Muertes de campesinos en Espinar:

Amnistía Internacional urge adecuar el uso de la fuerza policial a las normas internacionales.
Amnistía Internacional lamenta profundamente las muertes de dos campesinos en la provincia de Espinar (Cusco) ocurridas el 28 de mayo debido al uso de la fuerza por parte de la policía.
En los últimos meses, otras ocho personas han muerto por el uso de la fuerza policial en el marco de protestas sociales. El 3 de diciembre, se produjo en Cañete la muerte de Pierre Gonzales, el 14 de marzo fallecieron Carlos Lanci Yumbato, Julio Ticona Medina y Francisco Areque Jipa durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado. Dos semanas después, murieron en Sechura, Christian Alvarado Frías y Luis García Guerrero mientras la policía reprimía una protesta de pescadores. A fines de abril, fallecieron en Paita el pescador Robert Castillo Paúcar y el adolescente Carlos Alberto R.C. cuando la policía reprimía otra protesta de los pescadores. Además, muchas personas han quedado heridas debido a la represión policial, siendo el caso más grave el de Elmer Campos, campesino de Celendín que protestaba contra el proyecto Conga y ha quedado parapléjico.
Amnistía Internacional subraya las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo en su Informe 156, donde señala el elevado número de muertes producidas por la represión policial en los últimos años. La Defensoría del Pueblo recuerda que muchas víctimas de la intervención policial no tenían relación con las protestas. Esa misma fue la situación de Christian Alvarado en Sechura y del adolescente muerto en Paita.
Amnistía Internacional pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales que se vienen suscitando en diversas partes del país, instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida, como señalan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990.
Lima, 30 de mayo de 2012

Exijamos al Perú y a los gobiernos del mundo que controlen el comercio de armas

¿Sabías que cada minuto muere una persona víctima de un disparo? ¿O que el 48% de los homicidios en el Perú se cometen con armas de fuego? ¡Necesitamos tu firma! Cada año, en todo el mundo, cientos de miles de personas son asesinadas, heridas, violadas y obligadas a huir de sus hogares como resultado del comercio global de armas. En el mundo, existe regulación internacional para controlar el comercio de bananas y de huesos de dinosaurios, pero no existe ningún mecanismo para asegurar el control estricto del comercio internacional de armas convencionales. Los gobiernos de todo el mundo facilitan el comercio de armas, alimentando los conflictos y proporcionándolas donde éstas pueden ser utilizadas para cometer abusos y atrocidades. Esto no puede continuar. Es urgente contar con un Tratado global sobre el Comercio de Armas que regule este comercio. Y este tratado está muy cerca de ser una posibilidad real: el próximo mes de julio, todos los gobiernos del mundo –incluido el de Perú- se reunirán en las Naciones Unidas para redactar y aprobar el tratado. Amnistía Internacional pide que este Tratado sea realmente efectivo y que incluya una regla muy clara: si hay riesgo sustancial de que las armas se exporten a un país donde contribuirán a violaciones a los derechos humanos, la transferencia de armas debe prohibirse. ¡No más armas para cometer atrocidades! PARA LA BALA. Entérate más y actúa en: clic aquí

Amnistía Internacional pide poner fin a la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia Toda persona tiene una orientación sexual y una identidad de género. Cuando éstas no coinciden con las de la mayoría, se considera a menudo a la persona objetivo legítimo de discriminación o abuso. Toda persona debe poder disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo, millones de personas de todo el mundo se enfrentan a la ejecución, el encarcelamiento, la tortura, la violencia y la discriminación por su orientación sexual o identidad de género. La variedad de abusos es ilimitada. La discriminación arruina la vida de. En Perú, a pesar de algunas iniciativas desarrolladas por algunos gobiernos locales y congresistas, éstas no han prosperado y las políticas y prácticas actuales no son eficaces para combatir presuntos crímenes de odio u otras prácticas discriminatorias. La falta de pronunciamientos por parte de autoridades a favor de la no discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero agrava los estereotipos negativos que aparecen en los medios de comunicación— lo cual genera un ambiente de tolerancia a la homofobia y transfobia de los funcionarios públicos y sociedad en general. No es de extrañar que muchas personas oculten su orientación sexual o identidad de género a las personas para las que trabajan, a funcionarios públicos e incluso a sus familiares, por miedo a la violencia o a que los traten de forma negativa. Los crímenes violentos perpetrados contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero distan mucho de ser incidentes aislados, y se reciben informes frecuentes sobre ellos. No se dispone de ninguna estadística oficial pero, sólo en el último año, las asociaciones LGBT documentaron 14 asesinatos al parecer motivados por la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. Amnistía Internacional pide al Estado Peruano: - Impulsar medidas que exijan el respeto a la igualdad de derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género; - Garantizar que el Plan Nacional de Derechos Humanos contemple la igualdad de derechos de todas las personas; se elimine todo tipo de discriminación o prácticas que alienten al odio por orientación sexual o identidad de género; - Implementar medidas pedagógicas contra el bullying homofóbico en todos los colegios del Perú; - Promover, impulsar y ejecutar planes, proyectos y programas desde el Estado hacia una sociedad libre de violencia y que respete la diferencia e igualdad de derechos para todos y todas.

