Todos los años, en decenas de países de todo el mundo, miles de
hombres, mujeres, niños y niñas son detenidos sin razón alguna por las
autoridades del Estado, y nunca se los vuelve a ver. Son personas
“desaparecidas”. Sólo en 2012 Amnistía Internacional documentó casos de
este tipo en 31 países. Con ocasión del Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas, veamos cinco datos que conviene
conocer:
sábado, 31 de agosto de 2013
jueves, 29 de agosto de 2013
30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Desapariciones forzadas, una terrible realidad aún en América
En
América, las desapariciones forzadas no son simplemente un legado del
oscuro pasado de gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980,
sino que siguen siendo una práctica terrible, ha manifestado Amnistía
Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas.
“En
Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la
cuestión de las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un
grave problema”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora del Programa
de Amnistía Internacional para América.
“En
ambos países, el gobierno no investiga de manera efectiva estos casos
ni pone a los presuntos responsables de los delitos a disposición de la
justicia. Esta impunidad no hace más que fomentar las desapariciones
forzadas, pues sus autores creen que lo que hacen no trae consecuencias.
Mientras
tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay,
Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo millares
de personas en paradero desconocido decenios después de los conflictos
internos y la represión política causantes de ello.
“Para
que prevalezcan la verdad y la justicia, es absolutamente necesario que
los familiares de las víctimas descubran su paradero”, ha añadido
Marengo.
“Importa
cada persona. Entre las terribles cifras de miles desaparecidos yacen
el dolor y el trauma de los familiares que los buscan.”
México
En
México se denunció la desaparición de más de 26.000 personas entre 2006
y 2012, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas
criminales. La ausencia casi total de investigación en la mayoría de
los casos impide que salga a la luz el verdadero número de
desapariciones forzadas, en las que hay funcionarios públicos
implicados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está
examinando 2.400 casos pendientes de desaparición forzada.
En un informe
publicado en junio de este año, Amnistía Internacional documentó más de
85 casos emblemáticos de desaparición forzada de entre 152 casos
registrados de personas desaparecidas o secuestradas.
“La
impunidad sigue siendo casi total y, a pesar de las reiteradas promesas
de las autoridades, la búsqueda de las víctimas es todavía infructuosa.
El gobierno mexicano no parece comprometido realmente a poner fin a las desapariciones forzadas”, ha afirmado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Las
autoridades culpan enseguida a las bandas criminales de todas las
desapariciones, sin asumir su responsabilidad directa de prevenir y
sancionar los casos en que haya funcionarios públicos implicados ni su
obligación de investigar todos los casos ante tribunales civiles
ordinarios. A los familiares de los desaparecidos se les niega a menudo
toda información, y con frecuencia se ven obligados a ocuparse ellos
mismos de investigar, con grandes riesgos personales. Son las valientes y
constantes demandas de verdad y justicia de los familiares las que
mantienen viva la llama de la esperanza”, ha explicado Knox.
Sólo
en la ciudad norteña de Nuevo Laredo han desaparecido este año cuatro
personas en un lapso de seis días, del 29 de julio al 3 de agosto, tras
ser detenidas por la Marina en distintos puestos de control de toda la
ciudad. Pese a que hay testimonios de testigos presenciales que
confirman las detenciones, la Marina continúa negando su responsabilidad
en las desapariciones y el gobierno no ha hecho nada para localizar a
las víctimas.
Colombia
El
largo conflicto armado interno de Colombia ha dejado tras de sí al
menos 25.000 víctimas de desaparición forzada desde 1985. Según cifras
oficiales, en 2012 se dieron más de 190 presuntos casos.
“Las
desapariciones forzadas perpetradas por los paramilitares y las fuerzas
de seguridad solos o conjuntamente han sido una característica de los
50 años de conflicto armado del país, y se sigue teniendo noticia de muchos casos”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
“En muy pocos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia. Es probable que las recientes medidas legislativas
adoptadas para ampliar la jurisdicción militar hagan que resulte aún
más difícil llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales
de abusos contra los derechos humanos, incluidas desapariciones
forzadas.”
Tanto
México como Colombia han ratificado la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
pero hasta ahora no han reconocido la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar denuncias individuales, lo
que hace dudar de su compromiso de cumplir en la práctica con las
obligaciones que han contraído en virtud del tratado.
En
otros países de la región, las desapariciones forzadas no son ya tan
frecuentes como anteriormente, pero siguen produciéndose.
Brasil
En
Brasil sigue sin conocerse el paradero de Amarildo, albañil de Rocinha,
la mayor favela de Río de Janeiro, a quien, según la información
disponible, un agente de policía detuvo el 14 de julio tras confundirlo
con un narcotraficante buscado. Varias organizaciones de derechos
humanos, incluida Amnistía Internacional, han denunciado su desaparición.
La
policía afirma que lo dejaron en libertad tras comprobar sus
antecedentes penales, pero ningún familiar ni amigo suyo lo ha visto
desde entonces, y las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la
entrada de la comisaría de policía grabaron la llegada de Amarildo, pero
no su salida.
