11 de enero: 11 años
Que
Estados Unidos haya incumplido la promesa hecha por el presidente
Barack Obama en su primer mandato de cerrar el centro de detención de
Guantánamo es el resultado predecible de haber incumplido sus
obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en materia de
derechos humanos, o de no haber reconocido siquiera la existencia de
tales obligaciones en este contexto.
Hoy,
en vez de estar celebrando este mes el tercer aniversario del cierre de
Guantánamo, que es lo que habría pasado si se hubiera cumplido la
promesa del presidente, hecha en 2009, las detenciones van a entrar en
el 12º año y todavía hay 166 hombres recluidos, la mayoría sin cargos,
de los cuales 6 se enfrentan a posibles condenas a muerte impuestas en
juicios sin garantías ante comisiones militares.
Si
no se adopta un cambio genuino de enfoque que aplique el derecho y los
principios internacionales de derechos humanos, las detenciones de
Guantánamo o una versión de ellas en otro lugar seguirán formando parte
del paisaje jurídico de EE.UU. durante el segundo mandato del presidente
Obama, y más allá.
En
los últimos tiempos, las instancias oficiales han invertido mucha
energía en impedir que Estados Unidos se hunda en el llamado “abismo
fiscal”, pero no ha prestado atención alguna, al hecho de que el país
cayera en un “abismo de derechos humanos” hace un decenio y que todavía
no esté donde debe estar.
La
afirmación recurrente de que Estados Unidos se cimenta en elevados
principios de derechos humanos no se sostiene ante la realidad de las
detenciones de Guantánamo, los juicios por comisión militar o la falta
de rendición de cuentas y remedios por abusos cometidos en el pasado por
personal estadounidense, como los actos de tortura y desaparición
forzada, constitutivos de crímenes de derecho internacional.
El
gobierno de Obama ha echado la culpa de que no se haya cerrado el
centro de detención de Guantánamo al Congreso, que en efecto se ha
movilizado en repetidas ocasiones para poner obstáculos a los intentos
de que EE.UU. cumpla sus obligaciones de derechos humanos en este
contexto. Las últimas medidas de bloqueo llegan en forma de
disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que
el presidente Obama firmó el 2 de enero de 2013 pese a expresar su
oposición, al igual que hizo el año pasado al firmar la NDAA de 2012. El
derecho internacional no acepta que un poder del Estado eche la culpa a
otro por el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del
país. Cada uno de los poderes debe cumplir estas obligaciones.
En
esta coyuntura, adoptar un enfoque de derechos humanos significa
abandonar los juicios ante comisiones militares en favor de juicios con
las debidas garantías ante tribunales civiles ordinarios, dejar en
libertad a los detenidos que Estados Unidos no tiene intención de
procesar –en territorio estadounidense o en otro lugar seguro– y
garantizar plena rendición de cuentas y acceso a remedios por las
violaciones de derechos humanos. Asimismo, las autoridades
estadounidenses deben abstenerse de imponer la pena de muerte a ninguna
persona, con independencia de la instancia ante la cual sea juzgada.
La
muerte reciente de un detenido yemení –por suicidio, según la
información recibida– que llevaba más de 10 años en detención indefinida
sin cargos ni juicio ha servido de recordatorio de la crueldad de este
régimen de detención.
Hay
6 detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras haber
sido juzgados por una comisión militar que no cumple las normas
internacionales sobre garantías procesales. Los 6 acusados permanecieron
bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladados a Guantánamo a
principios de septiembre de 2006. Todos fueron sometidos a desaparición
forzada por Estados Unidos, crimen de derecho internacional por el que
nadie ha comparecido ante la justicia. Al menos a 2 de estos detenidos
se les aplicó una técnica de tortura conocida como water boarding,
que es efectivamente un simulacro de ejecución mediante un ahogamiento
interrumpido. De nuevo, nadie ha sido llevado ante la justicia por la
tortura y otros malos tratos infligidos a estos hombres y a otros
recluidos en el marco del programa de la CIA.
No
debe ocultarse nunca ni a las víctimas ni a la opinión pública
información relativa a violaciones graves de derechos humanos o del
derecho internacional humanitario por motivos de seguridad nacional.
Amnistía Internacional exhorta al presidente Barack Obama a retomar y
cumplir la promesa hecha en 2009, cuando tomó posesión de su cargo por
primera vez.
Guantánamo: 11 años en cifras
11: Años desde los primeros traslados de detenidos al centro de detención de Guantánamo, Cuba.
166: Detenidos en Guantánamo a la actualidad, de los cuales casi la mitad son ciudadanos yemeníes.
779: Detenidos que han estado recluidos en Guantánamo, según las autoridades, la gran mayoría de ellos sin cargos ni juicio penal.
600: Detenidos transferidos de Guantánamo a otros países desde 2002, aproximadamente.
9:
Detenidos muertos bajo custodia estadounidense en Guantánamo. Según las
autoridades, 7 de las muertes fueron suicidios, mientras que 2 se
debieron a causas naturales.
12: Detenidos tenían menos de 18 años cuando fueron recluidos.
1: Número de detenidos transferidos a EE.UU. para ser juzgado por un tribunal federal.
7:
Detenidos condenados por una comisión militar, 5 como resultado de
acuerdos previos al juicio en los que los acusados se declararon
culpables, de los cuales 4 han sido repatriados.
6: Detenidos susceptibles de recibir una condena a muerte tras ser juzgados sin las debidas garantías por una comisión militar.
En Perú:
Este
11 de enero de 2013, a las 11.00 a.m., activistas de Amnistía
Internacional exigirán frente a la embajada de EE.UU. en Lima el cierre
de la prisión de Guantánamo. Ellos estarán vestidos como prisioneros de
dicho centro de detención. Esta acción se estará replicando en varios
países donde Amnistía Internacional tiene presencia. Para saber más
sobre esta actividad, contactarse con Carolina Delcroix, coordinadora de
activismo, al e-mail:
actua@amnistia.org.pe. Ella estará presente en la protesta para brindar declaraciones a la prensa.