Amnistía Internacional destaca reconocimiento a “Mamá Angélica” y pide la ratificación de la Convención contra las Desapariciones Forzadas

La Sección Peruana de Amnistía Internacional desea destacar el reconocimiento que la Defensoría del Pueblo ha realizado a la señora Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como “Mamá Angélica”, incansable defensora de los derechos humanos. Como se sabe, el 2 de julio de 1983 el hijo de la señora Angélica, Arquímedes Ascarza, fue detenido en Ayacucho, cuando solo tenía 19 años por un comando de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, ella ha estado buscando a su hijo infructuosamente en cuarteles, prisiones y fosas comunes, enfrentando amenazas y también la indiferencia de muchas personas. El caso de Arquímedes Ascarza, fue uno de los millares que se produjeron en Ayacucho. Con otras señoras, cuyos esposos, padres o hijos habían desaparecido, la señora Angélica fundó la ANFASEP, Agrupación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, que logró que la OEA y la ONU enviaran misiones especiales a Ayacucho para constatar los terribles hechos que se producían. En los últimos años, a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se ha logrado ubicar diversas fosas comunes donde han sido encontrados los restos de los desaparecidos de Umasi y de Putis. Han sido ubicados también los restos de varias personas que fueron ejecutadas en el cuartel Los Cabitos. Sin embargo, los restos de Arquímedes Ascarza, como los de muchos otros peruanos siguen sin ser ubicados. La desaparición forzada es uno de los más graves crímenes contra la humanidad que alcanzó terribles dimensiones en el Perú, Argentina, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos hace algunas décadas. Actualmente, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional vienen promoviendo la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Urge que el Estado Peruano ratifique esta convención. Amnistía Internacional hace suyas las palabras de la Defensoría, que señala que otorga el premio a Mamá Angélica “por su lucha inquebrantable por los derechos a la verdad y justicia, que fue determinante para impulsar políticas vinculadas a la problemática de las personas desaparecidas en el periodo de violencia política en el país”. A los 84 años, la señora Angélica Mendoza es un ejemplo de compromiso con los derechos humanos y la desaparición de Arquímedes Ascarza nos recuerda todos los hechos de violencia ocurridos en nuestro país que se mantienen en la impunidad y nos convoca a sumar esfuerzos para que el Perú ratifique la Convención.

AMNISTÍA INTERNACIONAL llama a intensificar esfuerzos ante el cambio climático al celebrase el Día Internacional de la Tierra

En ocasión del Día Internacional de la Tierra, que se celebra el 22 de Abril, Amnistía Internacional pide a las autoridades estatales peruanas sumar acciones a favor de la defensa de los derechos humanos al agua y al saneamiento en contextos de vulnerabilidad del país ante el cambio climático de la Tierra.

“Aunque no es evidente que el cambio climático en sí mismo pueda ser calificado de violación de derechos humanos por diversas razones de índole conceptual, práctico y jurídico, afirmamos -en sintonía con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos- que la obligación de las autoridades estatales de cumplir con los derechos humanos constituye el marco de protección para las personas cuyos derechos se ven o podrían verse afectados por su particular vulnerabilidad ante el cambio climático de la Tierra o por las medidas adoptadas para responder ante el mismo” señaló Juan Carlos La Puente, director de Amnistía Internacional en Perú.

“Cobra urgencia y se hace imprescindible, dada la situación de vulnerabilidad del país ante el cambio climático, que las autoridades peruanas intensifiquen la protección y garantía necesaria a la disponibilidad de suministros suficientes, seguros y accesibles de agua” –agregó.

Amnistía Internacional destaca que factores no climáticos deben también ser considerados ante la amenaza del cambio climático: 1) el derecho a la libertad de información, por el cual el estado peruano debe promover y facilitar la libre circulación de información sobre el cambio climático y las medidas adoptadas para paliar sus efectos; 2) el derecho a la participación activa; y 3) el derecho a la libertad de expresión en torno a las medidas adoptadas o no por el gobierno con relación al cambio climático.

