Amnistía Internacional recuerda hoy el autogolpe que hace 20 años Alberto Fujimori diera en el Perú, suspendiendo el precepto constitucional y nombrando un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
El ex presidente anunció también una reforma profunda del poder judicial, el Ministerio Público, el Congreso y la Constitución. Las funciones del poder judicial y del Ministerio Público quedaron en suspenso durante cuatro semanas, en el transcurso de las cuales no se pudieron presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ni peticiones de hábeas corpus. La disolución del Congreso significó que varias comisiones que investigaban las violaciones de derechos humanos y la violencia política se vieron obligadas a abandonar su trabajo. Desde aquel momento, el ex presidente Fujimori y su Consejo de Ministros gobernaron el país por decreto ley. Entre los decretos emitidos en abril se encontraba la destitución del fiscal de la Nación, de 13 vocales de la Corte Suprema y de más de 130 jueces y fiscales; todos ellos fueron reemplazados por personas designadas por el ejecutivo.
Amnistía Internacional apoyó la delicada y compleja tarea asignada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos a partir del año 1980 al año 2000, periodo que abarca también el autogolpe y sus consecuencias en torno a los derechos humanos.
En enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta en el 2009 al ex presidente Fujimori a 25 años de cárcel por violaciones graves de derechos humanos.
Hoy 5 de abril, Amnistía Internacional quiere recordar que el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos son base fundamental para la institucionalidad y buen gobierno en Perú, y que las recomendaciones de la CVR urgen de su implementación.
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