Los
problemas económicos globales tienen su correspondencia en una recesión en los
derechos humanos, con la adopción de unos compromisos preocupantes por su
carácter mínimo en Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible), afirmaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro
de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) al clausurarse la
conferencia.
El
objetivo de Río+20 era renovar los compromisos políticos con el desarrollo
sostenible que contrajeron en la conferencia original, hace 20 años, mediante
la evaluación de los avances y de las lagunas en la implementación y el debate
sobre cuestiones nuevas y emergentes.
“Los
países del G-77, la Santa Sede y Canadá han formado una alianza vergonzosa
contra la adopción de un compromiso con los derechos humanos, en ocasiones con
la ayuda de Estados Unidos --ha afirmado Jan Egeland, director ejecutivo
adjunto de Human Rights Watch--. A pesar de la oposición, el lenguaje de los
derechos humanos ha sobrevivido en el documento final, pero no llega lo
bastante lejos.”
La
Santa Sede lideró la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, con
el apoyo del G-77 (Grupo de los 77), una organización de países en desarrollo.
En el documento final, los países participantes hacen hincapié en la necesidad
del acceso universal a la salud reproductiva, incluidas la planificación
familiar y la salud sexual, y de la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales. Pero se ha suprimido el texto explícito
que hacía referencia a los derechos reproductivos.
Canadá,
el G-77 y Estados Unidos se han unido contra la reafirmación de la responsabilidad
de las empresas de respetar los derechos. Durante las negociaciones, los
gobiernos tampoco se han ocupado de sus obligaciones en materia de derechos
humanos cuando actúan como accionistas de instituciones financieras
internacionales (IFI).
En
el documento final, los gobiernos reconocen que el desarrollo sostenible
requiere la implicación significativa y la participación activa de la sociedad
civil y de muchos grupos marginados, como las personas con discapacidad, entre
otras. Sin embargo, los gobiernos han suprimido la referencia al derecho a la
libertad de asociación y reunión, afirmaron Amnistía Internacional, Human
Rights Watch y CIEL. Y el derecho a la libertad de expresión, esencial para la
participación y la rendición de cuentas, ni siquiera llegó a figurar nunca en
un borrador del documento final.
Además,
grupos de la sociedad civil han expresado su consternación por la falta de
oportunidades para su participación significativa en el proceso de Río.
“El
G-77 ha cuestionado el derecho a la libertad de reunión y asociación, y algunos
países que los defendieron en el pasado se han negado a luchar por estos
derechos --ha afirmado Egeland--. Es increíble que después de la ‘primavera
árabe’, los gobiernos no hayan hecho oír su voz en apoyo del derecho a la
libertad de expresión en el contexto del desarrollo sostenible.”
Los
líderes mundiales han reafirmado la importancia de respetar todos los derechos
humanos para el desarrollo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
de otros instrumentos de derechos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Los
gobiernos han reconocido en el documento final la importancia de derechos
económicos y sociales seleccionados, como el derecho a la alimentación, la
salud y la educación. Por primera vez en una reunión en la cumbre importante de
la ONU, los países han reafirmado el derecho a agua potable segura y a
servicios de saneamiento. Los gobiernos se han comprometido a trabajar para
hacer realidad gradualmente el acceso para todas las personas.
“Es
lamentable que algunos gobiernos hayan intentado excluir arbitrariamente del
ámbito del derecho al agua las cuestiones hídricas transfronterizas --ha
afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de
Amnistía Internacional--. El hecho de que estos intentos hayan sido
infructuosos es una victoria para los derechos humanos.”
Río+20
tampoco ha logrado la integración de los derechos humanos y la protección del
medio ambiente, han afirmado los grupos de derechos. Aunque tribunales
internacionales, regionales y nacionales y organismos de derechos humanos han
reconocido con creciente frecuencia los daños ambientales como causa de
violaciones de derechos humanos, y han establecido con firmeza la
responsabilidad de los Estados en lo relativo a la protección del medio
ambiente, el proceso de Río+20 ha ignorado el derecho a un medioambiente
saludable.
“La
protección del medio ambiente es esencial para el pleno disfrute de todos los
derechos humanos --ha afirmado el doctor Marcos Orellana, director de derechos
humanos y medio ambiente de CIEL--. Sin el reconocimiento explícito del derecho
a un medio ambiente saludable, el documento de Río+20 no aborda la crisis
ecológica y de pobreza de ámbito global a la que se enfrentan el ser humano y
el planeta.”
La
Declaración de Río de 1992, integrada por 27 principios que tenían como
objetivo orientar el desarrollo sostenible en el futuro, incluía una referencia
al derecho al desarrollo, remitía al derecho internacional y reconocía que la
gente debe tener acceso a la información relativa al medio ambiente y la
oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones.
“Aunque
se han registrado algunos avances en la versión definitiva del documento final,
el mero hecho de que tengamos que abogar por la inclusión de los derechos
humanos es absurdo”, ha afirmado Carvalho.
Declaración
conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch relativa a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río + 20:
Human Rights Watch
Amnistía
Internacional
Centro
de Derecho Ambiental Internacional
Río
de Janeiro, 28 de junio de 2012
Verónica
Valcárcel
Coordinadora
de Comunicación
Amnistía
Internacional Perú
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