“No
es aceptable que 40 años después del golpe militar continúen existiendo
dificultades para la busca de justicia, verdad y reparación en Chile.
La Ley de Amnistía sigue protegiendo a los violadores con inmunidad
procesal, continúa habiendo largos retrasos en las actuaciones
judiciales y las condenas no reflejan la gravedad de los crímenes
cometidos”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa
Regional para América de Amnistía Internacional.
El
Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad
penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos
humanos entre el 11 de setiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si
bien algunas sentencias judiciales han eludido la aplicación de esta ley
de amnistía, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las
obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
“Las
autoridades chilenas deben abordar el legado de abusos graves y
generalizados perpetrados en el pasado, abolir de inmediato la ley de
amnistía, cuya mera existencia es una afrenta para las miles de víctimas
del régimen de Pinochet y para sus familiares, y garantizar que todas
las violaciones de derechos humanos se vean en tribunales ordinarios”,
ha dicho Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.
Hasta
la fecha, al menos 262 personas han sido condenadas por violaciones de
derechos humanos y hay abiertos más de 1.100 procedimientos judiciales.
“Gracias
a la lucha incansable de muchas de las víctimas y de sus familiares,
así como de unos cuantos valientes fiscales y jueces, algunos de los
responsables de estos crímenes han comparecido ante la justicia. Ya es
hora de que las autoridades introduzcan todas las reformas necesarias
para garantizar que jamás vuelvan a suceder violaciones de tal
gravedad”, ha dicho Guadalupe Marengo.
Petición
Miles
de activistas han firmado la petición en línea en la que Amnistía
Internacional pide a las autoridades chilenas que eliminen todas las
barreras que protegen a los perpetradores de violaciones de derechos
humanos en el país: http://www.amnistia.org.pe/
Información general
El
11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas dirigidas por el general
Augusto Pinochet arrebataron el poder al gobierno salido de las urnas
del presidente Salvador Allende en Chile, en un sangriento golpe
militar.
En
1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
(Comisión Rettig) documentó 2.296 casos de personas que habían sido
objeto de homicidio político, de los cuales casi un millar eran casos de
desaparición forzada. En 2004 y 2005, el informe de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) halló que
28.459 personas habían sido detenidas por motivos políticos y que la
mayoría de ellas había sido torturada. La Comisión se reabrió en 2010
para evaluar más casos de desaparición forzada, homicidio político,
encarcelamiento por motivos políticos y tortura.
El
total de personas reconocidas oficialmente en Chile como desaparecidas o
asesinadas entre 1973 y 1990 es de 3.216, y el de personas que
sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o tortura, de
38.254.
En
los últimos años ha habido ciertos avances, pues varios procedimientos
judiciales de crímenes perpetrados en el pasado se han transferido de
los tribunales militares a los civiles a fin de garantizar mayor
independencia e imparcialidad. Sin embargo, las violaciones de derechos
humanos cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad siguen bajo
la jurisdicción militar.
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