La reanudación de las ejecuciones es una vergonzosa maniobra política
Los
políticos deben dejar de presentar la pena de muerte como una solución
rápida para reducir los elevados índices de delincuencia y abordar los
problemas del sistema de justicia penal, ha afirmado Amnistía
Internacional.
“No
existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un
factor disuasorio especial. Los políticos deben mostrar liderazgo en
materia de seguridad pública y dedicarse a buscar soluciones eficaces
para detener a la delincuencia”, ha declarado Audrey Gaughran, directora
del Programa sobre Asuntos Temáticos Globales de Amnistía
Internacional.
En el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, un nuevo documento de Amnistía Internacional, titulado Not Making Us Safer, pone de relieve la ausencia de pruebas que respalden la afirmación de que la pena de muerte reduce los delitos graves.
Una
minoría de países ha reanudado o prevé reanudar las ejecuciones, a
menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o
en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces. El año pasado se
reanudaron las ejecuciones en India, Gambia, Indonesia, Kuwait, Nigeria,
Pakistán y, recientemente, Vietnam. A pesar de ello, los países que
llevan a cabo ejecuciones siguen siendo una pequeña minoría, pues 140
países han abolido la pena capital en la ley o en la práctica.
No existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia:
- en
India, el índice de asesinatos se ha reducido un 23 por ciento en los
últimos diez años, y no hubo ejecuciones entre 2004 y 2011;
- en Canadá, el índice de homicidios disminuyó en los años posteriores a la abolición de la pena de muerte en 1976;
- un
estudio reciente realizado en Trinidad y Tobago concluyó que no había
ninguna correlación entre ejecuciones, encarcelamiento y delincuencia.
“La
adopción de una postura política a favor de reanudar las ejecuciones
distrae la atención de las soluciones a largo plazo que abordan
efectivamente los problemas del sistema de justicia penal”, agregó
Audrey Gaughran.
Se
ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de
justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles
de empleo son clave para reducir los índices de delincuencia.
Los
políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de
muerte como justificación para su uso; sin embargo, las encuestas
tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública. Cuando se
tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la
parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte
disminuye.
“Las
víctimas de la delincuencia merecen justicia, pero la pena de muerte no
es la respuesta. Reanudar las ejecuciones para aparentar dureza frente a
la delincuencia es someter la vida de las personas a conveniencias
políticas”, afirmó Audrey Gaughran.
Amnistía
Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin
excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias
del delito; de la culpabilidad, inocencia u otras características de la
persona; y del método empleado por el Estado para realizar la ejecución.
La
pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y
degradante por excelencia.
