PILAR COLL, UNA MUJER QUE DEJO HUELLA: TESTIMONIOS

Pilar Coll y Amnistía Internacional
Por Eduardo Borrel y Elizabeth Selem

Después del fallecimiento de Pilar Coll nos juntamos un rato en plan de hablar, rememorar, refrescar lo vivido y lo compartido con ella en los distintos momentos de su vida, especialmente como miembro de Amnistía Internacional; pero también amiga muy cercana y querida. Pilar integró el Grupo 16 de Amnistía Internacional en 1999. Pronto, comenzó a hacer propuestas que contemplasen las necesidades de los encarcelados y desplazados. Era partidaria de realizar acciones concretas y nos empujaba en esa dirección a los miembros del Grupo. 

Después de ocho años de existencia y acción del Grupo, en el 2005 determinamos, Pilar y otros integrantes, pasar a ser "miembros individuales" para continuar aportando en el Movimiento, cada cual desde nuestras ubicaciones. Reconocimos que nuestro Grupo estaba conformado por personas mayores, con sus actividades individuales, profesionales y sociales, ya bien demarcadas. Pilar se dedicaba a un trabajo importante en beneficio de los presos de diversas cárceles de Lima desde hacía mucho tiempo, siendo convocada por ese trabajo en las instancias oficiales y privadas que trataban la problemática penitenciaria.

También recordamos que Pilar Coll fue propuesta como miembro integrante de la Comisión de la Verdad, pero que, quienes tuvieron que decidir, después de un análisis, no la nombraron como comisionada por carecer de la ciudadanía peruana. Eso, no impidió que desde el inicio, colaborara en esa Comisión con el compromiso y la dedicación que la caracterizaba. En el informe entregado en abril 2004 al pleno de la Sección Amnistía Internacional Perú encontramos constancia de ello. 

Pilar, con su título de abogada, por más que no pudiera hacer uso del mismo en el Perú siempre estuvo orientada en el universo jurídico con un tacto especial. Utilizó este saber y su larga experiencia para asesorar en forma permanente a quienes asumían el gobierno de la Sección peruana de Amnistía Internacional. Sin embargo, nunca aceptó un cargo directivo, prefirió colaborar desde el llano. 

Ella no pertenecía a una congregación religiosa, sino al Instituto de Misioneras Seglares. Esta situación le proporcionaba una gran libertad de espíritu y acción. Podía dedicarse por entero a realizar acciones que normalmente implican para otras personas recortes en su relación familiar. 

Esa libertad también –somos testigos– le llevaría igualmente a renunciar a la seguridad económica que su Instituto le ofrecía como alternativa de por vida: decidió asumir el riesgo de ganarse por su cuenta su sustento y correr la misma suerte de cualquier ciudadano de a pie en el Perú. Así fue hasta el final. 

Su vida misma representaba perfectamente la vela que –con su luz y calor– simboliza al movimiento de Amnistía Internacional. Su obsesión eran los Derechos Humanos. En su deseo de hacerlos efectivos trabajó como miembro de la Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS, y más tarde se desempeñó como la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Con toda justicia fue merecedora, además de otros premios recibidos en España y en nuestro país, de la "Vela de la Esperanza" que le otorgó Amnistía Internacional-Perú el 15 de diciembre de 2005. 

Más testimonios

Las locuras que están por venir, por Belén Roma. Descargar aquí

Carta de despedida desde el Penal Miguel Castro Castro, por Alberto Gálvez (Beto). Descargar aquí

Existimos a pesar de muchos, por Carmen Cardoza. Descargar aquí

Pilar Coll, una vida ejemplar, por Wilfredo Ardito. Descargar aquí

El Estado debe prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza durante protestas

Las autoridades peruanas deben realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos contra manifestantes y asegurar que las fuerzas policiales empleen armas de fuego únicamente para proteger la vida, dijo hoy Amnistía Internacional.

  

“El creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú es sumamente preocupante,” dijo Nuria García, investigadora sobre Perú de Amnistía Internacional. “Y aun más preocupante ha sido la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones que hasta ahora han dejado un saldo de 16 muertes presuntamente por miembros de la policía.”

