de policía el 4 de julio, cuando protestaba pacíficamente contra el proyecto Conga de minería de oro en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. GRUFIDES ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina y que temen el impacto medioambiental que puede tener la expansión del proyecto. El padre Marco Arana quedó en libertad condicional al día siguiente de su detención. En julio presentó una denuncia por tortura y abuso de autoridad contra los policías responsables. En agosto, un tribunal regional resolvió a favor de un recurso de hábeas corpus presentado en su favor que afirmaba que su detención había sido ilegal y arbitraria.

Ingresa a este enlace y firma la acción:

http://www.amnistia.org.pe/2012/12/20/intimidacion-contra-defensores-ddhh-peru/

DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la Organización, acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.

Tres años después, en la Declaración Universal de los Derechos del Humanos, la Asamblea General exprimió que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana "son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo". En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)). 

Con el Día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran. 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones.

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. 

Iguales y no discriminatorios

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

América: Defensoras y defensores de derechos humanos sufren cada vez más ataques

Nuevo informe de Amnistía Internacional

En toda América, durante este año 2012, las defensoras y los defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, que se basa en unos 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en una decena de países, ocurridos principalmente entre enero de 2010 y septiembre de 2012.

“En casi todos los países de América se somete sistemáticamente a defensoras y defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas”, señala Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en América.

En todo el continente americano, las defensoras y los defensores han sido acusados de ser delincuentes, corruptos, mentirosos, buscapleitos o subversivos, de defender a delincuentes y de apoyar a grupos armados. Estas críticas públicas han sido proferidas tanto por funcionarios del gobierno como por actores no estatales. “Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos están también en la mira cuando intereses económicos y políticos muy poderosos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias.

De hecho, el informe resalta el caso del padre Marco Arana en Perú, defensor de derechos humanos, quien sufre desde hace años una campaña de intimidación y hostigamiento. Él es conocido por criticar abiertamente el impacto de los proyectos mineros en los medios de subsistencia y los derechos humanos de las comunidades del departamento de Cajamarca en Perú. El padre Arana es miembro del Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), ONG con sede en Cajamarca. Esta organización ha estado apoyando activamente a las comunidades que se oponen a la expansión del proyecto de extracción de oro de Yanacocha, consorcio administrado por la empresa estadounidense Newport Mining Corporation.

El 4 de julio de 2012, el padre Arana fue detenido por unos agentes de policía cuando protestaba en una plaza pública contra el proyecto Conga. Se quejó de haber sufrido malos tratos mientras estaba bajo custodia policial. El padre Arana fue acusado de “disturbios” y “resistencia a la autoridad”. En el momento de ser detenido, el padre Arana llevaba un letrero que ponía: “Agua sí, oro no. No más abusos”, y estaba concediendo entrevistas a periodistas. Las autoridades argumentaron que en aquel momento estaba en vigor en Cajamarca el estado de emergencia, que restringía el derecho a la libertad de circulación y asociación. El padre Arana quedó en libertad condicional al día siguiente.

El 17 de agosto de 2012, la Corte Superior de Justicia falló a favor de la demanda de hábeas corpus interpuesta en nombre del padre Arana. La Corte determinó que la detención del padre Arana había sido ilegal y arbitraria y que, según las pruebas presentadas, se había efectuado “mediante el uso desproporcionado e inadecuado de la fuerza física por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú”. La Corte añadió que los malos tratos habían continuado bajo custodia policial y consideraba que había pruebas suficientes para abrir una investigación sobre la detención y los malos tratos infligidos al padre Arana. Pese a esta sentencia, en el momento de lanzarse el informe, el padre Arana seguía en espera de juicio. Por su parte, él ha presentado contra los agentes de policía que lo detuvieron una denuncia por detención ilegal y tortura.

Varios gobiernos de la región han lanzado procesos de consulta con las comunidades afectadas después de que ya se hubiesen adoptado las decisiones importantes, con lo que niegan a las personas el derecho a una consulta y participación significativas en el proceso de toma de decisiones. En estas circunstancias, muchas de las personas cuyos derechos humanos podrían verse afectados no tienen más forma de hacerse oír que emprender acciones y protestas públicas. Sin embargo, a menudo se responde con violencia a tales manifestaciones y se señala, persigue y ataca a las defensoras y los defensores de derechos humanos, con independencia de que hayan participado o no en las protestas.

De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.

Como en el caso de Marco Arana, casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.

