Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Estado
peruano de crear un marco normativo para regular el uso de la fuerza por parte
de la policía, pero expresa su preocupación por la actual redacción del
‘Proyecto de Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la
policía nacional del Perú’, Proyecto de Ley N°81/2011-CR (www.amnistia.org.pe/medios/ 00081DCMAY07180612.PDF).
Amnistía Internacional considera indispensable que
cualquier regulación del uso de la fuerza por agentes del estado en el Perú
cumpla con las normas internacionales en la materia, como son el Código de
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/ codigo.htm);
y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/ fuerza.htm).
Específicamente, el principio 9, que indica “sólo se podrá hacer uso
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger
una vida”, lo cual no se desprende del texto del Proyecto, existiendo más bien
una expresión ambigua que puede abrir la puerta a distintas interpretaciones
que pudieran resultar en graves violaciones de derechos humanos.
En este sentido, este Proyecto de Ley debería contar con un
lenguaje más preciso y basarse explícitamente en los principios de la
legalidad, la necesidad y también el de proporcionalidad, que observamos que no
aparece en el texto del Proyecto. Así mismo, el Proyecto de Ley también debe
contar con la creación de mecanismos de rendición de cuentas y el desarrollo de
conceptos claves como la progresividad del uso de la fuerza.
Amnistía Internacional considera que la falta de precisión
en una ley sobre el uso de la fuerza obstaculizaría que la policía pudiera
cumplir con su papel fundamental de hacer respetar la ley y de proteger a la
sociedad de forma efectiva. Por lo tanto, instamos al Congreso Peruano para que
asegure que un marco preciso de la legalidad del uso de fuerza por parte de
agentes del estado sea establecido de acuerdo a las normas internacionales de
derechos humanos.
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