Los
homicidios, las desapariciones forzadas, la reclusión ilegal y la
detención arbitraria de personas que critican al gobierno son prácticas
demasiado frecuentes en Chad, y deben cesar. Así lo ha manifestado
Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.
“Por todas
partes hay gente que muere bajo custodia, permanece recluida en régimen
de incomunicación y es detenida arbitrariamente, todo en nombre de la
‘protección de la seguridad nacional’”, ha manifestado Christian Mukosa,
investigador de Amnistía Internacional sobre Chad. “El gobierno hace
cuanto puede para silenciar a quien se atreve a criticarle.”
El informe, titulado Chad: In the name of security?
y hecho público hoy, da testimonio de la brutal manera en el gobierno
reprime toda forma de crítica, y de cómo restringe la libertad de
expresión en el país.
El régimen de Hissène Habré, que gobernó el
país en la década de 1980, fue tristemente famoso por sus tácticas
represivas para silenciar a quienes se le opusieran. El presidente
Idriss Deby Itno, a su llegada al poder en 1990, prometió poner fin a
las violaciones de derechos humanos, pero la situación sigue
deteriorándose.
En mayo de 2013 tuvo lugar un presunto intento de
golpe de Estado que fue reprimido; en aquella ocasión las fuerzas de
seguridad abrieron fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas
–según los informes, desarmadas– a las que creían implicadas. Sus
disparos mataron a entre tres y ocho personas.
A continuación, las
fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron a muchos de los heridos, a
los que negaron el acceso inmediato a tratamiento médico.
Tras el
intento de golpe, varios opositores políticos, entre ellos Mahamat
Saleh Makki, parlamentario y presidente del Partido Unidad y
Reconstrucción, fueron detenidos.
Posteriormente fueron acusados de “conspiración, amenaza al orden constitucional y complicidad en asesinato”.
Unos
30 continúan detenidos. Se desconoce el paradero de muchos de ellos,
pese a las reiteradas peticiones de información realizadas por sus
familias y por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía
Internacional.
Mahamat Saleh Makki estuvo detenido durante cuatro
meses, sólo se le permitió ver a su familia tres días después de la
detención, e inicialmente se le negó el acceso a un abogado.
“La
policía y las fuerzas de seguridad no muestran ningún respeto por los
derechos humanos, y gozan de una impunidad total”, ha manifestado
Christian Mukosa.
En 2008 se creó una Comisión Nacional de
Investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas
durante un ataque lanzado en febrero de 2008 por grupos armados de
oposición en la capital, Yamena, y después de dicho ataque.
El
informe de esta comisión concluyó que el gobierno de Chad era
responsable de la detención arbitraria, la reclusión ilegal y la
desaparición forzada de varias personas, entre ellas el líder opositor
Ibni Oumar Mahamat Saleh, cuyo paradero sigue sin conocerse a día de
hoy.
Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo
investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales
sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos, y que los
responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
La
organización pide asimismo que se ponga en libertad a todas las personas
detenidas sin cargos, a menos que sean acusadas sin demora de un delito
penal reconocible.
“A diario se cometen en Chad graves
violaciones de derechos humanos, en una situación de violaciones
sistemáticas que dura ya demasiado. Las autoridades chadianas están
violando su propia Constitución, así como el derecho nacional e
internacional. Los abusos que está cometiendo el gobierno deben cesar, y
los responsables deben ser procesados con urgencia”, ha manifestado
Christian Mukosa.
El 17 de octubre, Chad fue elegido miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos
años, a partir de enero de 2014. “Las autoridades chadianas deben
aprovechar esta oportunidad para mejorar la protección, la promoción y
el respeto por los derechos humanos en el país.”