  

“Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.”

  

“Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.”

  

El 20 de septiembre de 2012, Nemesio Poma Ascate de 55 años de edad, murió tras recibir un disparo efectuado presuntamente por agentes de la policía durante una protesta contra una empresa minera en Huaraz, en el sur del país. Durante la protesta, al menos otros 10 manifestantes y 8 policías resultaron heridos.

  

Nemesio Poma Ascate sería la decimosexta persona que pierde la vida durante protestas desde que asumió la presidencia Ollanta Humala.

  

Miembros de la comunidad de Mareniyoc en Huaraz habrían bloqueado la carretera de acceso a la minera Barrick Misquichilca S.A. en protesta por la falta de cumplimiento de su compromiso de dotarles de agua potable. 

Para más información o para solicitar una entrevista, favor de contactar a:

Josefina Salomón

+44 7778 472 116

jsalomon@amnesty.org

A un año del gobierno de Ollanta Humala Amnistía Internacional solicita un cambio en las intervenciones policiales frente a las protestas sociales

A lo largo de los últimos meses, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el elevado número de ciudadanos fallecidos en los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y la población que participa en diversas protestas sociales. En el marco del nombramiento de un nuevo Ministro del Interior, reitera su solicitud al Estado peruano para que se produzca un cambio en las intervenciones policiales. 

Amnistía Internacional en varias ocasiones ha solicitado al gobierno peruano que se disponga la prohibición a las Fuerzas Policiales de emplear armas de fuego, salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida, como señalan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990. 

En este contexto, Amnistía Internacional considera especialmente importante asegurar que se evite toda agresión a los defensores y defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional ha condenado las agresiones físicas y verbales que, según diversos organismos de derechos humanos, sufrieron en los últimos meses los integrantes de la Vicaría de Sicuani, Jaime Borda y Romualdo Ttito, las abogadas Genoveva Gómez, de la Defensoría del Pueblo y Amparo Abando, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como el líder ambientalista Marco Arana. Todos estos casos, así como las muertes de manifestantes, deben ser investigadas y sus responsables, adecuadamente sancionados.

Amnistía Internacional hace un llamado también a los dirigentes sociales para que eviten todo hecho de violencia que pueda poner en peligro la integridad física de las personas o generar daños a la propiedad.

Finalmente, Amnistía Internacional considera muy importante que el Congreso revise adecuadamente el Proyecto de Ley 81/2011, para asegurar que el uso de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional se realice solamente de acuerdo a los estándares internacionales mencionados.

Comercio de Armas: Amnistía Pide "no tachar" Derechos Humanos

				Los capítulos nacionales de Amnistía Internacional en América Latina pidieron a Estados Unidos que demuestre liderazgo para evitar propuestas que "tachen" los derechos humanos en el final de las negociaciones históricas para un Tratado de Comercio de Armas (TCA) que tienen lugar en la Organización de Naciones Unidas, esta semana en Nueva York. Por años, los Estados han discutido la posibilidad de acordar un Tratado que podría ayudar a terminar con la devastación causada por un comercio internacional de armas irresponsable y poco regulado.  Los representantes de Estados Unidos en la conferencia diplomática, han indicado que quieren un TCA que incluya una "cláusula de tachado" con la que se podría apelar a razones de seguridad nacional para no considerar los riesgos de violaciones graves a los derechos humanos al momento de decidir un envío de armas. “Con las negociaciones del TCA en su etapa culminante, es tiempo que Obama de un paso al frente y gire instrucciones que demuestren que los EE.UU. hablan con seriedad cuando se trata de proteger los derechos humanos”, indicó Rosalía Vega, directora de Amnistía Internacional Paraguay. “Cualquier cláusula que tache los derechos humanos en el TCA significará que los países sigan con las prácticas irresponsables de transferencias de armas. La pérdida constante de vidas en Siria, o nuestra propia región, son un doloroso recordatorio de la urgente necesidad de tener un tratado donde los derechos humanos sean el eje primordial. Millones de vidas penden de un hilo si en el acuerdo final no se ven criterios sólidos para proteger los derechos humanos," indicó Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional Chile. La organización mundial está urgiendo a los gobiernos que se aseguren de incluir una "Regla de Oro" sobre derechos humanos en el tratado. Esta indicaría que no se envíen armas de un país a otro cuando exista un riesgo sustancial que tales armas puedan utilizarse para cometer violaciones graves a los derechos humanos. Muchos gobiernos y varios aliados de los EE.UU. apoyan esta posición. Sin embargo, otros Estados influyentes como China, Rusia, y EE.UU. han estado promoviendo reglas menos sólidas. EE.UU., China, Siria, y Egipto también se han opuesto a que el tratado cubra las municiones. “Siendo el principal país exportador de armas y un Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Unidos tienen un deber especial para apuntalar estas negociaciones hacia una finalización exitosa. Esta semana final da una oportunidad única para que el Presidente Obama pueda liderar este logro,” dijo Atila Roque director de Amnistía Internacional Brasil.