El Día Internacional de la Tierra es una oportunidad para renovar los esfuerzos de las autoridades estatales y sociedad en general junto con los esfuerzos de la cooperación internacional para promover e implementar medidas para paliar los efectos del cambio climático y su amenaza para la realización de los derechos humanos.

VI CUMBRE DE LAS AMERICAS

Amnistía Internacional pide a los jefes de Estado del continente americano a redoblar su compromiso con los derechos humanos durante la VI Cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar el 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Para lograr una prosperidad real y sustentable es condición indispensable el total respeto a los derechos humanos de todas y todos a nivel regional.

En la región más desigual del mundo, individuos, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas continúan exigiendo respeto a sus derechos y muchas veces estas acciones los ponen en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos. Por este motivo, Amnistía señala como temas imprescindibles para la VI Cumbre de las Américas los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, la lucha por la justicia y la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

La VI Cumbre de las Américas tendrá lugar en vísperas de la emisión de importantes decisiones del SIDH en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, comunidades indígenas de Ecuador y Canadá han recurrido al SIDH ante la falta de respuesta adecuada por parte de sus Estados. Las resoluciones del SIDH sobre estos casos pueden fortalecer la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, al acceso a la justicia y a la reparación. El respeto de los derechos humanos que el SIDH protege y el fortalecimiento del Sistema mismo son fundamentales para avanzar hacia la prosperidad de las Américas, para que la sociedad civil en su totalidad reclame y defina cuál es la prosperidad que se quiere y para asegurar que este reclamo no se utilice para la consolidación de mayores desigualdades en la región.

Amnistía, además, declara que no obstante algunos avances en materia de legislación y mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, es necesario seguir avanzando hacia la equidad de género y la lucha contra todo tipo de discriminación. En este sentido, son una prioridad impostergable los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las Américas, como por ejemplo la imperante necesidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación tal como ha sido establecido en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos.

Asimismo se siguen documentando amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y la consolidación o preservación de mecanismos de impunidad. Esto está así reflejado en el reciente informe de la CIDH, en el cual se recogen temas de especial preocupación sobre la situación de quienes defienden los derechos humanos en el hemisferio y se reafirman y avanzan estándares para su protección integral. Los jefes de los Estados americanos son llamados a fortalecer o crear mecanismos nacionales para la protección pronta y efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos cuya vida o integridad están en peligro.

Considerando que miles de víctimas y familiares han visto en el SIDH la única posibilidad de proteger sus derechos y obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno, proteger la integridad e independencia del Sistema Interamericano es una condición indispensable para que la “prosperidad” y el goce efectivo de los derechos de todas las personas en el hemisferio sea una realidad sin exclusiones o discriminaciones.

Teniendo en cuenta que el lema de la Cumbre es “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, Amnistía Internacional recuerda a los jefes de Estado que una prosperidad real, sustentable y sin discriminación sólo puede ser alcanzada a partir del total respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del continente.

20 AÑOS DEL AUTOGOLPE DE FUJIMORI

Amnistía Internacional recuerda hoy el autogolpe que hace 20 años Alberto Fujimori diera en el Perú, suspendiendo el precepto constitucional y nombrando un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

El ex presidente anunció también una reforma profunda del poder judicial, el Ministerio Público, el Congreso y la Constitución. Las funciones del poder judicial y del Ministerio Público quedaron en suspenso durante cuatro semanas, en el transcurso de las cuales no se pudieron presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ni peticiones de hábeas corpus. La disolución del Congreso significó que varias comisiones que investigaban las violaciones de derechos humanos y la violencia política se vieron obligadas a abandonar su trabajo. Desde aquel momento, el ex presidente Fujimori y su Consejo de Ministros gobernaron el país por decreto ley. Entre los decretos emitidos en abril se encontraba la destitución del fiscal de la Nación, de 13 vocales de la Corte Suprema y de más de 130 jueces y fiscales; todos ellos fueron reemplazados por personas designadas por el ejecutivo.

Amnistía Internacional apoyó la delicada y compleja tarea asignada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos a partir del año 1980 al año 2000, periodo que abarca también el autogolpe y sus consecuencias en torno a los derechos humanos.

En enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta en el 2009 al ex presidente Fujimori a 25 años de cárcel por violaciones graves de derechos humanos.

Hoy 5 de abril, Amnistía Internacional quiere recordar que el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos son base fundamental para la institucionalidad y buen gobierno en Perú, y que las recomendaciones de la CVR urgen de su implementación.