A
punto de cumplirse cien días de su mandato, las pocas medidas que el
presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de DD.HH. (derechos humanos)
simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que
atraviesa México.
“Existen
preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad
suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva
administración debe romper con las promesas vacías de la anterior en
materia de derechos humanos y terminar con la impunidad de los abusos”,
ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
El
pasado diciembre, el secretario general de Amnistía Internacional
escribió al nuevo presidente mexicano para pedir una actuación inmediata
sobre diversos problemas graves. Hasta la fecha no ha habido una
respuesta significativa.
La
organización pedía un cambio radical en la política de seguridad
pública que garantizara el fin de graves abusos, tales como la tortura,
los malos tratos y las desapariciones forzadas, y llevara a sus autores
ante la justicia.
Peña
Nieto se comprometió a aplicar las recomendaciones formuladas por el
Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, pero hasta la
fecha hay pocos indicios de que se hayan tomado las medidas necesarias.
A fin de resaltar estas preocupantes señales, Amnistía Internacional presenta hoy una campaña para que se haga justicia con Miriam López.
Detenida ilegalmente, torturada y sometida a violencia sexual por
miembros del ejército en 2011, su caso es emblemático de los de todas
las personas que, tras sufrir graves abusos, han visto cómo se les niega
la justicia.
Y
aunque el avance de la Ley General de Víctimas es importante, no puede
ocultar el hecho de que las miles de víctimas de delitos y violaciones
de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las
miles de personas desaparecidas o “extraviadas”, siguen sin tener acceso
a la justicia y sin recibir reparación.
El
gobierno está debatiendo la reforma policial, pero no hay señales de
que la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de derechos
humanos ocupen un lugar destacado en sus propuestas. Los debates sobre
la eliminación del arraigo (detención sin cargos) son positivos, pero
aún no se han tomado medidas concretas para suprimir esta práctica.
En
la jurisdicción militar, ni el gobierno ni el congreso han tomado
medidas para reformar el Código de Justicia Militar como requiere la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual deja sin apoyo
legislativo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para limitar la jurisdicción militar.
Sobre
los migrantes, la designación de un ex jefe de policía como director
del Instituto Nacional de Migración es motivo de honda preocupación. No
hay constancia de que se hayan tomado nuevas medidas necesarias para
combatir la actuación de funcionarios y bandas de delincuentes que
perpetran graves abusos contra los migrantes en tránsito.
Cuando
se trata de combatir la violencia contra las mujeres y respetar los
derechos sexuales y reproductivos, el silencio del gobierno es casi
total.
El
gobierno anunció un programa dirigido a las comunidades indígenas
excluidas, pero aún no ha dado detalles sobre él, ni siquiera la forma
en que las propias comunidades indígenas participarán para garantizar la
protección de sus derechos.
Respecto
a los defensores de los derechos humanos y los periodistas, prosigue el
establecimiento de un mecanismo de protección con la participación de
la sociedad civil, con arreglo a la ley aprobada en 2012.
Se
trata de un paso positivo, pero el gobierno debe garantizar que dicho
mecanismo proporciona verdadera protección. También es fundamental que
las investigaciones sobre los ataques se traduzcan en la comparecencia
ante la justicia de sus perpetradores.
“Es
hora de que este gobierno demuestre que sitúa la protección de los
derechos humanos en el centro de su agenda política y garantiza la plena
participación de la sociedad civil.”
Información general
Amnistía Internacional publicó en octubre de 2012 el informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas”
para poner de manifiesto la actual impunidad y el alarmante incremento
de la tortura. La organización no ha recibido aún respuesta a este
informe ni información sobre las medidas que está tomando el gobierno.
La
actuación de Amnistía Internacional en apoyo de la lucha por la
justicia de Miriam López es una oportunidad para que este gobierno
demuestre que se toma en serio la lucha contra la tortura y el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.
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