martes, 21 de mayo de 2013

Guatemala anula sentencia histórica sobre el genocidio

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha anulado este lunes la sentencia y condena recién dictadas contra el ex jefe del régimen militar José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

“Este fallo judicial es un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto” ha afirmado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala.

“No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión, ni se sabe con seguridad cómo el tribunal de primera instancia puede pulsar el botón de reiniciar para volver a un punto de mediados de abril. Lo que está claro es que la Corte de Constitucionalidad, con su sentencia, ha levantado unos obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia reciente de Guatemala.

“Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal de primera instancia había transmitido el contundente mensaje de que no se tolerarían los crímenes cometidos contra miles de víctimas mayas. Ahora, la Corte de Constitucionalidad ha cuestionado ese mensaje y, con ello, ha puesto en peligro el derecho a obtener verdad, justicia y reparación en Guatemala.”

viernes, 17 de mayo de 2013

Charla informativa en Universidad José Carlos Mariátegui Sede Ilo

Con mucho beneplácito realizamos una charla informativa sobre Amnistía Internacional a los alumnos de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui Sede Ilo.
Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Universidad por el apoyo brindado para este evento.
La organización estuvo a cargo del Grupo Nº 9 de Ilo.
Tuvimos la colaboración especial de los miembros de nuestro Grupo, la exposición estuvo a cargo de nuestra amiga y Coordinadora del Grupo Nº 42 de Arequipa, Paola Chiuche Gutiérrez, quien con sus conocimientos y experiencia presentó el tema de derechos humanos y lo que hace Amnistía Internacional.
Al final del evento se invitó a los jóvenes universitarios para reunirnos al día siguiente a las 3:00 PM en la casa de Alejandro León para coordinar, trabajar las presentaciones de sensibilización y  hacer efectivo la acción de calle.






































lunes, 13 de mayo de 2013

Condena a Ríos Montt trae la justicia esperada en Guatemala

 
La condena del ex presidente General Efraín Ríos Montt de Guatemala por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato es un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional.

El general Efraín Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años por su papel como autor intelectual de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del Triángulo Ixil del departamento de Quiché Sur en 1982 y 1983 durante el conflicto armado interno de Guatemala.

El general José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia del General Ríos Montt durante su tiempo en el poder, fue declarado no culpable de los mismos cargos.

"Con esta condena, Guatemala lidera con su ejemplo en una región donde la arraigada impunidad de los crímenes del pasado sigue siendo lamentablemente la norma", dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Amnistía Internacional.

"Guatemala debe ahora dar continuidad a este momento histórico, garantizando que todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violación y desaparición de decenas de miles de personas sean llevados ante la justicia."

Una comisión de la verdad respaldada por la ONU encontró que cerca de 200.000 personas murieron o desaparecieron durante los 36 años de guerra civil de en Guatemala (1960-1996). Más del 80% eran de origen indígena maya.

A pesar de los recientes esfuerzos por fortalecer la justicia y la rendición de cuentas por los abusos del pasado, las fuerzas armadas guatemaltecas siguen siendo poco cooperativas en lo que respecta a las investigaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

El ejército sigue negándose a proporcionar información en las investigaciones sobre los homicidios, las desapariciones forzadas, el uso de la violación como arma de guerra y otros crímenes cometidos durante el conflicto.

El hecho de no presentar la documentación supone una pesada carga para las familias y las víctimas que buscan justicia, o simplemente tratan de encontrar el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

"La condena de hoy debe servir como un recordatorio para el actual gobierno de su deber hacia las víctimas de la guerra. El Presidente debería aprovechar esta oportunidad para garantizar una verdadera cooperación del ejército con las investigaciones sobre los crímenes del pasado ".

DE UN VISTAZO

El conflicto armado interno de Guatemala tuvo lugar entre 1960 y 1996.

Más de 200.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados o desaparecieron.

