miércoles, 13 de marzo de 2013

De los "Días de ira" a un conflicto feroz: dos años tumultuosos en Siria

En ningún lugar como en Siria ha sido tan alto el costo humano de los levantamientos de la "Primavera Árabe". Dos años después de que se produjesen las primeras revueltas en Siria, hemos hablado sobre la situación del conflicto con Cilina Nasser, investigadora de Amnistía Internacional, y con Donatella Rovera, asesora general sobre situaciones de crisis.

Entusiasmados por la caída de los gobiernos represivos de Túnez y Egipto, los activistas de la oposición siria llevaron a cabo sus primeras actividades a principios de 2011. A estas revueltas le salieron alas —en los medios de comunicación sociales y en las calles— y en marzo de ese año se crearon los Comités Locales de Coordinación, que organizaron protestas locales y compartieron información con otros activistas y medios de comunicación, a nivel nacional y en el extranjero.

Derribar muros

Apenas unos meses antes hubiera sido imposible llevar a cabo ese tipo de actividades en el país. "Toda persona que hiciese algo, incluso a pequeña escala, corría el riesgo de desaparecer", señala Cilina Nasser, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria.

Las filas de los activistas partidarios de la reforma continuaron aumentando, y empezaron a aflorar las protestas públicas conocidas como "Días de ira". Muchos de los manifestantes ni siquiera se conocían entre sí, habían establecido contacto a través de las redes sociales y se citaban en mezquitas, los únicos lugares en los que podían reunirse en grupos.

El 18 de marzo de 2011, unas 30 personas se congregaron en una mezquita de Homs, ciudad ubicada 150 kilómetros al norte de la capital, Damasco. Cuando terminaron las oraciones del viernes y los fieles comenzaban a marcharse, lo hicieron clamando por "Alá, por Siria y la libertad".

Las personas que había por el lugar quedaron sorprendidas y estupefactas. Muchas de ellas jamás habían visto una protesta, ni mucho menos habían participado en una. Otras consiguieron hacer retroceder a las fuerzas de seguridad, lo que permitió a los manifestantes huir antes de ser aprehendidos.

Pintas en las paredes

El 17 de abril de 2011 —Día de la Independencia de Siria— otra sentada de protesta en Homs atrajo a una multitud aún mayor. Los manifestantes estaban desarmados, pero su actitud era más desafiante, y comenzaron a clamar por la "caída del régimen" del presidente Bachar al Asad. Esa tarde, según informes, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra quienes se manifestaban en Homs, y mataron a nueve personas.

Esta empezó a ser la pauta. Una de las consignas de los manifestantes de Homs fue la solidaridad con los habitantes de Deraa, en el sur, cuyas revueltas empezaron porque las fuerzas de seguridad, según informes, habían detenido y torturado a niños por escribir en las paredes consignas contra el gobierno.

Hacer llegar el mensaje

Escenas como estas se repitieron en toda Siria a mediados de 2011. El país todavía estaba prácticamente cerrado a los periodistas extranjeros y organizaciones internacionales de derechos humanos. "No tener acceso al país hacía muy difícil nuestra labor, porque no conocíamos los planes de los activistas con los que estábamos hablando", señala Cilina.
Era preciso contrastar todos los indicios o información que recibía Amnistía Internacional, lo que constituía una tarea cada vez más difícil y laboriosa. "Estuve en el norte de Líbano en mayo y junio de 2011 para trabajar en un informe. Los relatos de testigos más creíbles se corroboraban entre sí, pero había también rumores e información inexacta. Teníamos que distinguir con cuidado entre lo que estaba sustentado por pruebas y lo que no."

Después de contrastar rigurosamente la información, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que en Siria se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Formulamos enérgicos llamamientos a la comunidad internacional para que tomase medidas que pusieran fin a los abusos. Además, en repetidas ocasiones, solicitamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que remitiese la situación a la Corte Penal Internacional (CPI), para garantizar que se investigase y procesase a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y, si procediese, de crímenes de guerra.

Conflicto a gran escala

Ante el creciente uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad sirias contra manifestantes que en su mayoría eran pacíficos, surgió una oposición armada. Desde finales de 2011, algunos opositores al gobierno empezaron, crecientemente, a vengar los homicidios y a llevar a cabo ataques armados contra las fuerzas gubernamentales.

