Hoy
9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía
Internacional se solidariza con todos los pueblos indígenas de América,
que han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y
la discriminación.
Privados
de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus
medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado,
incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos
naturales. Mucha de la población indígena aún no cuenta con el
reconocimiento estatal sobre la propiedad de sus territorios ancestrales
y están en permanente riesgo de ser expulsados.
La
extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros
proyectos de desarrollo en los territorios indígenas son a menudo
impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos ni respetar su derecho
al consentimiento libre, previo e informado.
Frecuentemente,
sufren actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas
empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de
obtener beneficios y los Estados no cumplen con su obligación de
proteger los derechos de estas comunidades, incluso llegando a perseguir
criminalmente a sus líderes o desprestigiarlos.
Si
bien la región de América ha hecho importantes avances en el
reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los
pueblos indígenas, lamentablemente, en muchos casos estos derechos son
ignorados o aplicados de un modo que no respetan de forma adecuada sus
tradiciones culturales, como por ejemplo cuando no se consulta con ellos
legislaciones que afectan sus derechos o se los mantiene en riesgo
permanente de desalojo de sus territorios ancestrales.
En Perú
La
organización expresa su preocupación por la situación de los pueblos
indígenas que viven en aislamiento voluntario, como es el caso de la
reserva del Kugapakori-Nahua-Nansti situada en el departamento de Cusco y
Ucayali. Según entidades estatales peruanas, las actividades de
extracción (Lote 88) que se prevén en la reserva pondrían en riesgo su
medio ambiente, así como la supervivencia física y cultural de los
pueblos indígenas, pudiendo producirse un impedimento en el goce del
completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Amnistía
Internacional solicita al Estado peruano tomar las medidas correctivas
correspondientes para analizar y evaluar la factibilidad de desarrollar
actividades de exploración y explotación en territorio indígena, a fin
de preservar la vida y el desarrollo de esta población.
De
igual manera, preocupa en Perú, la existencia de altos niveles de
contaminación por hidrocarburos y metales pesados en territorios de
comunidades del pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes, al norte
de la región Loreto, señaladas mediante diagnóstico ambiental por
entidades del Estado peruano, cuando sobre estos territorios se prevé
consultas a los pueblos indígenas en el marco de actividades de
exploración y explotación (Lote 1AB). Amnistía Internacional reafirma la
obligación del Estado peruano de adoptar las medidas apropiadas para
prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos que se puedan haber
cometido contra los pueblos indígenas.
En
este día, señala Amnistía Internacional, todos los gobiernos de la
región deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y
garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas de
América.
Estándares mínimos
Los
derechos de los pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos
reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración es el
resultado de más de 20 años de deliberación con la participación de los
Estados y los pueblos indígenas. Todos los Estados de América la han
respaldado. Estos derechos también están recogidos en el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de los
Estados de América. Asimismo, han sido apoyados reiteradamente por la
ONU y los órganos regionales de vigilancia de los tratados, como el
Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para más información
Comunicado
de Amnistía Internacional en apoyo a la celebración del aniversario de
la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Sarayaku de
Ecuador:
Miembros de Amnistía Internacional alrededor del mundo apoyan con acciones al Pueblo de Sarayaku:
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