Efraín Ríos Montt fue presidente del país entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

El conflicto terminó en 1996 con la firma de un acuerdo de paz.

Una Comisión de laVerdad respaldada por la ONU dijo que el Estado de Guatemala era responsable de la mayoría de los abusos.

ENLACES RELACIONADOS

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Ciudad de los Desaparecidos - tres décadas de búsqueda de desaparecidos de Guatemala

sábado, 4 de mayo de 2013

REUNIÓN DEL GRUPO Nº 9

Con la finalidad de organizar nuestras actividades nos reunimos en la casa de Alejandro.
Gustavo y Karla nos mostraron su participación en el Taller de activismo que realizaron en la ciudad de Arequipa.
Se coordinó para realizar una charla en la Universidad JCM, se van a realizar las gestiones correspondientes para que se efectivice esta actividad.







viernes, 3 de mayo de 2013

Los periodistas, en el punto de mira en el conflicto de Siria


3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa

Decenas de periodistas que informan sobre abusos contra los derechos humanos en Siria han sido asesinados, arrestados arbitrariamente, detenidos, sometidos a desaparición forzada y torturados en los dos últimos años, afirma Amnistía Internacional en un informe que la organización publica hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Estos abusos han sido cometidos por las autoridades y los grupos armados de oposición de Siria, y han convertido a este país en un lugar peligroso para el trabajo de los periodistas.

El informe de Amnistía Internacional, titulado Shooting the Messenger: Journalists targeted by all sides in Syria (Matar al mensajero: Los periodistas, en el punto de mira de todas las partes en el conflicto de Siria), explica con detalle decenas de casos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que han sido atacados o detenidos desde el comienzo del levantamiento de 2011 para tratar de impedirles informar sobre la situación en Siria, incluidos los abusos contra los derechos humanos.

El informe se ocupa asimismo del importante papel que desempeñan los periodistas ciudadanos (ciudadanos de a pie que actúan como periodistas), muchos de los cuales arriesgan su vida para garantizar que la información sobre lo que ocurre dentro del país salga al mundo exterior. Como sus colegas los periodistas profesionales, este colectivo ha sufrido represalias para impedirles desarrollar su labor.

Los periodistas no son los únicos civiles que viven amenazados en Siria, pero hasta ahora han muerto al menos 36 en lo que se consideran ataques selectivos.

“Una vez más, hemos documentado cómo todas las partes en este conflicto violan las leyes de la guerra, aunque la magnitud de los abusos de las fuerzas gubernamentales sigue siendo mucho mayor”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Los ataques deliberados contra civiles, incluidos periodistas, constituyen crímenes de guerra, y sus perpetradores deben comparecer ante los tribunales.”

Las emisoras de televisión, las cadenas de radio y los periódicos independientes llevan décadas sin poder operar libremente en Siria.

Ya no hay estado de excepción, en vigor desde 1963 a abril de 2011, pero continúa la persecución de los periodistas por informar sobre temas muy diversos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades.

Las nuevas leyes que aparentemente proporcionaban mayor libertad de expresión no han mejorado nada la situación en la práctica.

En 2011, las autoridades sirias intensificaron sus tácticas represivas para impedir la cobertura informativa del levantamiento –por entonces en general pacífico–, introduciendo prácticamente un bloqueo informativo sobre los medios de comunicación generales entre marzo y diciembre.

Las duras restricciones impuestas a los medios de comunicación generales han hecho florecer el periodismo ciudadano: personas que no son periodistas profesionales publican información sobre el conflicto en las redes sociales.

Uno de los periodistas atacados es el escritor y periodista palestino Salameh Kaileh, detenido el 24 de abril de 2012 por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea tras criticar la nueva Constitución.

Kaileh fue llevado a un centro de detención de Damasco, donde lo obligaron a quedarse en ropa interior en una habitación en la que había 35 hombres. Según dijo a Amnistía Internacional, le vendaron los ojos y le aplicaron la tortura conocida como falaqa (golpes en las plantas de los pies).

