Con
el tema “La importancia del Comité de las Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada” concluyó la serie de cuatro conversatorios
organizada por Amnistía Internacional en el marco de su campaña “Abre
los Ojos por los Desaparecidos”, la cual busca que el Estado peruano
acepte las competencias de este Comité.
En
el evento, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, manifestó que la
Defensoría se mantendrá vigilante para que el Estado reconozca las
competencias del Comité; asimismo, resaltó la importancia de la
adecuación del tipo penal de desaparición a los estándares
internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda
de desaparecidos, por considerarlas medidas a las que un Estado debe
aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
Entre
los expositores estuvieron Roger Rodríguez, director de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia; Alberto Adrianzén, parlamentario
andino; y Gabriel Chávez Tafur, investigador del Instituto de Defensa
Legal, quienes expresaron, desde su ámbito de trabajo, la necesidad de
la aceptación por parte del Perú de las competencias del Comité contra
la Desaparición Forzada, como una política de protección y porque el
Estado peruano está en deuda con los miles de familiares de las personas
desaparecidas.
Durante
los cuatro días de exposiciones se trató sobre los diferentes ejes que
se interrelacionan en la búsqueda de las personas desaparecidas: la
investigación forense, la judicialización de los casos y el
acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.
Se
remarcó que en la búsqueda de los desaparecidos la investigación penal
demora y no permite la entrega de los restos mortales a sus familiares,
por lo que no pueden cerrar su duelo y siguen esperando (en algunos
casos han pasado tres décadas desde ocurrido el hecho). Asimismo, se
puso de manifiesto que la judicialización de los casos es lenta y no hay
sentencias, en tanto existe una fuerte carga procesal (de diverso tipo)
en las fiscalías a cargo de estos casos, lo que impide un avance
sustancial. Finalmente, se expuso la ausencia de acompañamiento
psicosocial a los familiares de las víctimas, salvo excepciones, durante
todo el proceso de búsqueda, a pesar de los esfuerzos realizados a la
fecha tanto por las organizaciones de la sociedad civil cuanto por el
Estado.