El nuevo Congreso de Perú ha aprobado una ley que, por primera vez, exigirá el consentimiento de la población indígena antes de permitir que se lleven a cabo proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales.
La ley de consulta con la población indígena, que fue aprobada por unanimidad el martes, obliga a que el gobierno consulte a las comunidades indígenas antes de que las empresas puedan comenzar proyectos como excavaciones mineras o petrolíferas, o la construcción de embalses. También deberá consultarse con la población indígena cualquier propuesta de ley que pueda afectar a sus derechos antes de que sea aprobada por el Congreso.
Destacadas organizaciones de pueblos indígenas han participado en las negociaciones de esta ley, y han estado luchando por su aprobación desde 2009. Aunque el año pasado el Congreso aprobó una versión consensuada del proyecto de ley, el ex presidente peruano Alan García la vetó.
“Esta ley, que respeta los principales acuerdos alcanzados con las organizaciones de pueblos indígenas durante la legislatura anterior, inicia un esperado nuevo capítulo en la relación de las comunidades indígenas con las autoridades peruanas”, ha expresado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Pedimos al gobierno del presidente Ollanta Humala que ofrezca su máximo apoyo a la puesta en marcha de la ley de consulta indígena, garantizando que los organismos de gobierno y sus políticas se creen de forma inmediata y se consulten previamente con las comunidades indígenas, para darles la oportunidad de influir en las decisiones que se tomen.”
La ley entrará en vigor cuando el presidente Humala la firme en las próximas dos semanas.
Con la nueva ley, los acuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno serán obligatorios. En aquellos casos en los que no se alcance un acuerdo, los organismos estatales deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Perú ha suscrito las normativas internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de la Corte Inter-americana, que exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para cualquier actividad que pueda tener un impacto significativo en sus tierras y recursos.
De acuerdo con el derecho internacional, el término “pueblos indígenas” incluye a todos los grupos que se identifiquen colectivamente a sí mismos como tales.
Los conflictos sociales han surgido cuando se han llevado a cabo proyectos de desarrollo sin el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas. El resultado ha sido un balance de numerosas muertes en Perú durante los últimos años.
En junio de 2009 murieron 10 habitantes de la zona y 23 agentes de policía durante los enfrentamientos que se produjeron cuando la policía irrumpió en una manifestación pacífica convocada por pueblos indígenas en Bagua, región amazónica del norte de Perú. Más de 200 personas resultaron heridas en el incidente, pero nunca se ha realizado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, y las personas responsables no han sido llevadas ante los tribunales.
“Pasar una apisonadora sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras personas afectadas por los proyectos de desarrollo rural no es la forma de alcanzar el desarrollo económico”, ha afirmado Susan Lee.
“En Perú y en toda América, los conflictos sociales agravados por el hecho de que se hace caso omiso a los derechos de los pueblos indígenas y por el rechazo a sus aportaciones han tenido como resultado numerosas violaciones de derechos humanos que podrían haberse evitado. Esperamos que esta ley abra las puertas hacia un camino de buena fe y diálogo intercultural, e instamos a otros países de la zona a que sigan este gran ejemplo.”
