La
negativa de las autoridades españolas a abordar el legado de las
desapariciones cometidas durante la era franquista constituye una
traición a la justicia.
Las desapariciones forzadas son un delito de derecho internacional. España tiene el deber de investigar todos los casos de #DesapariciónForzada, independientemente de cuándo se cometieran, y procesar a los responsables.
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