A medida que los grupos de la oposición se iban haciendo con el control de barrios de las grandes ciudades y de zonas rurales, sus ataques se volvían más osados. Las fuerzas gubernamentales respondieron con un grado de represión notablemente más amplio y violento, e incluso empezaron a utilizar armamento pesado y artillería en ataques a gran escala contra las zonas controladas por la oposición.

En abril de 2012, la asesora general sobre situaciones de crisis, Donatella Rovera, logró entrar en Siria para investigar las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en el norte. Desde entonces, ha regresado en varias ocasiones. Según cuenta Donatella: "Las fuerzas gubernamentales todavía controlaban las ciudades y carreteras, mientras que los grupos armados de la oposición tenían el control de facto de muchos pueblos y carreteras secundarias. Las fuerzas gubernamentales tenían un poder de ataque abrumadoramente superior, pero no podían entrar al mismo tiempo en varias zonas dominadas por la oposición. Lanzaban ataques cortos, repetidos, muy intensos y atroces contra algunas localidades y luego se desplazaban para atacar otras zonas."

Los grupos armados de la oposición aprendieron rápidamente a "esquivar" a las fuerzas gubernamentales. Estas incursiones de castigo se prolongaron durante meses, con consecuencias devastadoras para la población civil. Cuando los soldados no encontraban a sus esquivos oponentes armados, castigaban a los habitantes del lugar. Eran generalizadas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y desapariciones. Los soldados también destruían deliberadamente viviendas y propiedades. Donatella precisa, "en todos y cada uno de los pueblos encontré casas y tiendas incendiadas por los soldados”.

Conforme aumentaba la frecuencia de los enfrentamientos armados en muchas zonas, las protestas pacíficas continuaban en otros lugares. Según Donatella, "a finales de mayo de 2012, en Alepo, la ciudad más grande de Siria, veía todos los días a fuerzas gubernamentales y a milicias paramilitares de la Shabiha disparar con munición real a manifestantes pacíficos, matando e hiriendo por igual a manifestantes y transeúntes. A los activistas de la ciudad también se los detenía y torturaba, a veces hasta que morían, o se los hacía desaparecer."  

Muerte en el aire

El ejército sirio comenzó entonces, en agosto, una campaña de bombardeo aéreo implacable que todavía continúa. Ni siquiera están a salvo las zonas residenciales densamente pobladas. Calles, barrios enteros, han quedado arrasados.
Esta práctica ha aumentado drásticamente el número de civiles muertos, heridos y desplazados. "De repente quedaron vacías ciudades y pueblos donde las personas desplazadas habían buscado refugio", cuenta Donatella. Cientos de miles de personas huyeron a los campamentos de refugiados ya rebosantes de países vecinos como Líbano, Turquía y Jordania. Y son muchas más las desplazadas dentro de Siria.

Frecuentemente, los ataques aéreos se han lanzado contra grupos numerosos de civiles —especialmente las colas que se organizaban para conseguir pan, dada la escasez en el suministro de alimentos—, o contra personas congregadas cerca de hospitales. Según cuenta Donatella, el hospital de Shifa, en Alepo, fue bombardeado repetidamente hasta que quedó inutilizado.

La falta de acceso a la atención médica ha sido un problema grave a lo largo de todo el conflicto de Siria. Según el relato de Donatella, las fuerzas de seguridad detienen y con frecuencia torturan a toda persona que puede haber sido tratada por heridas de bala, acusándola de ser "terrorista". El régimen utiliza ese término indistintamente tanto para los manifestantes pacíficos como para la oposición armada.

El miedo a esas represalias ha hecho que muchas personas recurran a hospitales de campaña improvisados o a unidades médicas móviles creadas por activistas de la oposición. El personal médico y de enfermería, y los estudiantes de medicina arriesgan la vidas para salvar a otras personas. Muchos han sido arrestados y torturados, y a algunos los han matado.

Donatella también ha documentado en varias zonas el uso de bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente. Esta práctica aumentó drásticamente a finales de 2012 y ahora grandes extensiones de Siria están plagadas de artefactos sin detonar, lo que se convertirá en un legado mortal durante muchos años. 

Todos los bandos cometen abusos

Con la persistencia del conflicto en toda su ferocidad, las fuerzas gubernamentales y las milicias paramilitares de Siria (armadas por el Estado) han dejado de ejercer el monopolio absoluto de las violaciones de los derechos humanos.