El periodista fue torturado incluso cuando lo trasladaron a un hospital antes de dejarlo al fin en libertad y expulsarlo a Jordania.

Otro caso es el del presentador de la televisión estatal Mohammed al-Sa’eed, que según los informes fue secuestrado de su domicilio de Damasco en julio de 2012 y ejecutado de forma sumaria por Jabhat Al-Nusra, grupo islamista armado de oposición.

“Llevamos más de dos años pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas significativas para garantizar que los responsables de todas las partes en el conflicto rindan cuentas por los delitos de derecho internacional y otros abusos y que las víctimas reciban reparación, pero el pueblo sirio aún está esperando”, ha dicho Ann Harrison.

“¿Cuántos más indicios de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad necesita ver el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación en Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional?”


miércoles, 24 de abril de 2013

Estado peruano debe adoptar medidas de prevención en casos de desalojos forzosos por graves violaciones de DD.HH.


“Habla Olmos”: 24, 25 y 26 de abril, cineforos y exposiciones de fotos



Amnistía Internacional tuvo conocimiento a principios del año 2012 del desalojo de un grupo de familias campesinas en la zona de Olmos, departamento de Lambayeque, por parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Las y los comuneros habían sido reubicados en una zona alejada, llamada La Algodonera, en donde, según sus denuncias, no contaron con el conocimiento legal y asesoría a su favor, hubo amenazas y violencia, y la nueva situación representaba una exposición de riesgo para su salud y vida.

Los desalojos forzosos, conforme la normativa en materia de derechos humanos, se refieren a las acciones u omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y lo recursos comunes de propiedad que estaban ocupados o de los que éstos dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección jurídica o de otro tipo.

Amnistía Internacional constata a la fecha la falta de medidas y directivas o de otra índole que reúnan los principios básicos y directrices de la ONU sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo para poder ser aplicadas por autoridades como la Defensoría del Pueblo u otras entidades estatales relacionadas con el PEOT a fin de garantizar el pleno respeto, la protección y garantía de las y los comuneros de Olmos.

“Al haber estado allí, en la Algodonera, nosotros hemos visto cómo ciudadanas y ciudadanos peruanos están expuestos a situaciones que pueden poner en riesgo sus vidas al haber sido desalojados; los testimonios de las y los comuneros causan indignación”, declara Juan Carlos La Puente, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el examen a Perú en mayo de 2012, recomendó al Estado peruano adopte medidas, legislativas y de otra índole, de regulación de los desalojos forzosos que sean conformes con la Observación General Nº 7 (1997) del Comité sobre Desalojos Forzosos.

El Estado peruano tiene obligación de prevenir situaciones de violación a los derechos humanos como los desalojos forzosos que puedan darse en el contexto de requerimientos de infraestructura u otras acciones económicas en el país. Es por ello, que Amnistía Internacional urge al Estado peruano a adoptar medidas que estén orientadas de forma clara y concreta a dicho fin, principalmente en las zonas rurales.

En “Habla Olmos” presentamos la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas personas y familias en el contexto de desalojos cuando el Estado considera que la tierra donde viven es de interés para el desarrollo o de necesidad pública. Queremos que “Habla Olmos” sea un espacio para que hablen los mismos titulares de derechos. Los cortometrajes y las fotografías que se exhibirán se realizaron en la misma comunidad de La Algodonera, con ellos y ellas. Son sus testimonios. En la mesa de panelistas también contaremos con la presencia de dos miembros de la comunidad, quienes nos podrán explicar en vivo lo que vivieron.

“La indemnización por tu vivienda debe ser justa e imparcial; la indemnización en efectivo no puede sustituir en ninguna circunstancia la indemnización real en forma de tierras o recursos comunes de propiedad” – Relator Especial sobre la Vivienda de Naciones Unidas.



