“El
Estado peruano debe adoptar medidas eficaces para impedir la tortura en
todo el país, con la obligación de investigar pronta, imparcial y
eficazmente todas las denuncias presentadas y asegurar que se impongan
sanciones adecuadas para los condenados”, manifestó Juan Carlos La
Puente, director ejecutivo de Amnistía Internacional.
En tanto miembro del Grupo de Trabajo Contra la Tortura a nivel nacional, Amnistía Internacional asistirá a la “Conferencia
Internacional para la Prevención de la Tortura: el Subcomité para la
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y el Mecanismo Nacional de
Prevención”, que se realizará hoy miércoles 18 de setiembre, a las 6
p.m., en el Auditorio del Museo del Congreso y de la Inquisición; y que
estará a cargo de Wilder Tayler, integrante del Subcomité para la
Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas que se halla de visita
en el Perú.
El
Estado peruano ratificó en el año 2006 el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura, el cual daba plazo hasta el 2007 para
establecer el Mecanismo Nacional de Prevención, sin embargo, hasta ahora
éste no se ha hecho realidad.
Tal
como lo registra Amnistía Internacional en su Informe Anual 2013,
durante el año pasado se denunciaron en el Perú detenciones arbitrarias,
uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos a manos de las
fuerzas de seguridad durante protestas contra proyectos del sector
extractivo. Otros casos ocurren en las comisarías y cuarteles donde
muchos presos o detenidos son torturados.
“Es
inaceptable que en el Perú se sigan registrando casos de tortura a
ciudadanos, sobre todo después de que en noviembre del año 2012 el Perú
aceptara la recomendación formulada por la ONU, que instaba al Estado a
prevenir la tortura y otros malos tratos a personas detenidas y
recluidas, y garantizar justicia y reparación para las víctimas de
violaciones de derechos humanos”, dijo La Puente.
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