El poder judicial peruano debe revisar su decisión en el caso de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta

Amnistía Internacional expresa su sorpresa por la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que el 20 de julio estableció que los crímenes perpetrados por el Grupo Colina en el caso de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta no constituyen crímenes de lesa humanidad.

Amnistía Internacional considera que esta decisión puede sentar un preocupante precedente para la realización de la justicia a favor de las víctimas y sus familiares que han sufrido violaciones a los derechos humanos y han luchado por justicia durante décadas.

Al determinar que los hechos de las masacres de la Cantuta y Barrios Altos no fueron de lesa humanidad, la sentencia de la Sala Penal Permanente no solamente contraviene estándares internacionales de derechos humanos sino también la propia jurisprudencia peruana.

Los tribunales peruanos y la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación han establecido que las actuaciones del Grupo Colina en el caso de la masacre de Barrios Altos y en otros casos graves de violaciones de derechos humanos constituyeron crímenes de lesa humanidad.

Amnistía Internacional expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y su preocupación con el precedente que esto puede establecer para la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado en el Perú y espera que el poder judicial peruano revise esta decisión, que representa un grave retroceso para la vigencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

Perú: Frente a la grave situación en Cajamarca, Amnistía Internacional exige el cese inmediato de la violencia y pide medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos

Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.

Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y el ejército, y al menos 16 detenidos.

Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012, por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.

Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias.

Amnistía Internacional pide al Congreso adecuar la legislación sobre el uso de la fuerza a las normas internacionales

Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Estado peruano de crear un marco normativo para regular el uso de la fuerza por parte de la policía, pero expresa su preocupación por la actual redacción del ‘Proyecto de Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la policía nacional del Perú’, Proyecto de Ley N°81/2011-CR (www.amnistia.org.pe/medios/00081DCMAY07180612.PDF).

Amnistía Internacional considera indispensable que cualquier regulación del uso de la fuerza por agentes del estado en el Perú cumpla con las normas internacionales en la materia, como son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm); y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm). Específicamente, el principio 9, que indica “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”, lo cual no se desprende del texto del Proyecto, existiendo más bien una expresión ambigua que puede abrir la puerta a distintas interpretaciones que pudieran resultar en graves violaciones de derechos humanos.

En este sentido, este Proyecto de Ley debería contar con un lenguaje más preciso y basarse explícitamente en los principios de la legalidad, la necesidad y también el de proporcionalidad, que observamos que no aparece en el texto del Proyecto. Así mismo, el Proyecto de Ley también debe contar con la creación de mecanismos de rendición de cuentas y el desarrollo de conceptos claves como la progresividad del uso de la fuerza.

Amnistía Internacional considera que la falta de precisión en una ley sobre el uso de la fuerza obstaculizaría que la policía pudiera cumplir con su papel fundamental de hacer respetar la ley y de proteger a la sociedad de forma efectiva. Por lo tanto, instamos al Congreso Peruano para que asegure que un marco preciso de la legalidad del uso de fuerza por parte de agentes del estado sea establecido de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.