Los grupos armados de la oposición también han cometido graves abusos, como la ejecución sumaria y la tortura de miembros de las fuerzas de seguridad, de la milicia y de presuntos informantes capturados. Amnistía Internacional sigue documentando los posibles crímenes de guerra cometidos por todas las partes.

"Los civiles son, sin duda, los que pagan el precio más alto. Pierden la vida, la familia, brazos, piernas, hogares, negocios y propiedades", señala Donatella. "No se alcanza a ver el fin de la violencia, y las tensiones sectarias, étnicas, ideológicas y religiosas se están arraigando aún más. En este ambiente, las violaciones de los derechos humanos son cada vez más frecuentes."

Las personas con las que Donatella ha hablado en Siria no dejan de mostrar su perplejidad por la falta de una actuación concertada de la comunidad internacional para frenar las violaciones, sobre todo en comparación con su rápida respuesta a otras situaciones similares. La situación de los derechos humanos en Libia se remitió a la CPI en un plazo de dos semanas desde que tuvieron lugar las primeras manifestaciones de protesta en febrero de 2011. Sin embargo, en Siria, después de dos años de homicidios diarios y un sinnúmero de otros abusos, la comunidad internacional todavía no ha decidido remitir la situación del país a la CPI.

Amnistía Internacional sigue presionando en ese sentido y para que se ponga fin de inmediato a la pauta de violaciones de los derechos humanos que se cometen en todo el país.

"Por eso estamos ejerciendo presión sobre el gobierno sirio y pidiendo a los Estados influyentes que hagan lo mismo y se consiga que cesen esas terribles violaciones; por eso hacemos también llamamientos a quienes tienen influencia sobre los grupos armados y se acabe con los abusos", señala Cilina.

Mientras el conflicto continúa con ferocidad en Siria, la inacción de la comunidad internacional transmite el lamentable mensaje de que no es prioritaria la rendición de cuentas por la comisión de crímenes de guerra. Y este es un discurso muy peligroso. Amnistía Internacional continuará presionando para que se acometa una acción concreta a escala internacional encaminada a frenar esas violaciones sobre el terreno y a hacer que los responsables rindan cuentas.

martes, 12 de marzo de 2013

Amnistía Internacional insta a potencias mundiales a apoyar un Tratado sobre Comercio de Armas sólido


Las armas que suministran las principales potencias del mundo figuran entre las que contribuyen a que se pierdan cientos de miles de vidas y se arruine el sustento de millones de personas todos los años, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo documento publicado sólo unos días antes de que den comienzo en las Naciones Unidas las negociaciones finales para la elaboración de un Tratado sobre el Comercio de Armas mundial.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia– son responsables de más de la mitad del comercio mundial de armas convencionales, cuyo valor total anual es de casi 100.000 millones de dólares estadounidenses.

Estos mismos cinco Estados serán fundamentales a la hora de conseguir la elaboración de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo y con firmes garantías de protección de los derechos humanos en la conferencia que va a celebrarse en la ONU del 18 al 28 de marzo.

Durante toda esta semana previa a tan histórica reunión, los activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional están celebrando una “Semana Mundial de Acción” para pedir a los líderes mundiales que aprueben un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo y con firmes garantías de protección de los derechos humanos.

“Es evidente que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son responsables de la mayor parte de las operaciones transfronterizas de comercio de armas, así que les corresponde hacer colectivamente el máximo esfuerzo por poner bajo control el mal regulado comercio mundial de armas”, ha señalado Helen Hughes, investigadora de Amnistía Internacional sobre las transferencias de armas.

“Nuestras investigaciones revelan que China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia han realizado operaciones de comercio de armas que han fomentado atrocidades, por lo que ahora les instamos a que ayuden a conseguir que se apruebe un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo, con el que convertir ese tipo de transacciones irresponsables en algo del pasado.”

El documento de Amnistía Internacional “Las grandes potencias alimentan atrocidades” contiene ejemplos de transferencias de armas realizadas desde cada uno de estos cinco países a Estados de todo el mundo donde cabe la posibilidad de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario.

Estados Unidos –con diferencia el mayor comerciante de armas del mundo– exporta a menudo “munición no estándar” a sus amigos y aliados. Estas armas y material no son de fabricación estadounidense, sino que proceden del extranjero, normalmente de empresas de países del este de Europa y la antigua Unión Soviética.

