Las
autoridades peruanas deben realizar investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos
contra manifestantes y asegurar que las fuerzas policiales empleen
armas de fuego únicamente para proteger la vida, dijo hoy Amnistía
Internacional.
“El
creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación
de recursos naturales en Perú es sumamente preocupante,” dijo Nuria
García, investigadora sobre Perú de Amnistía Internacional. “Y aun más
preocupante ha sido la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las
manifestaciones que hasta ahora han dejado un saldo de 16 muertes
presuntamente por miembros de la policía.”
“Las
autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero
siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas
internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.”
“Del
mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y
asociación.”
El
20 de septiembre de 2012, Nemesio Poma Ascate de 55 años de edad, murió
tras recibir un disparo efectuado presuntamente por agentes de la
policía durante una protesta contra una empresa minera en Huaraz, en el
sur del país. Durante la protesta, al menos otros 10 manifestantes y 8
policías resultaron heridos.
Nemesio
Poma Ascate sería la decimosexta persona que pierde la vida durante
protestas desde que asumió la presidencia Ollanta Humala.
Miembros
de la comunidad de Mareniyoc en Huaraz habrían bloqueado la carretera
de acceso a la minera Barrick Misquichilca S.A. en protesta por la falta
de cumplimiento de su compromiso de dotarles de agua potable.
Para más información o para solicitar una entrevista, favor de contactar a:
Josefina Salomón
+44 7778 472 116
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