República Dominicana
El
caso de Juan Almonte, en la República Dominicana, es tan emblemático
como el de Amarildo, pero más antiguo y complejo. Contable y miembro del
Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Almonte fue visto por última
vez el 28 de septiembre de 2009, fecha en que, según testigos, unos
agentes de policía lo detuvieron cuando se dirigía caminando a su
oficina, en Santo Domingo.
lunes, 26 de agosto de 2013
Comisión de la Verdad y Reconciliación: 10 años después y aun no hay justicia, verdad ni reparación
Las
decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que sufrieron las
terribles violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado
interno en Perú (1980-2000) aun esperan justicia, verdad y reparación,
una década después de la presentación del emblemático informe final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El
informe de la Comisión detalla las extensas y sistemáticas violaciones a
los derechos humanos y graves violaciones al derecho humanitario
internacional cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por
agentes del Estado peruano, por personas que actuaron con la
autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, así como por grupos
opositores armados, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru.
La
Comisión estableció que decenas de miles de víctimas fueron asesinadas,
desaparecidas forzosamente, incluyendo violaciones y esterilizaciones
contra su voluntad, y arbitrariamente detenidas. Concluyó que Sendero
Luminoso fue el principal perpetrador al haber cometido casi 54% de las
graves violaciones a los derechos humanos que la Comisión investigó, y
que las comunidades indígenas y campesinas resistieron ante todo lo
oscuro de la violencia.
La
Comisión presentó una serie de recomendaciones para promover la verdad,
justicia y reconciliación incluyendo: la reforma estructural de las
fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial, reparaciones
individuales y colectivas para las víctimas, así como un plan nacional
para investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las
víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los
perpetradores.
Durante
los últimos 10 años desde la publicación de los hallazgos de la
Comisión, se han realizado algunos avances en la lucha contra la
impunidad, incluyendo la presentación ante la justicia de algunos de los
principales perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, aun queda un
largo camino por recorrer en la obtención de verdad, justicia y
reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares.
De
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, menos del 20% de los casos que
han supervisado durante los últimos 10 años han obtenido sentencia. Las
fuerzas armadas han rechazado sistemáticamente cooperar con las
investigaciones, haciendo imposible para los fiscales y abogados
representantes de los familiares de las víctimas reunir suficiente
evidencia admisible para que un caso continúe.
La
Comisión identificó más de 4,000 lugares de entierro a ser excavados.
Desde entonces, la Fiscalía de la Nación tiene una lista actualizada de
más de 15,000 personas desaparecidas e identificó más de 6,400 lugares
de entierro. Sin embargo, menos de 2,500 restos han sido exhumados y
solo la mitad de ellos han sido identificados y retornados a sus
familiares.
Tras 10 años es tiempo que las autoridades peruanas se comprometan con la verdad, justicia y reparación.
Decenas
de miles de familiares aun no saben el paradero de sus seres queridos.
Decenas de miles de víctimas aun tienen que ver en el banquillo a
aquellos que los torturaron y aun esperan por una reparación. La mayoría
de víctimas provienen de los estratos más marginalizados de la
sociedad. Si las autoridades peruanas enfrentan seriamente la
discriminación e impunidad, no pueden esperar otros 10 años para
garantizar la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación.
jueves, 22 de agosto de 2013
El ojo que llora
Aprodeh
informa: Familiares de personas desaparecidas y víctimas del conflicto
se reunirán alrededor del monumento “El Ojo que llora”, para conmemorar a
sus seres queridos y llamar a la reflexión sobre la necesidad de
implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidos, el
día sábado 24 de agosto, a las 11:00 am, en el Memorial El Ojo que
Llora, del Campo de Marte, en Jesús María.
En el evento
participarán autoridades, artistas y público en general para dignificar
la memoria de las víctimas, reconocer la lucha de los familiares y
compartir la esperanza de justicia. Este evento se realizará en el marco
de las actividades por el décimo aniversario de la entrega del Informe
Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
A pesar de los años transcurridos, la esperanza y la lucha de los familiares sigue vigente.
viernes, 16 de agosto de 2013
Egipto: requiere una investigación completa e imparcial
Egipto:
Tiene que llevarse a cabo una investigación completa e imparcial sobre
la violencia ejercida esta semana para dispersar las acampadas de
protesta de El Cairo, en las que las fuerzas de seguridad han utilizado
medios letales injustificadamente y roto
la promesa de permitir salir en condiciones de seguridad a los heridos.
La violencia sin precedente ejercida ha dejado más de 600 muertos:
sábado, 10 de agosto de 2013
viernes, 9 de agosto de 2013
09 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Gobiernos de la región deben respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas
Hoy
9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía
Internacional se solidariza con todos los pueblos indígenas de América,
que han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y
la discriminación.
Privados
de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus
medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado,
incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos
naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el
reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales
y están en permanente riesgo de ser expulsados.
La
extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros
proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo
impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho
al consentimiento libre, previo e informado.
Frecuentemente,
sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas
empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de
obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de
proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir
criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.
Si
bien la región de América ha hecho importantes avances en el
reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los
pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son
ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus
tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos
legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo
permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.
En Perú
La
organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos
indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la
reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y
Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de
extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su
medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los
pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del
completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Amnistía
Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas
correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar
actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin
de preservar la vida y el desarrollo de esta población.
De
igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de
contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de
comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte
de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por
entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé
consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de
exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la
obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para
prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber
cometido contra los pueblos indígenas.
En
este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la
región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y
garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de
América.
Estándares mínimos
Los
derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos
reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el
resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los
Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han
respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los
Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la
ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el
Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para más información
Comunicado
de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de
la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de
Ecuador:
Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
viernes, 2 de agosto de 2013
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