Este 5
de febrero de 2013, Uruguay proporcionó la crucial 10ª ratificación del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, lo que significa que éste entrará en vigor dentro de tres meses,
el 5 de mayo de 2013.
“Casi
40 años después de la entrada en vigor de su equivalente, el Protocolo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hemos conseguido por fin
la paridad entre ambos tratados y dotar de significado el principio de la
indivisibilidad de todos los derechos”, dijo Salil Shetty, secretario general
de Amnistía Internacional. “Queremos felicitar a los primeros 10 Estados que
han ratificado el Protocolo, pero todos los demás deben seguir su ejemplo. Para
lograr la verdadera realización de los derechos humanos es imprescindible que
todas las víctimas de una violación de derechos humanos tengan acceso a un
recurso efectivo”, agregó Shetty.
Las
personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales son continuamente
pisoteados, tendrán un nuevo acceso a la justicia a través de un mecanismo de
la ONU que, no obstante, cuando entre en vigor solo se aplicará inmediatamente
a ciudadanos de 10 países.
En
total, 160 países, incluyendo Perú, son Partes en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, pueden ratificar
también el Protocolo.
“Con
demasiada frecuencia los gobiernos no han hecho más que cumplir de boquilla las
obligaciones contraídas por sus países en virtud del derecho internacional de
garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todas las
personas —ha añadido Salil Shetty—. La realidad es que numerosos países carecen
de mecanismos efectivos para abordar las violaciones que muchas personas
sufren.”
El
Protocolo permite a las personas que han sufrido violaciones, como el desalojo
de sus viviendas o la negación del derecho a la educación debido a su lugar de
residencia, presentar quejas a un panel de expertos independiente e
internacional, una vez que han agotado todos los recursos posibles en sus
países. Amnistía Internacional ha documentado, en todo el mundo, numerosos
casos de personas a las que les es imposible obtener justicia por estas
violaciones y para quienes el Protocolo podría ser crucial.
Los 10
Estados que han ratificado el Protocolo hasta la fecha son Argentina, Bolivia,
Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia,
Portugal y Uruguay.
Las
decisiones que se tomen mediante este nuevo mecanismo influirán con toda
probabilidad en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.
Información
general
El
Protocolo fue adoptado por consenso el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea
General de la ONU y se abrió a la ratificación el 24 de septiembre de 2009.
Amnistía
Internacional forma parte de la Coalición de Organizaciones para un Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, integrada por más de 300 grupos de la sociedad civil de todo el
mundo. En los últimos ocho años, ha hecho campaña en favor del Protocolo y está
haciendo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que lo
ratifiquen.
Este
trabajo se enmarca en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, que
persigue el fin de las violaciones de derechos humanos que conducen a la
pobreza y la agravan. Como parte de la campaña, Amnistía Internacional pide a
todos los gobiernos que garanticen el acceso de las víctimas de violaciones de
derechos humanos –entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales– a
un recurso efectivo, nacional e internacional. Amnistía Internacional pide a
todos los gobiernos que garanticen la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales en la legislación nacional, eliminen los obstáculos para
acceder a la justicia y acaten las decisiones de derechos humanos de los
tribunales y los mecanismos internacionales de derechos humanos.