En un contrato de septiembre de 2012 entre las fuerzas armadas estadounidenses y Yemen figuran un millón de cartuchos de munición de fusiles para francotiradores, así como miles de cohetes propulsores de granadas y bombas de mortero. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de material militar de Yemen, y en 2011 envió armas por valor de 4,8 millones de dólares estadounidenses.

Estados Unidos figura entra los países que han intentado debilitar el texto del proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas pidiendo que no se incluyan en su ámbito de aplicación determinados tipos de armas y municiones.

Amnistía Internacional está presionando para que el tratado final abarque todos los tipos de armas y municiones utilizadas en operaciones militares y de seguridad interna, así como el equipo, piezas y tecnología conexos.

“No debe permitirse ninguna cláusula de exclusión; además, para ser efectivo, el tratado ha de tener una “regla de oro” que exija a los Estados detener las exportaciones de armas si existe un riesgo sustancial de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o humanitario”, ha explicado Brian Wood, director de la campaña Armas Bajo Control y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“Asimismo, el tratado debe prohibir completamente la transferencia de armas con las que se ayude o asista en la comisión de delitos de derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.”

Las empresas públicas de China realizan el grueso de las exportaciones de armas convencionales del país. En los últimos años han hecho envíos a países como Zimbabue, la República Democrática del Congo y Sudán.

En julio de 2011, en pleno conflicto armado de Libia, representantes del gobierno de Gadafi visitaron, presuntamente, Pekín para mantener conversaciones secretas sobre compras de armas por valor de 200 millones de dólares estadounidenses. No hay indicios de que se exportaran las armas, pero las empresas chinas parecían dispuestas a vender al gobierno de Gadafi pese a estar sujeto a un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU.

Francia ha vendido vehículos civiles militarizables a Sudán, donde los han utilizado los yanyawid, milicia respaldada por el gobierno que ha cometido graves violaciones de derechos humanos en la región sudanesa de Darfur.

Siria recibía siempre la mayoría de sus armas y municiones de la Unión Soviética, y ahora las recibe de Rusia, el segundo mayor comerciante de armas del mundo desde el punto de vista del valor de las exportaciones.

Desde 2011, cuando se mató a manifestantes en todo el país por pedir libertades, e incluso tras degenerar la situación en un conflicto armado interno entre el gobierno y las fuerzas de oposición en julio de 2012, Rusia y China han bloqueado las iniciativas presentadas en la ONU para imponer un embargo de armas y sanciones a Siria. El gobierno ruso ha seguido haciendo ambiguas declaraciones sobre sus negocios y suministros de armas para Siria. Amnistía Internacional ha documentado el uso en Siria de una variedad de armas y equipo militar rusos y de la época soviética, que abarcan desde aviones hasta bombas de racimo.

En el Reino Unido hay cada vez más indicios de operaciones de intermediarios extranjeros que utilizan empresas pantalla para ayudar a suministrar armas y municiones a países donde es probable que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos.

En el marco de tales operaciones, una cadena de suministro internacional clandestino permitió hacer grandes envíos de armas pequeñas, artillería, armas ligeras y tanques ucranianos a Sudán del Sur a través de Kenia a finales de 2007 y principios de 2008.

En enero de 2012, Amnistía Internacional vio utilizar los tanques de combate ucranianos –que son totalmente inadecuados para operaciones en zonas urbanas– en zonas civiles pobladas de la comarca de Mayom de Sudán del Sur.

“Aunque no sea una panacea para todo el mal uso que se hace de las armas en el mundo, si conseguimos un Tratado sobre el Comercio de Armas firme, habremos hecho un importante avance en la búsqueda de mucha más seguridad y protección de los derechos humanos para miles de millones de personas que viven hoy día con miedo”, ha afirmado Wood.
 

jueves, 7 de marzo de 2013

Amnistía Internacional en todo el Perú por Día Internacional de la Mujer





Desde hace 102 años, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, el cual debe ser un día de celebración por los derechos por los cuales las mujeres han luchado y obtenido a lo largo de la historia, pero también debe ser un día de reflexión por todos los derechos pendientes, en especial, el derecho a no sufrir violencia de ningún tipo.
“De Indonesia a Perú, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, la atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos”, ha afirmado Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.
Según Amnistía Internacional, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad decisoria suele constituir un impedimento adicional para las mujeres y las niñas.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.

