A
cuatro años de los trágicos sucesos de Bagua, el Estado peruano
continúa sin garantizar los derechos de todas las víctimas y de sus
familiares a la verdad, la justicia y la reparación integral
Cuatro
años después de los fatales sucesos de Bagua, los familiares de las 33
personas que murieron, entre ellas 23 policías, y de un policía
desaparecido, siguen sin conocer la verdad ni recibir justicia. Como
consecuencia de lo sucedido aquel trágico 5 de junio de 2009 se
iniciaron cuatro procesos penales. Sin embargo, ninguno de ellos está
garantizando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus
familiares. Asimismo, el desequilibrio en las investigaciones que
Amnistía Internacional viene denunciando hace cuatro años, donde se
prioriza el proceso que llevaría a condenas por la muerte de policías y
no la de nativos, sigue vigente.
En
uno de los procesos penales iniciados, sobre los hechos en la “Curva
del Diablo”, 53 hombres han sido procesados, todos ellos jefes nativos,
miembros de comunidades nativas, autoridades locales y ex autoridades
locales y todos ellos acusados de la muerte de policías. En otro
proceso, el que se sigue por la desaparición del Mayor Bazán, tres
nativos están detenidos preventivamente. El proceso penal iniciado por la muerte de nativos no tiene procesados ni detenidos aún, como tampoco lo tiene el caso iniciado por los sucesos en la estación No. 6 de Petroperú (donde murieron 12 policías).
Amnistía
Internacional ha recibido información que indicaría que el único caso
que está avanzado, el del procesamiento contra 53 nativos por los
sucesos de la “Curva del Diablo”, presentaría graves falencias en la
investigación y en la acusación. Por ejemplo, según informes, las
pericias demuestran que algunos de los acusados no usaron armas de fuego
y sin embargo están procesados por haber matado a policías que
presentaban impactos de bala. Para otros acusados de haber instigado los
homicidios, no se habría presentado pruebas de que hayan dado tales
órdenes a sus compañeros. Para Santiago Manuín, un líder Awajún que
sobrevivió a heridas de bala en el estómago, el fiscal ha pedido cadena
perpetua. Según testigos presenciales con los que se entrevistó Amnistía
Internacional, Santiago Manuín no iba armado y tenía las manos en alto
cuando le dispararon. Asimismo, luego de cuatro años, el inicio del
juicio de los 53 procesados sigue dilatándose por discusiones de
jurisdicción.
Adicionalmente,
Asterio Pujupat Wachapea, Danny López Shawit y Feliciano Cahuasa Rolin,
los tres indígenas que fueron detenidos preventivamente acusados de la
desaparición del Mayor Bazán, siguen detenidos desde 2009 sin que se
haya dado inicio a su juicio.
En
este cuarto año de conmemoración, Amnistía Internacional hace un nuevo
llamado al Estado peruano a cumplir con su obligación de investigar con
prontitud, independencia e imparcialidad las violaciones a los derechos
humanos y juzgar a todos los responsables en tribunales independientes e
imparciales, con las garantías del debido proceso. Esto debe incluir la
revisión de las acusaciones y procesamientos para archivar aquellos que
no tengan pruebas y dirigir la investigación hacia el verdadero
esclarecimiento de los hechos. Asimismo, todos los familiares deben
recibir reparaciones adecuadas. Sólo estas medidas van a garantizar el
derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares y van
a funcionar como una garantía de no repetición.
El
Estado debe tomar, además, otras medidas que garanticen que hechos
similares no queden en la impunidad. Sin embargo, medidas como los
decretos legislativos No. 1094 y 1095, promulgados en 2010, parecerían
ir en sentido contrario. Estos decretos permiten el uso de tribunales
militares en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por los
militares, en contra del principio de independencia e imparcialidad de
los tribunales que deben juzgar violaciones a los derechos humanos. Otra
disposición que causa preocupación por el Decreto Ley 29986, que
permite a policías y militares mover cadáveres sin la presencia de un
fiscal en zonas donde se haya declarado un estado de emergencia. Dicha
facultad atenta contra los principios de obtención de la prueba para
asegurar que éstas no hayan sido alteradas y se pueda por ejemplo
determinar si hubo uso excesivo de la fuerza.
El
Estado debe tomar también medidas para evitar el uso indiscriminado y
desproporcionado de armas de fuego contra civiles y los malos tratos a
los manifestantes, como los que ocurrieron durante la operación policial
llevada a cabo el 5 de junio de 2009. Sin embargo, los decretos
legislativos No. 1094 y 1095 mencionados tampoco ayudan a crear las
condiciones apropiadas para que esto no vuelva a suceder, ya que
permiten la utilización de militares en contra de “grupos hostiles”, un
término mal definido y que podría ser malinterpretado hasta incluir
defensores y defensoras de derechos humanos y activistas que toman parte
en manifestaciones.
CONTEXTO
En
2009, cerca de la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas en el
norte de Perú, 33 personas (10 civiles y 23 policías) fueron asesinadas
y al menos 205 fueron heridas después de la intervención de la policía
para despejar un bloqueo organizado por las comunidades indígenas de esa
zona. Miles de indígenas estaban bloqueando pacíficamente una carretera
para protestar ante la promulgación de una serie de decretos
relacionados con el uso de la tierra y los recursos naturales que, según
ellos, afectaban sus derechos a sus tierras ancestrales y medios de
subsistencia.
Los
eventos sacudieron al país y llevaron a la promulgación la Ley de
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en 2011. A pesar de este paso
positivo y el reconocimiento de parte del Estado a que los pueblos
indígenas tienen el derecho a ser consultados y a dar su consentimiento
previo, libre e informado a proyectos que los afectan directamente, los
avances parecen haberse estancado. Los conflictos sobre el uso de
recursos naturales y grandes proyectos de desarrollo siguen brotando a
lo largo del país (no olvidamos que en 2012 hubo siete personas muertas a
mano de las fuerzas de seguridad en Espinar y Cajamarca) y la Ley de
Consulta Previa, aplaudida como un enorme paso adelante para los
derechos humanos en la región, sigue sin ser aplicada.