HABLA OLMOS
24 de abril – 7.00 p.m. – Sala Bancalari, UPC, Monterrico
25 de abril – 7.00 p.m. – Casa Arena y Esteras – Villa el Salvador
26 de abril – 6.00 p.m. – Sala de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos




Lima, 24 de abril de 2013

martes, 2 de abril de 2013

ONU se aprobó un Tratado sobre el Comercio de Armas



LO HEMOS LOGRADO


Hoy, los gobiernos representados en las Naciones Unidas (ONU) han aprobado prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibirá a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.

Después del gesto cínico protagonizado hace unos días por Corea del Norte, Irán y Siria –tres países donde se cometen abusos contra los derechos humanos y que están sometidos a algún tipo de sanción de la ONU– para intentar bloquear el Tratado, 154 Estados han votado a favor de su adopción en la Asamblea General de la ONU. Veintitrés Estados se abstuvieron y tres votaron en contra.

“Es un momento histórico. Tras largos años de campaña, la mayoría de los Estados han acordado adoptar un Tratado global capaz de impedir que lleguen armas a países donde se destinarán a cometer atrocidades”, ha afirmado Brian Wood, director de la campaña Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, desde la conferencia de la ONU en Nueva York.

“A pesar del intento sumamente cínico de frustrar su adopción por parte de Corea del Norte, Irán y Siria, una mayoría abrumadora de las naciones del mundo han expresado su apoyo rotundo a este Tratado centrado en la protección de los derechos humanos, que salvará vidas.”

El Tratado obliga además a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados han acordado que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.

“Si se piensa en el poder político y los amplios intereses económicos que están en juego para los grandes productores y exportadores de armas, este Tratado constituye un homenaje tanto a la sociedad civil que defendió la idea de salvar vidas y reducir el sufrimiento humano como a los gobiernos que hicieron caso a ese llamamiento”, ha señalado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“En los próximos cuatro años, el comercio anual de armas convencionales, municiones, piezas y componentes superará los 100.000 millones de dólares estadounidenses. Pero hoy, los Estados han antepuesto a los seres humanos y su seguridad.”

El movimiento de derechos humanos de Amnistía Internacional ha tenido un papel decisivo en los esfuerzos realizados por la sociedad civil y varios galardonados con el premio Nobel de la Paz desde principios de la década de 1990 para conseguir unas normas globales sólidas y jurídicamente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas que pongan freno a las transferencias de armas que fomentan las atrocidades y los abusos.

El Tratado ha sido aprobado tras más de seis años de deliberaciones de la ONU, en un proceso que comenzó en diciembre de 2006, cuando la Asamblea General de la ONU decidió pedir a todos los Estados miembros su opinión sobre la viabilidad, el alcance y los parámetros de un Tratado para regular la transferencia internacional de armas convencionales.

Los Estados respondieron al Secretario General en un número sin precedentes, y prácticamente todos en sentido positivo. El derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos se situaron en lo más alto de la lista de criterios.

El Tratado adoptado afecta a las principales categorías de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, que proliferan en países con conflictos de baja intensidad, violencia armada y cantidades ingentes de víctimas civiles.

“Como en todas las negociaciones de esta índole, no se ha conseguido todo lo que se pretendía –por ejemplo, las municiones no están plenamente incluidas en todas las disposiciones del Tratado– pero, dado que su reforma es posible y que contiene numerosas normas sólidas, este Tratado ofrece una sólida base sobre la que construir un sistema internacional dirigido a controlar el flujo de armas a quienes van a cometer atrocidades con ellas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz”, ha explicado Wood.

“Esto demuestra que, cuando surge entre los ciudadanos una idea realmente valiosa que va a contribuir a crear un mundo mejor y más organizado, son capaces de ponerla en práctica y conseguir cambios a escala mundial.”

El Tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en la Asamblea General de la ONU y entrará en vigor al poco tiempo de haber sido ratificado por 50 Estados

Nota: Es posible consultar el texto final del proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas en español en:

http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/20130325_non-paper-S.pdf.