Los
homicidios, las desapariciones forzadas, la reclusión ilegal y la
detención arbitraria de personas que critican al gobierno son prácticas
demasiado frecuentes en Chad, y deben cesar. Así lo ha manifestado
Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.
“Por todas partes hay gente que muere bajo custodia, permanece recluida en régimen de incomunicación y es detenida arbitrariamente, todo en nombre de la ‘protección de la seguridad nacional’”, ha manifestado Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre Chad. “El gobierno hace cuanto puede para silenciar a quien se atreve a criticarle.”
El informe, titulado Chad: In the name of security? y hecho público hoy, da testimonio de la brutal manera en el gobierno reprime toda forma de crítica, y de cómo restringe la libertad de expresión en el país.
El régimen de Hissène Habré, que gobernó el país en la década de 1980, fue tristemente famoso por sus tácticas represivas para silenciar a quienes se le opusieran. El presidente Idriss Deby Itno, a su llegada al poder en 1990, prometió poner fin a las violaciones de derechos humanos, pero la situación sigue deteriorándose.
En mayo de 2013 tuvo lugar un presunto intento de golpe de Estado que fue reprimido; en aquella ocasión las fuerzas de seguridad abrieron fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas –según los informes, desarmadas– a las que creían implicadas. Sus disparos mataron a entre tres y ocho personas.
A continuación, las fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron a muchos de los heridos, a los que negaron el acceso inmediato a tratamiento médico.
Tras el intento de golpe, varios opositores políticos, entre ellos Mahamat Saleh Makki, parlamentario y presidente del Partido Unidad y Reconstrucción, fueron detenidos.
Posteriormente fueron acusados de “conspiración, amenaza al orden constitucional y complicidad en asesinato”.
Unos 30 continúan detenidos. Se desconoce el paradero de muchos de ellos, pese a las reiteradas peticiones de información realizadas por sus familias y por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.
Mahamat Saleh Makki estuvo detenido durante cuatro meses, sólo se le permitió ver a su familia tres días después de la detención, e inicialmente se le negó el acceso a un abogado.
“La policía y las fuerzas de seguridad no muestran ningún respeto por los derechos humanos, y gozan de una impunidad total”, ha manifestado Christian Mukosa.
En 2008 se creó una Comisión Nacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante un ataque lanzado en febrero de 2008 por grupos armados de oposición en la capital, Yamena, y después de dicho ataque.
El informe de esta comisión concluyó que el gobierno de Chad era responsable de la detención arbitraria, la reclusión ilegal y la desaparición forzada de varias personas, entre ellas el líder opositor Ibni Oumar Mahamat Saleh, cuyo paradero sigue sin conocerse a día de hoy.
Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos, y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
La organización pide asimismo que se ponga en libertad a todas las personas detenidas sin cargos, a menos que sean acusadas sin demora de un delito penal reconocible.
“A diario se cometen en Chad graves violaciones de derechos humanos, en una situación de violaciones sistemáticas que dura ya demasiado. Las autoridades chadianas están violando su propia Constitución, así como el derecho nacional e internacional. Los abusos que está cometiendo el gobierno deben cesar, y los responsables deben ser procesados con urgencia”, ha manifestado Christian Mukosa.
El 17 de octubre, Chad fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos años, a partir de enero de 2014. “Las autoridades chadianas deben aprovechar esta oportunidad para mejorar la protección, la promoción y el respeto por los derechos humanos en el país.”
“Por todas partes hay gente que muere bajo custodia, permanece recluida en régimen de incomunicación y es detenida arbitrariamente, todo en nombre de la ‘protección de la seguridad nacional’”, ha manifestado Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre Chad. “El gobierno hace cuanto puede para silenciar a quien se atreve a criticarle.”
El informe, titulado Chad: In the name of security? y hecho público hoy, da testimonio de la brutal manera en el gobierno reprime toda forma de crítica, y de cómo restringe la libertad de expresión en el país.
El régimen de Hissène Habré, que gobernó el país en la década de 1980, fue tristemente famoso por sus tácticas represivas para silenciar a quienes se le opusieran. El presidente Idriss Deby Itno, a su llegada al poder en 1990, prometió poner fin a las violaciones de derechos humanos, pero la situación sigue deteriorándose.
En mayo de 2013 tuvo lugar un presunto intento de golpe de Estado que fue reprimido; en aquella ocasión las fuerzas de seguridad abrieron fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas –según los informes, desarmadas– a las que creían implicadas. Sus disparos mataron a entre tres y ocho personas.
A continuación, las fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron a muchos de los heridos, a los que negaron el acceso inmediato a tratamiento médico.
Tras el intento de golpe, varios opositores políticos, entre ellos Mahamat Saleh Makki, parlamentario y presidente del Partido Unidad y Reconstrucción, fueron detenidos.
Posteriormente fueron acusados de “conspiración, amenaza al orden constitucional y complicidad en asesinato”.
Unos 30 continúan detenidos. Se desconoce el paradero de muchos de ellos, pese a las reiteradas peticiones de información realizadas por sus familias y por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.
Mahamat Saleh Makki estuvo detenido durante cuatro meses, sólo se le permitió ver a su familia tres días después de la detención, e inicialmente se le negó el acceso a un abogado.
“La policía y las fuerzas de seguridad no muestran ningún respeto por los derechos humanos, y gozan de una impunidad total”, ha manifestado Christian Mukosa.
En 2008 se creó una Comisión Nacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante un ataque lanzado en febrero de 2008 por grupos armados de oposición en la capital, Yamena, y después de dicho ataque.
El informe de esta comisión concluyó que el gobierno de Chad era responsable de la detención arbitraria, la reclusión ilegal y la desaparición forzada de varias personas, entre ellas el líder opositor Ibni Oumar Mahamat Saleh, cuyo paradero sigue sin conocerse a día de hoy.
Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos, y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
La organización pide asimismo que se ponga en libertad a todas las personas detenidas sin cargos, a menos que sean acusadas sin demora de un delito penal reconocible.
“A diario se cometen en Chad graves violaciones de derechos humanos, en una situación de violaciones sistemáticas que dura ya demasiado. Las autoridades chadianas están violando su propia Constitución, así como el derecho nacional e internacional. Los abusos que está cometiendo el gobierno deben cesar, y los responsables deben ser procesados con urgencia”, ha manifestado Christian Mukosa.
El 17 de octubre, Chad fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos años, a partir de enero de 2014. “Las autoridades chadianas deben aprovechar esta oportunidad para mejorar la protección, la promoción y el respeto por los derechos humanos en el país.”
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