Además de las personas que trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, suelen sufrir agresiones quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo. Se producen también muchos abusos contra las personas migrantes, contra quienes luchan contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros, y dirigentes sindicales.

En varios países de América, las defensoras de derechos humanos de las mujeres también han sufrido violaciones, amenazas de violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares

“Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques”, ha afirmado Nancy Tapias. “Los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección.”

Para mostrar los problemas que sufren los defensores de los derechos humanos en América, así como las medidas que se pueden tomar para protegerlos, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invitan al “Foro sobre Protección a los Defensores de los Derechos Humanos”, que se llevará a cabo el próximo martes 11 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Además de las intervenciones de diversos defensores de los derechos humanos del Perú, se contará con la presentación de Reynaldo Villalba, representante del Colectivo de Abogados José Alvaro Restrepo de Colombia, y de Daniel Joloy, Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido.

Los defensores de los derechos de las mujeres establecieron a partir de 1981 el 25 de noviembre como día contra la violencia. La fecha conmemora el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Se invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a que este día organicen actividades con el fin de promover la conciencia colectiva del problema. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también constituye el punto de partida de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

Conflicto Israel/Gaza: Amnistía Internacional pide embargo internacional de armas y envío inmediato de observadores

Ante la escalada del conflicto entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza, Amnistía Internacional ha pedido que se imponga un embargo internacional de armas y el envío inmediato de observadores internacionales.

Desde el 14 de noviembre han perdido la vida decenas de civiles en Gaza y tres civiles israelíes. Según la información recopilada por la ONU, las organizaciones locales de derechos humanos y Amnistía Internacional, ambas partes están cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario.

“Debe haber cuanto antes observadores internacionales sobre el terreno con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas tanto en Gaza como en Israel, para que evalúen con independencia e imparcialidad los abusos cometidos por ambas partes”, ha afirmado Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse con carácter urgente para imponer un embargo internacional de armas sobre Israel, Hamás y los grupos armados palestinos en Gaza.”

En tanto se impone el embargo, todos los Estados deben suspender de inmediato las transferencias de armas, municiones y material conexo a Israel, el gobierno de facto de Hamás y los grupos armados palestinos en Gaza.

Las fuerzas armadas israelíes informan de que han atacado más de 1.350 objetivos en la Franja de Gaza desde el 14 de noviembre. Las fuerzas armadas israelíes han disparado proyectiles de artillería contra zonas residenciales densamente pobladas, han atacado edificios gubernamentales y de medios de comunicación y han bombardeado las viviendas familiares de miembros de grupos armados palestinos, causando muertos y heridos entre la población civil palestina.

La tarde del lunes, Amnistía Internacional había recopilado los nombres de 66 civiles muertos en Gaza, entre ellos 9 mujeres y 17 menores de edad. El Centro Palestino de Derechos Humanos informó a mediodía del lunes de que 622 civiles en Gaza habían resultado heridos, muchos con carácter grave, incluidos 175 niños y 107 mujeres.

“El número de civiles muertos en Gaza suscita graves dudas en cuanto a la medida en que las fuerzas israelíes están cumpliendo con su obligación de proteger la vida de los civiles”, ha afirmado Ann Harrison. “Nos preocupa profundamente que algunos civiles hayan resultado muertos o heridos en Gaza como consecuencia de ataques indiscriminados o desproporcionados por parte de las fuerzas israelíes.”

Los grupos armados palestinos han disparado más de 1.100 cohetes sobre Israel desde el 14 de noviembre. La mayoría de esos cohetes no son dirigibles, y algunos se han disparado desde zonas civiles.

Según Magen David Adom, la sección israelí del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, estos ataques ilegítimos han causado la muerte a tres civiles israelíes y lesiones al menos a 51, graves en dos de los casos.

Algunos de los cohetes han caído en la propia Franja de Gaza, causando víctimas civiles.

“Los grupos armados palestinos están disparando cohetes que no se pueden dirigir contra objetivos militares. Su mismo uso pone en peligro la vida de civiles y vulnera el derecho internacional humanitario”, ha manifestado Ann Harrison. “Todos los miembros de la comunidad internacional deben pedir a ambas partes que consideren prioritaria la protección de la población civil y cumplan estrictamente el derecho internacional humanitario. El silencio de algunos Estados muy influyentes resulta ensordecedor.”

