A lo largo de los
últimos meses, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el
elevado número de ciudadanos fallecidos en los enfrentamientos entre las
fuerzas policiales y la población que participa en diversas protestas sociales.
En el marco del nombramiento de un nuevo Ministro del Interior, reitera su
solicitud al Estado peruano para que se produzca un cambio en las
intervenciones policiales.
Amnistía Internacional
en varias ocasiones ha solicitado al gobierno peruano que se disponga la
prohibición a las Fuerzas Policiales de emplear armas de fuego, salvo que sea
estrictamente inevitable para proteger la vida, como señalan los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990.
En este contexto,
Amnistía Internacional considera especialmente importante asegurar que se evite
toda agresión a los defensores y defensoras de derechos humanos. Amnistía
Internacional ha condenado las agresiones físicas y verbales que, según
diversos organismos de derechos humanos, sufrieron en los últimos meses los
integrantes de la Vicaría de Sicuani, Jaime Borda y Romualdo Ttito, las
abogadas Genoveva Gómez, de la Defensoría del Pueblo y Amparo Abando, de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como el líder ambientalista
Marco Arana. Todos estos casos, así como las muertes de manifestantes, deben
ser investigadas y sus responsables, adecuadamente sancionados.
Amnistía Internacional
hace un llamado también a los dirigentes sociales para que eviten todo hecho de
violencia que pueda poner en peligro la integridad física de las personas o generar
daños a la propiedad.
Finalmente, Amnistía
Internacional considera muy importante que el Congreso revise adecuadamente el
Proyecto de Ley 81/2011, para asegurar que el uso de la fuerza letal por parte
de la Policía Nacional se realice solamente de acuerdo a los estándares
internacionales mencionados.
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