El Perú no es ajeno a esa realidad. “Pese a que el índice de mortalidad materna, anteriormente uno de los más altos en la región, ha bajado en general en el Perú, la mortalidad materna pareciera no haber disminuido en las áreas rurales. Las mujeres rurales, siguen enfrentándose a barreras económicas, culturales y sociales para acceder a servicios que garantizarían sus derechos sexuales y reproductivos”, indicó Juan Carlos La Puente, director ejecutivo de Amnistía Internacional Perú.

Actividades en todo el Perú este viernes 8 de marzo
LIMA
“Superhéroes y heroínas defensores de los derechos sexuales y reproductivos”
Estaremos presentes en el Festival “Nosotras estamos en la calle” para convertir al público en superhéroes (Súper A) de los derechos sexuales y reproductivos, quienes se podrán disfrazar y tomarse fotos con reconocidos superhéroes. También habrá un stand de Amnistía Internacional en dónde el público podrá adquirir nuestros productos a precios de feria.
Lugar: Plaza Washington (frente al Centro Cultural de España).
Horario: De 12.00 p.m. a 8.00 p.m.
HUANCAYO
"Nosotros también defendemos los derechos de las mujeres"
Marcharemos junto a otras organizaciones de derechos humanos en la caminata organizada por la Municipalidad de Huancayo, pero nosotros lo haremos disfrazados de superhéroes. Tómate fotos con nosotros e infórmate de la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”.
Lugar de concentración: Parque Constitución.
Llegada: Plaza Huamanmarca.
Horario: De 10.00 a.m. a 12.00 p.m.
PUNO
“Súper A: Conviértete en un superhéroe de los derechos sexuales y reproductivos”
Lugar: Plaza de Armas de Puno.
Horario: 10.00 a.m.
TARAPOTO
“Caminata por las mujeres”
Recorrido: Desde la Concha Acústica hasta la Plaza de Armas de Tarapoto.
Horario: 3.30 p.m.
CHICLAYO
Foro “Mujer: retos y desafíos”
Lugar: Hotel Gran Sipán (Luis Gonzales N° 1185 – Chiclayo).
Horario: 9.00 a.m.
Para saber más sobre estas actividades comunicarse con la coordinación de activismo al e-mail actua@amnistia.org.pe.

¡Firma por los derechos de las mujeres!
Amnistía Internacional lanzó el 14 de febrero la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”; en esta campaña, se pide a los líderes de todo el mundo que emprendan acciones y rendición de cuentas destinadas a dar prioridad a los derechos sexuales y reproductivos de alrededor de 1.800 millones de jóvenes de todo el mundo que se encuentran en riesgo de que se vulneren sus derechos.
Activistas de Amnistía Internacional estarán recolectando firmas para este petitorio durante sus actividades por el Día Internacional de la Mujer. Estas firmas serán entregadas a los gobernantes, previamente a la reunión Cairo+20. También pueden firmar virtualmente aquí.

martes, 5 de marzo de 2013

Peña Nieto: 100 días esperando verdaderos avances de DD.HH.

Amnistía Internacional en campaña: Justicia para Miriam López

A punto de cumplirse cien días de su mandato, las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de DD.HH. (derechos humanos) simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México.

“Existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva administración debe romper con las promesas vacías de la anterior en materia de derechos humanos y terminar con la impunidad de los abusos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

El pasado diciembre, el secretario general de Amnistía Internacional escribió al nuevo presidente mexicano para pedir una actuación inmediata sobre diversos problemas graves. Hasta la fecha no ha habido una respuesta significativa.

La organización pedía un cambio radical en la política de seguridad pública que garantizara el fin de graves abusos, tales como la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas, y llevara a sus autores ante la justicia.

Peña Nieto se comprometió a aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, pero hasta la fecha hay pocos indicios de que se hayan tomado las medidas necesarias.

A fin de resaltar estas preocupantes señales, Amnistía Internacional presenta hoy una campaña para que se haga justicia con Miriam López. Detenida ilegalmente, torturada y sometida a violencia sexual por miembros del ejército en 2011, su caso es emblemático de los de todas las personas que, tras sufrir graves abusos, han visto cómo se les niega la justicia.

Y aunque el avance de la Ley General de Víctimas es importante, no puede ocultar el hecho de que las miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las miles de personas desaparecidas o “extraviadas”, siguen sin tener acceso a la justicia y sin recibir reparación.

