Las
decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que sufrieron las
terribles violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado
interno en Perú (1980-2000) aun esperan justicia, verdad y reparación,
una década después de la presentación del emblemático informe final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El
informe de la Comisión detalla las extensas y sistemáticas violaciones a
los derechos humanos y graves violaciones al derecho humanitario
internacional cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por
agentes del Estado peruano, por personas que actuaron con la
autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, así como por grupos
opositores armados, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru.
La
Comisión estableció que decenas de miles de víctimas fueron asesinadas,
desaparecidas forzosamente, incluyendo violaciones y esterilizaciones
contra su voluntad, y arbitrariamente detenidas. Concluyó que Sendero
Luminoso fue el principal perpetrador al haber cometido casi 54% de las
graves violaciones a los derechos humanos que la Comisión investigó, y
que las comunidades indígenas y campesinas resistieron ante todo lo
oscuro de la violencia.
La
Comisión presentó una serie de recomendaciones para promover la verdad,
justicia y reconciliación incluyendo: la reforma estructural de las
fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial, reparaciones
individuales y colectivas para las víctimas, así como un plan nacional
para investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las
víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los
perpetradores.
Durante
los últimos 10 años desde la publicación de los hallazgos de la
Comisión, se han realizado algunos avances en la lucha contra la
impunidad, incluyendo la presentación ante la justicia de algunos de los
principales perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, aun queda un
largo camino por recorrer en la obtención de verdad, justicia y
reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares.
De
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, menos del 20% de los casos que
han supervisado durante los últimos 10 años han obtenido sentencia. Las
fuerzas armadas han rechazado sistemáticamente cooperar con las
investigaciones, haciendo imposible para los fiscales y abogados
representantes de los familiares de las víctimas reunir suficiente
evidencia admisible para que un caso continúe.
La
Comisión identificó más de 4,000 lugares de entierro a ser excavados.
Desde entonces, la Fiscalía de la Nación tiene una lista actualizada de
más de 15,000 personas desaparecidas e identificó más de 6,400 lugares
de entierro. Sin embargo, menos de 2,500 restos han sido exhumados y
solo la mitad de ellos han sido identificados y retornados a sus
familiares.
Tras 10 años es tiempo que las autoridades peruanas se comprometan con la verdad, justicia y reparación.
Decenas
de miles de familiares aun no saben el paradero de sus seres queridos.
Decenas de miles de víctimas aun tienen que ver en el banquillo a
aquellos que los torturaron y aun esperan por una reparación. La mayoría
de víctimas provienen de los estratos más marginalizados de la
sociedad. Si las autoridades peruanas enfrentan seriamente la
discriminación e impunidad, no pueden esperar otros 10 años para
garantizar la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación.
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