En junio de 2010, los Estado Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) van a reunirse en Lima para la 40ª Asamblea General Ordinaria donde se discutirán temas sobre paz, seguridad y cooperación. Amnistía Internacional exhorta a los gobiernos a garantizar que las obligaciones universales de derechos humanos constituyen el núcleo de los compromisos que contraigan en la Declaración de Lima.
La paz, la seguridad y la cooperación sólo pueden alcanzarse si todas las personas son libres y están exentas de temor y de la miseria y si cada persona goza de sus derechos económicos, civiles, sociales, políticos y culturales tal y como lo especifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Todavía falta mucho por hacer para que todos y cada uno de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sean respetados y protegidos. La impunidad continua siendo generalizada en la región. Si bien ha habido avances en esclarecer la verdad, llevar ante la justicia a los responsables y en reparación en relación a crimines del pasado, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos todavía no se asume como un deber de los Estados para las victimas y sus familiares. La víctimas y sus familiares necesitan ver que se reconocen los agravios que han sufrido y que los responsables comparecen ante la justicia para responder de sus actos. La rendición de cuentas, además, nos permite mirar hacia adelante y sirve como base para introducir reformas en instituciones nacionales y regionales. La rendición de cuentas por la negación de derechos económicos, sociales y culturales se ha vuelto más importante que nunca, a la luz de los efectos conjuntos de las crisis energética y financiera. El respeto a todos los derechos humanos, los civiles, los políticos, los sociales, los económicos y los culturales, debe ser una parte esencial de todas las respuestas que se den en la arena nacional y regional.
Amnistía Internacional ha seguido las negociaciones que han dado lugar al proyecto de Declaración de Lima. Preocupa que no se manifieste en él un compromiso claro y firme con respecto a la importancia crucial de los derechos humanos a la hora de abordar los serios problemas objeto de debate. Se debe conceder mayor importancia en la Declaración de Lima y en los mecanismos que se acuerden para dar seguimiento nacional y regionalmente a los compromisos allí adquiridos, a las obligaciones de derechos humanos contraídas por los gobiernos las cuales deben ser respaldadas con compromisos concretos.
En particular, dado que el tema de discusión es paz, seguridad y cooperación; la organización de derechos humanos espera que los Estados Miembros se comprometan a dar prioridad a las personas más vulnerables de la región como son los pueblos indígenas y afrodescendientes y las mujeres y niñas, que sufren desproporcionadamente la inseguridad en todos los países de la región. La organización asimismo espera que cada uno de los gobiernos aproveche esta Asamblea General para anunciar medidas concretas que adoptarán en la práctica para consolidar su respaldo al sistema interamericano de derechos humanos, al igual que trazar un camino hacia la seguridad pública basado en el respeto y protección de los derechos humanos, así como que se reconozca de modo creciente, con medidas concretas, una más efectiva participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La organización es consciente que las discusiones en Lima se realizan en la sombra del golpe de Estado en Honduras, que ha tenido un efecto gravísimo para la paz y la seguridad, especialmente la de aquellos que fueron críticos con el golpe. Esto es un claro llamado de atención a la importancia de fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, especialmente cuando se responde a crisis de seguridad. Desde el golpe de Estado, Amnistía Internacional ha documentado violaciones contra los derechos humanos, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, intimidación de miembros de la magistratura, de periodistas y de defensores de derechos humanos y de miembros del movimiento de oposición. Las víctimas de estas violaciones siguen esperando verdad, justicia y reparaciones. Asimismo, la intimidación de aquellos que fueron críticos con el golpe de Estado continúa en el presente. Recientemente, cuatro jueces y un fiscal fueron apartados de sus cargos, al parecer por la única razón de haber sido críticos con el golpe de Estado.
Además esta Asamblea General se realiza también a la sombra del terremoto en Haití en el que cientos de miles murieron y más de un millón de personas se encuentran desplazadas. La reconstrucción de Haití tiene que asegurar que en un futuro todas las personas tengan acceso a todos sus derechos humanos.
En este contexto, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que la Declaración de Lima, las Resoluciones pertinentes y los mecanismos nacionales y regionales de implementación de las obligaciones contraídas que fueran a adoptarse, incluyan las siguientes recomendaciones.
PAZ, SEGURIDAD Y DESARROLLO PARA TODAS LAS PERSONAS INCLUYENDO ESPECIAL ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS; AFRODESCENDIENTES; MUJERES Y NIÑAS
De acuerdo al ultimo borrador de la Declaración de Lima disponible al momento de escribir, los Estados Partes se comprometen en esta Asamblea General a “reafirmar su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación para enfrentar los peligros tradicionales y los nuevos peligros que afectan a la región” y a “reforzar su compromiso para el desarrollo integral y en ese contexto, fortalecer mecanismos de cooperación para enfrentar urgentemente la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social”. En este esfuerzo, los Estados Partes deben hacer expresa su voluntad de priorizar sectores que, debido a las desigualdades y discriminación arraigadas en las sociedades, sufren de manera desproporcionada la inseguridad y la pobreza en la región: los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres y niñas.
