Amnistía
Internacional muestra preocupación por el conflicto socio ambiental que
viene ocurriendo en la comunidad campesina San Juan Bautista de
Cañaris, región de Lambayeque Perú, en el marco del proyecto minero
Cañariaco, de la compañía canadiense Candente Copper.
Desde
hace más de ocho días se vive enfrentamientos violentos entre policías y
manifestantes de la comunidad, por el rechazo a este proyecto minero.
Ante
esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno
peruano para que adopte la debida diligencia en promover tanto el
diálogo participativo con los titulares de derechos como los mecanismos
de protección ante riesgos contra los derechos humanos que puedan surgir
en el marco de la iniciativa empresarial cuestionada. Amnistía
Internacional pide que se actúe conforme los Principios Rectores de
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en
junio de 2011.
Amnistía
Internacional pide al Estado Peruano garantizar que todo el personal de
las fuerzas de seguridad que participa en tareas de control de
manifestaciones haga uso proporcional de la fuerza, acatando en todo
momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos. Al mismo
tiempo, hace un llamado a las personas que participan de las protestas
que impidan agresiones a las personas, incluidas las fuerzas del orden.
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