Desapariciones forzadas, una terrible realidad aún en América
En
América, las desapariciones forzadas no son simplemente un legado del
oscuro pasado de gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980,
sino que siguen siendo una práctica terrible, ha manifestado Amnistía
Internacional con motivo del Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas.
“En
Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la
cuestión de las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un
grave problema”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora del Programa
de Amnistía Internacional para América.
“En
ambos países, el gobierno no investiga de manera efectiva estos casos
ni pone a los presuntos responsables de los delitos a disposición de la
justicia. Esta impunidad no hace más que fomentar las desapariciones
forzadas, pues sus autores creen que lo que hacen no trae consecuencias.
Mientras
tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay,
Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo millares
de personas en paradero desconocido decenios después de los conflictos
internos y la represión política causantes de ello.
“Para
que prevalezcan la verdad y la justicia, es absolutamente necesario que
los familiares de las víctimas descubran su paradero”, ha añadido
Marengo.
“Importa
cada persona. Entre las terribles cifras de miles desaparecidos yacen
el dolor y el trauma de los familiares que los buscan.”
México
En
México se denunció la desaparición de más de 26.000 personas entre 2006
y 2012, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas
criminales. La ausencia casi total de investigación en la mayoría de
los casos impide que salga a la luz el verdadero número de
desapariciones forzadas, en las que hay funcionarios públicos
implicados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está
examinando 2.400 casos pendientes de desaparición forzada.
En un informe
publicado en junio de este año, Amnistía Internacional documentó más de
85 casos emblemáticos de desaparición forzada de entre 152 casos
registrados de personas desaparecidas o secuestradas.
“La
impunidad sigue siendo casi total y, a pesar de las reiteradas promesas
de las autoridades, la búsqueda de las víctimas es todavía infructuosa.
El gobierno mexicano no parece comprometido realmente a poner fin a las desapariciones forzadas”, ha afirmado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Las
autoridades culpan enseguida a las bandas criminales de todas las
desapariciones, sin asumir su responsabilidad directa de prevenir y
sancionar los casos en que haya funcionarios públicos implicados ni su
obligación de investigar todos los casos ante tribunales civiles
ordinarios. A los familiares de los desaparecidos se les niega a menudo
toda información, y con frecuencia se ven obligados a ocuparse ellos
mismos de investigar, con grandes riesgos personales. Son las valientes y
constantes demandas de verdad y justicia de los familiares las que
mantienen viva la llama de la esperanza”, ha explicado Knox.
Sólo
en la ciudad norteña de Nuevo Laredo han desaparecido este año cuatro
personas en un lapso de seis días, del 29 de julio al 3 de agosto, tras
ser detenidas por la Marina en distintos puestos de control de toda la
ciudad. Pese a que hay testimonios de testigos presenciales que
confirman las detenciones, la Marina continúa negando su responsabilidad
en las desapariciones y el gobierno no ha hecho nada para localizar a
las víctimas.
Colombia
El
largo conflicto armado interno de Colombia ha dejado tras de sí al
menos 25.000 víctimas de desaparición forzada desde 1985. Según cifras
oficiales, en 2012 se dieron más de 190 presuntos casos.
“Las
desapariciones forzadas perpetradas por los paramilitares y las fuerzas
de seguridad solos o conjuntamente han sido una característica de los
50 años de conflicto armado del país, y se sigue teniendo noticia de muchos casos”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
“En muy pocos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia. Es probable que las recientes medidas legislativas
adoptadas para ampliar la jurisdicción militar hagan que resulte aún
más difícil llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales
de abusos contra los derechos humanos, incluidas desapariciones
forzadas.”
Tanto
México como Colombia han ratificado la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
pero hasta ahora no han reconocido la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar denuncias individuales, lo
que hace dudar de su compromiso de cumplir en la práctica con las
obligaciones que han contraído en virtud del tratado.
En
otros países de la región, las desapariciones forzadas no son ya tan
frecuentes como anteriormente, pero siguen produciéndose.
Brasil
En
Brasil sigue sin conocerse el paradero de Amarildo, albañil de Rocinha,
la mayor favela de Río de Janeiro, a quien, según la información
disponible, un agente de policía detuvo el 14 de julio tras confundirlo
con un narcotraficante buscado. Varias organizaciones de derechos
humanos, incluida Amnistía Internacional, han denunciado su desaparición.
La
policía afirma que lo dejaron en libertad tras comprobar sus
antecedentes penales, pero ningún familiar ni amigo suyo lo ha visto
desde entonces, y las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la
entrada de la comisaría de policía grabaron la llegada de Amarildo, pero
no su salida.
República Dominicana
El
caso de Juan Almonte, en la República Dominicana, es tan emblemático
como el de Amarildo, pero más antiguo y complejo. Contable y miembro del
Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Almonte fue visto por última
vez el 28 de septiembre de 2009, fecha en que, según testigos, unos
agentes de policía lo detuvieron cuando se dirigía caminando a su
oficina, en Santo Domingo.
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