Los pueblos indígenas de América han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y la discriminación. Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. En muchos casos su existencia como pueblos no ha sido reconocida constitucionalmente, y los derechos a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales, los cuales necesitan para su propia sobrevivencia, es ignorado o aplicado de un modo que no respeta de forma adecuada sus tradiciones culturales. La extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañan a menudo de actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios.
Frente a un legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación; por su derecho a recuperar sus tierras y territorios, su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada para dar consentimiento a las decisiones que los afectan y su derecho a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales ha alcanzado un punto significativo con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento, negociado durante 20 años con los Pueblos Indígenas del mundo, ha sido adoptado por una abrumadora mayoría de 143 países. Varios de los Estados que hoy participan de esta Asamblea General han jugado un rol clave en la adopción de dicha Declaración. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos, no han adoptado la Declaración.
Lamentablemente, en el ámbito nacional, las legítimas luchas de los Pueblos Indígenas por sus derechos son muchas veces violentamente reprimidas por los Estados que deberían garantizar dichos derechos y sus líderes muchas veces criminalizados. Este ciclo persistente de discriminación y exclusión social esta arraigado en las sociedades y contribuye a que los responsables rara vez rindan cuenta por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de América.
Teniendo en cuenta el antecedente de la V Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago; existe el serio riesgo de que las voces de los pueblos indígenas tampoco sean escuchadas adecuadamente en esta Asamblea General. Su participación no ha sido prevista ni promovida por los Estados Miembros como era necesario. La ausencia de los pueblos indígenas en esta Asamblea General; así como en tantos otros espacios de toma de decisiones nacionales y regionales, es una muestra de cómo las discriminaciones históricas están todavía vigentes hoy. Estas violaciones de derechos, la pobreza y la exclusión en la que viven muchos pueblos indígenas del continente no son hechos irremediables; son resultados de decisiones, acciones y omisiones llevadas a cabo por personas concretas en diferentes momentos históricos que pueden y deben revertirse. Solo hace falta voluntad política.
La discriminación, el racismo y la intolerancia se encuentran en el centro de la inseguridad y la vulneración de derechos que experimentan los pueblos indígenas así como muchas otras personas que en la región viven en la inseguridad y ven vulnerados sus derechos por el solo hecho de su orientación sexual, de ser afrodescendientes, migrantes, etc. Amnistía Internacional espera que la Asamblea General apruebe una resolución de extensión del mandato del Grupo de Trabajo que se encuentra discutiendo el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Existen varios desacuerdos significativos entre los Estados Miembros con relación al contenido y amplitud de Proyecto de Convención, por ejemplo sobre la definición de racismo y discriminación racial y la inclusión de discriminación por razones de orientación sexual. Las negociaciones no han avanzado significativamente este último año y esto debe remediarse a la brevedad.
La mitad de la población de las Américas, las mujeres y niñas, son también particularmente vulnerables a la inseguridad. La violencia contra mujeres y niñas, sea física, sexual o sicológica es sistémica en la región y sus derechos sexuales y reproductivos son violados sistemáticamente. Esta Asamblea General adoptó en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”. Hoy, 16 años después, muchos de sus postulados siguen siendo en gran medida sólo una expresión de anhelo para millones de mujeres y niñas en la región.
La protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en la región sigue siendo muy débil. La violencia contra la mujer, incluyendo la violación sexual, se lleva a cabo con un nivel inaceptable de impunidad. Muchos de los Estados presentes en esta Asamblea han tenido que enfrentar los problemas provocados por la impunidad de las violaciones de derechos humanos de los regimenes militares y autoritarios en el pasado, y los temas de discusión hoy – paz, seguridad y cooperación – son evidencia de esta herencia. Es momento ahora de aprender esta lección, y poner fin a la impunidad en casos de violencia contra la mujer y violación de sus derechos sexuales y reproductivos, para dar una clara señal que tales acciones no se toleran, sino las secuelas se sentirán por muchas generaciones más. Con este fin, es imperativo que los Estados Miembros que asisten a esta Asamblea General se comprometan inequívocamente a poner en práctica planes de acción a nivel nacional y regional para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violación sexual en el ámbito familiar y en la comunidad.
La deuda que tienen pendiente muchos Estados aquí presentes con los derechos sexuales y reproductivos se puede evidenciar en los altos índices de mortalidad materna que persisten en la región. Las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de niñas de edades comprendidas entre los 15 y 19 años y de mujeres. Tanto en los denominados países desarrollados como en los países en desarrollo, las probabilidades de muerte o lesión evitables durante el embarazo o el parto son considerablemente mayores entre las mujeres y las niñas que viven en la pobreza, y la discriminación por motivos de género, raza, grupo étnico, pertenencia a una comunidad indígena, religión u otras condiciones aumentan el riesgo de mortalidad y morbilidad maternas evitables.
AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A QUE EN LA DECLARACIÓN DE LIMA Y, CUANDO CORRESPONDIERE, EN LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES A APROBAR POR LA ASAMBLEA GENERAL, SE INCLUYA:
Un llamamiento a los Estados que no han adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas a adoptarla inmediatamente y sin restricciones.
Un compromiso expreso de adoptar un plan de acción para asegurar que los pueblos indígenas tengan derecho a recuperar sus tierras y a ser consultados de manera libre, previa e informada para dar su consentimiento sobre las decisiones que los afectan y a participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales.
Un proceso de participación genuina de los pueblos indígenas en los diferentes espacios de toma de decisiones de la OEA.
Un compromiso expreso de adoptar un plan de acción para luchar contra la violencia contra las mujeres y niñas y para respetar sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo reducir la tasa de mortalidad materna para las mujeres y niñas mas vulnerables, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.
Reafirmar la voluntad y el decidido compromiso de los Estados Miembros para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
TRAZAR UN CAMINO HACIA LA SEGURIDAD PÚBLICA BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS Y EN LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.
El enfoque adoptado por muchos gobiernos de América hacia la protección de la seguridad pública ha llevado, directa o indirectamente, a que se cometan graves violaciones de derechos humanos, entre otras, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detención arbitraria y juicios sin las debidas garantías procesales. Estas cuestiones se han puesto intensamente de manifiesto durante los últimos siete años a causa de las violaciones generalizadas de derechos humanos asociadas a la respuesta del gobierno estadounidense ante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. No obstante, los motivos de preocupación no se limitan, de ninguna manera, al gobierno de Estados Unidos ni a las medidas que adoptan los gobiernos para luchar contra las amenazas terroristas.
Gobiernos de todo el hemisferio sostienen que las medidas que adoptan son necesarias para combatir el terrorismo, hacer frente a los grupos alzados en armas o a responder a la violencia de las bandas y de la delincuencia organizada. Amnistía Internacional ha destacado, sin embargo, que los esfuerzos por reforzar la seguridad pública, independientemente de la índole de las amenazas a las que se tiene que enfrentar un gobierno, deben respetar el derecho internacional. Cometer o permitir que se cometan violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad contribuye a que, a la larga, aumente la inseguridad.
Asimismo, preocupa sobremanera a la organización que los Estados siguen tomando medidas que reducen el ejercicio de las libertades fundamentales (expresión, asamblea, asociación, etc.) lo cual a su vez tiene un impacto directo sobre el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Es particularmente preocupante que cada vez es más frecuente el uso de la fuerza contra protestas pacíficas, así como la criminalización de sus líderes y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Todo esto muchas veces dentro de un discurso de seguridad pública que no se acoge a los estándares internacionales de derechos humanos.
AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A QUE EN LA DECLARACIÓN DE LIMA Y, CUANDO CORRESPONDIERE, EN LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES A APROBAR POR LA ASAMBLEA GENERAL, SE INCLUYA:
El compromiso de dar prioridad a políticas y medidas legislativas y de otra índole con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos, en la búsqueda de la paz, seguridad y cooperación en las Américas.
La obligación de asumir la implementación de obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos como punto de referencia fundamental para alcanzar seguridad pública.
El combate contra la impunidad, como una de las expresiones de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados.
La implementación de las recomendaciones de la CIDH contenidas en su “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”.
La obligación de respetar, promover y proteger el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos en la región, tomando medidas concretas para ello, como por ejemplo el reconocimiento explícito y continuo de la legitimidad de sus acciones y adoptando mecanismos concretos y eficaces para la protección inmediata de quienes por defender los derechos humanos se encuentran en peligro.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CORTE Y LA COMISIÓN INTERAMERICANAS
Cada año la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución con relación al fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos. Dicha resolución reafirma “el compromiso de los Estados Miembros de continuar fortaleciendo y perfeccionando el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos”. En varios documentos se incluyen compromisos sobre el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [la Corte] y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de brindar financiamiento adecuado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CIDH.
Sin embargo, los órganos de protección de los derechos humanos siguen funcionando con fondos inadecuados, no obstante los mandatos adicionales que les asignan los órganos políticos de la OEA. Asimismo, el incumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte y la CIDH siguen preocupando a sobremanera. Algunos Estados han adoptado normas nacionales que reglamentan la implementación de las decisiones y recomendaciones de la Corte y CIDH respectivamente; aunque su eficacia en algunos casos esta todavía por demostrarse. Borradores de legislación se están discutiendo en otros Estados de la región.
AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA A:
Ratificar, si no lo han hecho, todos los tratados interamericanos de protección de los derechos humanos sin reservas o declaraciones que limitan el alcance de la protección del tratado.
Dictar una Resolución en la cual se requiera a los Estados Miembros la implementación inmediata de las decisiones de la Corte Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
Apoyar una resolución donde se invite a los Estados partes a que dicten normas internas que regulen y faciliten el cumplimiento de las decisiones de la Corte y, en lo pertinente, de las recomendaciones de la CIDH.
Brindar fondos adecuados para el eficaz funcionamiento de los órganos de protección y hacer posible el funcionamiento permanente de ambos órganos.
