El
fallo dictado ayer en el que se indica que el General Efraín Ríos Montt
y su ex Jefe de Inteligencia Militar, General José Mauricio Rodríguez
Sánchez, deberán ser sometidos a juicio por la masacre de casi 2 mil
personas en la década de los ochenta representa un paso crucial hacia la
justicia, verdad y reparación, pronunció el día de hoy Amnistía
Internacional.
Ríos
Montt, quien estuvo en el poder desde marzo de 1982 hasta agosto de
1983, y Rodríguez Sánchez serán enjuiciados por su presunta
responsabilidad en la muerte de ciudadanos, en su mayoría mayas,
mediante una serie de masacres ocurridas durante dicho periodo.
“Esta
decisión fortalece la justicia en Guatemala mientras la responsabilidad
por los crímenes pasados comienza a emerger”, dijo Sebastian Elgueta,
investigador de Amnistía Internacional en Centroamérica. “Lo importante
es garantizar la justicia, verdad y reparación tanto para las familias
como para las víctimas de otros cientos de violaciones a los derechos
humanos.”
La
Comisión de la Verdad de 1999 respaldada por las Naciones Unidas halló
que durante los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996)
alrededor de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.
Luego
de documentar más de 600 masacres, la comisión concluyó que se llevaron
a cabo actos de genocidio, principalmente durante los años en los que
Ríos Montt ocupaba la presidencia. Hasta el momento gran parte de los
responsables por tales crímenes ha evadido la justicia.
La
milicia guatemalteca al continuar negándose a entregar documentos e
informes antiguos que podrían conllevar a más juicios se convierte en
una de las barreras que impiden que se lleven a cabo investigaciones y
juicios eficaces.
En
2007, se presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de
Desaparición, sin embargo tras seis años el Congreso aun no lo ha
convertido en ley.
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