El gobierno está debatiendo la reforma policial, pero no hay señales de que la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ocupen un lugar destacado en sus propuestas. Los debates sobre la eliminación del arraigo (detención sin cargos) son positivos, pero aún no se han tomado medidas concretas para suprimir esta práctica.

En la jurisdicción militar, ni el gobierno ni el congreso han tomado medidas para reformar el Código de Justicia Militar como requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual deja sin apoyo legislativo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar la jurisdicción militar.  

Sobre los migrantes, la designación de un ex jefe de policía como director del Instituto Nacional de Migración es motivo de honda preocupación. No hay constancia de que se hayan tomado nuevas medidas necesarias para combatir la actuación de funcionarios y bandas de delincuentes que perpetran graves abusos contra los migrantes en tránsito.

Cuando se trata de combatir la violencia contra las mujeres y respetar los derechos sexuales y reproductivos, el silencio del gobierno es casi total.

El gobierno anunció un programa dirigido a las comunidades indígenas excluidas, pero aún no ha dado detalles sobre él, ni siquiera la forma en que las propias comunidades indígenas participarán para garantizar la protección de sus derechos.

Respecto a los defensores de los derechos humanos y los periodistas, prosigue el establecimiento de un mecanismo de protección con la participación de la sociedad civil, con arreglo a la ley aprobada en 2012.

Se trata de un paso positivo, pero el gobierno debe garantizar que dicho mecanismo proporciona verdadera protección. También es fundamental que las investigaciones sobre los ataques se traduzcan en la comparecencia ante la justicia de sus perpetradores.

“Es hora de que este gobierno demuestre que sitúa la protección de los derechos humanos en el centro de su agenda política y garantiza la plena participación de la sociedad civil.”


Información general

Amnistía Internacional publicó en octubre de 2012 el informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas” para poner de manifiesto la actual impunidad y el alarmante incremento de la tortura. La organización no ha recibido aún respuesta a este informe ni información sobre las medidas que está tomando el gobierno.

La actuación de Amnistía Internacional en apoyo de la lucha por la justicia de Miriam López es una oportunidad para que este gobierno demuestre que se toma en serio la lucha contra la tortura y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

lunes, 4 de marzo de 2013

MARRUECOS: Código Penal pone en peligro a mujeres y niñas

En marzo de 2012, la joven marroquí Amina Filali, de 16 años, se suicidó ingiriendo un veneno para ratas tras ser obligada a casarse con el hombre que, según denunció, la había violado. La trágica historia de Amina no es algo insólito en Marruecos, donde el artículo 475 del Código Penal permite que los violadores eludan el enjuiciamiento si se casan con la víctima.

A 4 días del Día Internacional de la Mujer, falta mucho porque todas las mujeres del mundo gocen de todos sus derechos.

http://www.amnistia.org.pe/codigo-penal-peligro-ninas-marruecos/
MARRUECOS: Código Penal pone en peligro a mujeres y niñas

En marzo de 2012, la joven marroquí Amina Filali, de 16 años, se suicidó ingiriendo un veneno para ratas tras ser obligada a casarse con el hombre que, según denunció, la había violado. La trágica historia de Amina no es algo insólito en Marruecos, donde el artículo 475 del Código Penal permite que los violadores eludan el enjuiciamiento si se casan con la víctima.

A 5 días del Día Internacional de la Mujer, falta mucho porque todas las mujeres del mundo gocen de todos sus derechos.

http://www.amnistia.org.pe/codigo-penal-peligro-ninas-marruecos/

No más violencia contra las mujeres

BOCHORNOSA Y SILENCIOSA PANDEMIA GLOBAL:
 7 de cada 10 mujeres en el planeta sufren golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas.

Hoy comienza la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha descrito a este flagelo, como una pandemia:
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2013/03/comienza-trabajos-la-comision-de-la-onu-sobre-el-estatus-de-la-mujer/

Estamos a 4 días del Día Internacional de la Mujer, ¿qué estamos haciendo para revertir esta situación?

Tú puedes hacer algo, por muy pequeño que te parezca: firma aquí:
 

Firma por el Tratado sobre Comercio de Armas

No permitas que más armas fabricadas en EE.UU. caigan en manos de niños soldados. 
Tu firma puede marcar la diferencia: 
No permitas que más armas fabricadas en EE.UU. caigan en manos  de niños soldados. Tu firma puede marcar la diferencia: http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=25