La ejecución de tres condenados a muerte supone un paso ominoso y regresivo por parte del nuevo gobierno del Partido Liberal Democrático de Japón. Estas ejecuciones son las primeras que se llevan a cabo desde que el gobierno ocupó el poder en diciembre, y hacen temer que el ritmo de ejecuciones pueda incrementarse durante el mandato del primer ministro Abe.
Roseann Rife, directora del
trabajo de Amnistía Internacional sobre el este de Asia, ha manifestado: “Estas
ejecuciones, llevadas a cabo bajo un velo de secreto, son un acto cruel de
homicidio premeditado. Las autoridades ya se mostraron alarmantemente
implacables en su decisión de llevar a cabo ejecuciones durante el anterior
mandato de Shinzo Abe como primer ministro. El temor es que este sea el comienzo
de una nueva oleada de homicidios a sangre fría por parte del Estado, y suscita
serias dudas sobre si estas ejecuciones se están llevando a cabo por una mera
conveniencia política.”
“En lugar de firmar más órdenes
de ejecución, instamos al ministro de Justicia Sadakazu Tanigaki a recapacitar
y considerar los datos. Más de dos tercios de los países del mundo han dejado
de utilizar la pena capital, refutando los argumentos de que es necesaria.
Japón forma parte de una aislada minoría respecto a esta cuestión, e instamos
al ministro a tomar medidas para iniciar un debate público sobre el uso futuro
de la pena de muerte.”
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