Amnistía
Internacional ve con preocupación la Ley del Derecho a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios algunos aspectos de su
aplicación. Todavía tienen que publicarse la base de datos nacional
sobre pueblos indígenas y la guía de metodología. Instamos a Perú a que
aplique plenamente la Ley como se recomienda en el examen y de manera
oportuna.
Amnistía
Internacional considera también motivo de preocupación que la falta de
consulta con las comunidades locales sobre los proyectos de desarrollo
haya generado a veces protestas masivas en todo el país, en las que se
ha tenido noticia de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
La organización acoge con satisfacción el apoyo de Perú a varias
recomendaciones dirigidas a prevenir el uso de la fuerza por parte de
los cuerpos de seguridad e insta a que se apliquen plenamente y
enseguida.
La
organización observa que Perú considera los decretos legislativos 1094 y
1095 acordes con las normas internacionales de derechos humanos. Sin
embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación que estos decretos
permiten desplegar a las fuerzas armadas para responder a “grupos
hostiles”, término tan mal definido que podría aplicarse a los
defensores de los derechos humanos y los activistas sociales que
participan en manifestaciones.
Amnistía
Internacional acoge con satisfacción que varios Estados plantearan la
necesidad de mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluido el aborto terapéutico. Aunque el artículo 119 del
Código Penal prevé el aborto en determinadas circunstancias, la falta
de instrumentos jurídicos para regular esta disposición hace que los
profesionales médicos no estén preparados para practicar los abortos
terapéuticos a que las mujeres tienen derecho. La organización pide a
Perú que cree un protocolo nacional para que el aborto terapéutico se
practique en todos los hospitales del país.
Amnistía
Internacional acoge también con satisfacción que Perú haya aceptado las
recomendaciones relativas a proteger a los defensores de los derechos
humanos y pide al gobierno que garantice que pueden realizar su trabajo
sin temor a sufrir intimidaciones.
Finalmente,
Amnistía Internacional celebra que Perú haya aceptado las
recomendaciones sobre asignar a la Defensoría del Pueblo la función de
mecanismo nacional de prevención prevista en el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura, e insta al gobierno a que garantice
que se le dota de los recursos necesarios para desempeñarla.
Información complementaria
El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del examen
periódico universal de Perú el 15 de marzo de 2013, en su 22º periodo de
sesiones. Antes de la aprobación del resultado del examen, Amnistía
Internacional presentó oralmente la declaración anteriormente
mencionada. La organización había presentado previamente información
sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el documento
siguiente: Human rights concerns in Peru, Amnesty International
Submission to the UN Universal Periodic Review, October-November 2012, http://www.amnesty.org/en/
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