Amnistía Internacional ve asimismo con suma preocupación los informes según los cuales el brazo militar de Hamás ejecutó sumariamente a un presunto colaborador el 16 de noviembre en Gaza.

Los hospitales de Gaza tienen dificultades para hacer frente a la situación de emergencia, agravada por la escasez preexistente a causa del bloqueo israelí impuesto desde junio de 2007. Antes de los enfrentamientos actuales ya carecían del 40% de la lista de medicamentos esenciales, según la Organización Mundial de la Salud.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza por considerar que se trata de un castigo colectivo para sus 1,6 millones de habitantes, y ha pedido que se levante por completo.

No se han rendido cuentas por los crímenes de guerra que cometieron todas las partes enfrentadas en el conflicto de Gaza e Israel en 2008-2009, documentados por Amnistía Internacional y la misión de investigación de la ONU dirigida por el juez Richard Goldstone.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a la Asamblea General de la ONU que remita al Consejo de Seguridad el informe de la misión de investigación, conocido como Informe Goldstone, para que éste considere si se debe remitir la situación a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a fin de que investigue los crímenes de guerra cometidos por ambas partes.

Dicha investigación debe abarcar los crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes durante el conflicto de 2008-2009, en el que resultaron muertos alrededor de 1.400 palestinos, entre ellos 300 menores de edad y varios cientos de otros civiles indefensos. Tres civiles israelíes también resultaron muertos en el conflicto.

Tras el fin del conflicto de 2008-2009, Amnistía Internacional ha condenado que se sigan lanzando cohetes de efecto indiscriminado desde Gaza, así como los ataques militares israelíes contra Gaza que han causado muertos y heridos entre la población civil.

La ausencia de investigaciones imparciales y efectivas sobre los crímenes cometidos en el pasado hace temer que se repitan los patrones de abusos y que las víctimas de delitos cometidos en el conflicto actual no tengan acceso a justicia y reparación.

Guantánamo: 10 años de derechos pisoteados

Manifestación sobre Guantánamo frente a la Casa Blanca

© Scott Langley

“

Para todas las autoridades políticas y judiciales de Estados Unidos [...], la muerte de Adnan Latif debe poner de manifiesto [...] la urgente necesidad de cerrar Guantánamo y dar una solución a las detenciones conforme a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.

”

Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos

Mié, 31/10/2012

Musaab Omar al Madhwani 0ha pasado casi un tercio de su vida bajo custodia de Estados Unidos.

A sus 32 años, el ciudadano yemení lleva más de 10 recluido en el centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.

La historia comenzó el 11 de septiembre de 2002, cuando las fuerzas de seguridad paquistaníes lo detuvieron en un apartamento de Karachi.

Según contó posteriormente, lo ataron, le vendaron los ojos, lo golpearon con un fusil y lo amenazaron de muerte.

Unos cinco días después lo entregaron a las fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron en avión a Afganistán; allí pasó en torno a un mes en un centro secreto gestionado por Estados Unidos, situado en Kabul o en sus proximidades.

Según cuenta, durante ese tiempo sufrió tortura y otros malos tratos, como privación del sueño, posturas forzadas y duchas de agua fría.

A finales de octubre de 2002, Musaab Omar Al Madhwani fue enviado a Guantánamo, tras pasar otros cinco días detenido ilegalmente en la base aérea estadounidense de Bagram y sufrir nuevos abusos.

Limbo jurídico
Pasaron dos años más hasta que tuvo acceso a un abogado, y casi seis hasta que la Corte Suprema de Justicia estadounidense resolvió que él y otras personas recluidas en Guantánamo tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Finalmente, la petición de habeas corpus de Musaab Al Madhwani se estudió en 2010.

Han pasado más de 10 años desde que quedó bajo custodia, y Estados Unidos, que no lo ha acusado de ningún delito, alega que tiene derecho a mantenerlo recluido indefinidamente en nombre de su “guerra” global contra Al Qaeda y sus grupos afines.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Musaab Al Madhwani viajó a Afganistán en 2001 para recibir entrenamiento con armas de fuego en un campamento de Al Qaeda, en donde afirman que se alió con miembros de la organización.

En 2010, el juez de la Corte Federal de Primera Instancia encargado de estudiar la petición de Musaab al Madhwani que impugnaba la legalidad de su detención otorgó al gobierno el beneficio de la duda. Este juez federal, que describió su fallo como “una causa sumamente hermética”, concluyó que Musaab al Madhwani era “como mucho, una figura menor en Al Qaeda” que al parecer “nunca finalizó su adiestramiento en el manejo de armas”, “nunca disparó un arma en una batalla”, y nunca “planificó conspiraciones terroristas, participó en ellas o siquiera tuvo conocimiento sobre ellas”. En mayo de 2011, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo.

