3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa
Decenas
de periodistas que informan sobre abusos contra los derechos humanos en
Siria han sido asesinados, arrestados arbitrariamente, detenidos,
sometidos a desaparición forzada y torturados en los dos últimos años,
afirma Amnistía Internacional en un informe que la organización publica
hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Estos
abusos han sido cometidos por las autoridades y los grupos armados de
oposición de Siria, y han convertido a este país en un lugar peligroso
para el trabajo de los periodistas.
El informe de Amnistía Internacional, titulado Shooting the Messenger: Journalists targeted by all sides in Syria (Matar
al mensajero: Los periodistas, en el punto de mira de todas las partes
en el conflicto de Siria), explica con detalle decenas de casos de
periodistas y trabajadores de medios de comunicación que han sido
atacados o detenidos desde el comienzo del levantamiento de 2011 para
tratar de impedirles informar sobre la situación en Siria, incluidos los
abusos contra los derechos humanos.
El
informe se ocupa asimismo del importante papel que desempeñan los
periodistas ciudadanos (ciudadanos de a pie que actúan como
periodistas), muchos de los cuales arriesgan su vida para garantizar que
la información sobre lo que ocurre dentro del país salga al mundo
exterior. Como sus colegas los periodistas profesionales, este colectivo
ha sufrido represalias para impedirles desarrollar su labor.
Los
periodistas no son los únicos civiles que viven amenazados en Siria,
pero hasta ahora han muerto al menos 36 en lo que se consideran ataques
selectivos.
“Una
vez más, hemos documentado cómo todas las partes en este conflicto
violan las leyes de la guerra, aunque la magnitud de los abusos de las
fuerzas gubernamentales sigue siendo mucho mayor”, ha dicho Ann
Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y
el Norte de África de Amnistía Internacional. “Los ataques deliberados
contra civiles, incluidos periodistas, constituyen crímenes de guerra, y
sus perpetradores deben comparecer ante los tribunales.”
Las
emisoras de televisión, las cadenas de radio y los periódicos
independientes llevan décadas sin poder operar libremente en Siria.
Ya
no hay estado de excepción, en vigor desde 1963 a abril de 2011, pero
continúa la persecución de los periodistas por informar sobre temas muy
diversos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por
las autoridades.
Las nuevas leyes que aparentemente proporcionaban mayor libertad de expresión no han mejorado nada la situación en la práctica.
En
2011, las autoridades sirias intensificaron sus tácticas represivas
para impedir la cobertura informativa del levantamiento –por entonces en
general pacífico–, introduciendo prácticamente un bloqueo informativo
sobre los medios de comunicación generales entre marzo y diciembre.
Las
duras restricciones impuestas a los medios de comunicación generales
han hecho florecer el periodismo ciudadano: personas que no son
periodistas profesionales publican información sobre el conflicto en las
redes sociales.
Uno
de los periodistas atacados es el escritor y periodista palestino
Salameh Kaileh, detenido el 24 de abril de 2012 por los servicios de
inteligencia de la Fuerza Aérea tras criticar la nueva Constitución.
Kaileh
fue llevado a un centro de detención de Damasco, donde lo obligaron a
quedarse en ropa interior en una habitación en la que había 35 hombres.
Según dijo a Amnistía Internacional, le vendaron los ojos y le aplicaron
la tortura conocida como falaqa (golpes en las plantas de los pies).
El
periodista fue torturado incluso cuando lo trasladaron a un hospital
antes de dejarlo al fin en libertad y expulsarlo a Jordania.
Otro
caso es el del presentador de la televisión estatal Mohammed al-Sa’eed,
que según los informes fue secuestrado de su domicilio de Damasco en
julio de 2012 y ejecutado de forma sumaria por Jabhat Al-Nusra, grupo
islamista armado de oposición.
“Llevamos
más de dos años pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas
significativas para garantizar que los responsables de todas las partes
en el conflicto rindan cuentas por los delitos de derecho internacional y
otros abusos y que las víctimas reciban reparación, pero el pueblo
sirio aún está esperando”, ha dicho Ann Harrison.
“¿Cuántos
más indicios de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad
necesita ver el Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación
en Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional?”
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