Campaña “Mi cuerpo, mis derechos”
Latifah,
una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía
local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Louisa, una joven de Burkina Faso, fue insultada y abofeteada mientras daba a luz en un hospital local.
A
Marta, una empleada doméstica indonesia de 30 años, le negaron
anticonceptivos en un centro de salud de Yakarta porque aún no había
tenido hijos.
Elena,
una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió
presiones para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de
que el violador fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.
Los
nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias son reales y
muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren
millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su
género.
Según
organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellas,
cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y
de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo
catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad
decisoria suele constituir un impedimento adicional para las mujeres y
las niñas.
La
ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800
mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por
cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida
como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o
discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en
condiciones de riesgo.
“De
Indonesia a Perú, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres
y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, la atención
insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación
y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza
de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos”, ha afirmado
Marianne Mollmann, asesora general de política de Amnistía
Internacional.
El coste de la discriminación
En
muchos países, a las mujeres y las niñas les resulta casi imposible
acceder a información y servicios básicos de salud sexual y
reproductiva.
En
algunos casos se debe a que los gobiernos no dan prioridad a esta
cuestión ni invierten recursos en ella. En otros, cuando sí existen
servicios de salud, suelen estar concentrados en zonas más prósperas,
limitando así el acceso para muchas mujeres que viven demasiado lejos o
no pueden permitirse el coste del desplazamiento hasta allí.
Amnistía
Internacional ha hallado que las mujeres que viven en la pobreza,
aunque consigan llegar a los centros de salud, a veces son objeto de
maltrato por parte de profesionales de la salud que no entienden sus
necesidades y que, en ocasiones, ni siquiera hablan su idioma.
En
Estados Unidos, por ejemplo, muchas mujeres migrantes afirmaron que las
habían echado del centro de salud justo después de dar a luz porque no
tenían dinero suficiente para pagar el tratamiento.
“Cada
año, millones de mujeres y niñas se encuentran con obstáculos casi
insalvables para acceder a la atención a la salud más básica,
especialmente cuando se trata de su salud sexual y reproductiva. Se les
niega sistemáticamente el acceso a información, anticonceptivos,
servicios obstétricos de emergencia, e incluso a reparaciones por la
atención de baja calidad”, ha afirmado Mollmann. “La trágica realidad es
que muchas muertes y lesiones relacionadas con el embarazo y el parto
son evitables.”
Falta de información
Tras
examinar la disponibilidad y calidad del acceso a la atención a la
salud en más de una decena de países, Amnistía Internacional concluyó
que una de las principales causas de muerte de las mujeres es la falta
de información sobre los servicios de atención a la salud disponibles.
En
Indonesia, por ejemplo, las mujeres entrevistadas por la organización
afirmaron que no se les proporcionaba información adecuada sobre su
derecho a acceder a anticonceptivos.
La
falta de información, unida a las restricciones en el acceso al aborto,
supone que muchas mujeres jóvenes no tienen más remedio que seguir
adelante con un embarazo no deseado o someterse a un aborto clandestino,
que suele practicarse en condiciones poco seguras.
Según
estimaciones de la ONU, de los aproximadamente 19 millones de abortos
inseguros que se llevan a cabo anualmente en los países del mundo en
vías de desarrollo, 2,5 millones se practican a adolescentes, y el 70
por ciento de las hospitalizaciones derivadas de abortos en condiciones
de riesgo son de niñas de entre 10 y 19 años.
En
2011, ONUSIDA informó de que solo el 34% de la juventud de los países
en vías de desarrollo era capaz de responder correctamente cinco
preguntas básicas sobre el VIH y cómo prevenirlo. Actualmente, en esa
misma población se registra el 41% de todos los nuevos casos de VIH.
Un plan global
En
1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de
179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a
tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la
maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las
mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y
desarrollo.
Durante
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los
líderes mundiales también aprobaron un Programa de Acción con el que se
pretendía cambiar el modo de formular y ejecutar las políticas y los
programas de población.
La
idea era garantizar que los derechos sexuales y reproductivos
–incluidas cuestiones como la prevención y respuesta a la discriminación
que sufrían las mujeres cuando intentaban acceder a atención a la
salud– ocupasen un lugar destacado en las políticas sobre población
adoptadas por países de todo el mundo.
El
Programa de Acción incluía medidas centradas en la reducción de la
mortalidad neonatal, infantil y materna; la población y el medio
ambiente; la migración interna e internacional; la prevención y el
control del VIH/sida; la información, la educación y la comunicación, y
la tecnología, la investigación y el desarrollo.
Amnistía
Internacional considera que en los años transcurridos desde la
Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para
cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han
tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y
reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
“Estos
últimos decenios hemos visto un especial aumento en la inversión en
atención prenatal. Y aunque eso supone lógicas mejoras en la atención a
los neonatos, apenas sirve para abordar las desigualdades subyacentes en
el acceso a información y atención a la salud”, ha afirmado Mollmann.
“Evidentemente, las mujeres tienen problemas de atención a la salud que
no tienen que ver con el parto. La realidad es que los gobiernos son
reacios a prevenir la discriminación y reparar los abusos.”
El futuro de los derechos de las mujeres
Representantes
de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para
revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años
antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los
gobiernos para cumplir sus compromisos.
“Esperamos
que esta revisión contribuya al avance de estas cuestiones. Nuestras
peticiones son básicas: toda persona debe poder vivir sin violencia y
tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y
su vida”, ha explicado Mollmann. “Para ello, como mínimo es necesario
que todas las personas tengan acceso a educación integral sobre
sexualidad.”