El juez de la Corte Federal de Primera Instancia consideró que las denuncias de abusos sufridos por Musaab al Madhwani durante su detención e interrogatorio en Afganistán eran “creíbles”. Sin embargo, según parece, los indicios de que fue víctima de desaparición forzada y tortura mientras estuvo bajo custodia estadounidense antes de su traslado a Guantánamo, crímenes recogidos en el derecho internacional, no han dado lugar a una investigación criminal, lo que supone el incumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas por Estados Unidos en el ámbito internacional.

La punta del iceberg
La historia de Musaab al Madhwani ilustra las injusticias cometidas en el marco de la guerra global de Estados Unidos y lo destructivo que sigue siendo ese marco para los principios de los derechos humanos.

Más de 150 hombres siguen recluidos en Guantánamo. Muchos han afirmado que sufrieron tortura y otros malos tratos bajo custodia estadounidense. La rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos ha sido escasa, y el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas adoptadas por ex detenidos para obtener un resarcimiento por estas violaciones de derechos humanos.

De los 779 detenidos recluidos en la base de Guantánamo desde 2002, sólo uno ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado ante una corte federal ordinaria. Otros han sido enjuiciados ante comisiones militares, en procesos que incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales. Actualmente, el gobierno pide la pena de muerte para seis de los hombres sometidos a estos juicios, lo que supone una clara violación del derecho internacional.

En el caso de algunos detenidos, el gobierno estadounidense ha “autorizado el traslado” desde Guantánamo, pero no se les puede enviar de vuelta a sus países de origen porque allí sufrirían nuevos abusos. Sin embargo, dado que Estados Unidos se niega a permitir que los detenidos que quedan en libertad permanezcan en su territorio, continúan en Guantánamo hasta que se encuentre una solución enviándolos a un tercer país, algo que puede tardar años en ocurrir.

En septiembre de 2012, un suceso recordó la crueldad de este sistema de detención indefinida, al conocerse la noticia de que el yemení Adnan Farhan Abdul Latif se había convertido en el noveno interno del que se sabía que había muerto en Guantánamo. Llevaba más de 10 años recluido sin cargos ni juicio.

Según las autoridades militares estadounidenses, seis de las ocho muertes anteriores fueron suicidios y dos se produjeron por causas naturales.

Adnan Latif había llegado a Guantánamo en enero de 2002; en diciembre de 2001, la policía paquistaní lo había aprehendido cerca de la frontera de Pakistán con Afganistán y lo había puesto bajo custodia de Estados Unidos.

Llevaba recluido en la base naval desde entonces, a pesar de que su salud física y mental había sido motivo de considerable preocupación a lo largo de los años.

Un juez de una Corte Federal de Primera Instancia resolvió que su reclusión era ilegal y que debía quedar en libertad; cuando una Corte de Apelaciones de Estados Unidos anuló ese fallo, Adnan Latif dijo a su abogado:“Soy un preso condenado a muerte”.



El futuro de Guantánamo
La muerte de Adnan Latif debe constituir un claro mensaje sobre la ilegalidad del centro de detención.

“Para todas las autoridades políticas y judiciales de Estados Unidos, al margen de su ideología política o filosofía judicial, la muerte de Adnan Latif debe poner de manifiesto la crueldad del sistema de Guantánamo, su incompatibilidad con los principios y el derecho internacional de los derechos humanos, y la urgente necesidad de cerrar Guantánamo y dar una solución a las detenciones conforme a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

En su segundo día en el cargo, el presidente Obama se comprometió a que su gobierno cerraría el centro de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010 como muy tarde. Describió la prisión como “un experimento erróneo”, y añadió que “se mire por donde se mire, el coste de mantenerlo abierto es muy superior a las complicaciones que conlleva su cierre”. Han pasado más de dos años y medio y sigue abierto.

Las autoridades estadounidenses deben adoptar medidas urgentes para reparar estos 10 años de derechos pisoteados. Quienes siguen recluidos en Guantánamo deben ser sometidos a juicios con garantías ante tribunales ordinarios independientes, o deben quedar libertad; eso es parte de lo que los principios internacionales de derechos humanos exigen a Estados Unidos.