Por Ananth Guruswamy, director de Amnistía Internacional en India
El
trágico suceso de la joven de 23 años que el 16 de diciembre de 2012
fue brutalmente agredida, violada y abandonada a su suerte por seis
hombres en Delhi ha puesto de relieve la intolerable realidad a la que
se enfrentan millones de mujeres y niñas en India. La violencia contra
la mujer es endémica en el país: según datos oficiales, en 2011 se
denunciaron más de 220.000 casos de delitos de violencia contra mujeres,
cifra que probablemente sea mucho más elevada en la actualidad.
De
haber algo positivo en esta terrible tragedia, serían las protestas
generalizadas de la sociedad en India. Lo que comenzó como una
manifestación estudiantil en Delhi ha pasado a aglutinar a ciudadanas y
ciudadanos indios de todo tipo y de todas las ideologías políticas.
Decenas de miles de personas han tomado las calles con el rotundo
mensaje de que las cosas deben cambiar y que las mujeres y niñas tienen
que empezar a vivir sin miedo. Pero entre las muchas peticiones
razonables y constructivas que se están elevando a las autoridades para
poner fin a esta situación hay, desafortunadamente, un coro de voces
cada vez mayor que reclama la pena capital para los seis presuntos
responsables, o incluso la pena de muerte preceptiva para los casos de
violencia sexual.
Está
previsto que cinco de los seis sospechosos sean sometidos a juicio hoy
en Delhi, mientras las autoridades investigan si el sexto presunto
responsable es menor de 18 años y, por tanto, menor de edad. En
principio, los cinco serán acusados de varios delitos, entre ellos el de
asesinato, para el que las leyes indias prevén la pena de muerte.
El
odio que sienten los ciudadanos es totalmente comprensible, como lo es
el deseo de imponer leyes más estrictas para los delitos de violencia
sexual con el fin de garantizar que lo ocurrido en diciembre en Delhi no
vuelva a repetirse, pero recurrir a la pena capital solo serviría para
prolongar la oleada de violencia.
Amnistía
Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos,
independientemente de las circunstancias o la naturaleza del delito Se
trata de la forma más extrema de pena cruel e inhumana, y la violación
de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.
No
hay indicios que sugieran que la amenaza de ejecución actúa como
elemento disuasorio especial, de ahí que exista una clara tendencia
global hacia la abolición de la pena capital. En la actualidad, ya son
140 los países del mundo abolicionistas en su legislación o en la
práctica.
Durante
al menos ocho años no se había llevado a cabo ninguna ejecución en
India, hasta que el 21 de noviembre de 2012 fue ahorcado Ajmal Kasab,
único terrorista superviviente de los atentados cometidos en Mumbai en
noviembre de 2008. La muerte de Kasab supuso un retroceso importante
para el país en materia de pena de muerte, pues India se unía así a la
minoría de países que siguen realizando ejecuciones.
Con
cientos de presos condenados a muerte en India, nos encontramos ante un
momento clave para el país y para la aplicación de la pena de muerte.
Las autoridades indias no deben permitir que la ejecución de Kasab y la
atroz violación de Delhi den lugar a que se reanuden las ejecuciones a
mayor escala.
Lo
que India necesita ahora no es venganza, sino poner fin a los numerosos
problemas que hacen que se perpetúe la violencia endémica contra
mujeres y niñas en el país. Tienen que reformarse las leyes y el sistema
de justicia, y debe modificarse la definición de violación, que
actualmente resulta inaceptable.
También
deben tomarse medidas frente a las cifras lamentablemente bajas de
condenas por este tipo de delitos, lo que únicamente prolonga el actual
clima de impunidad que se vive en el país. Sin embargo, la imposición de
la pena de muerte por casos de agresión sexual probablemente solo
empeoraría la situación, ya que los jueces vacilarían ante la aplicación
de penas tan extremas y los procesos legales se alargarían y serían más
complejos.
La
policía india tiene que estar mejor preparada para atender a las
supervivientes de violencia sexual, y es necesario que se desarrollen
programas de apoyo a las víctimas. Muchas mujeres y niñas se muestran
reacias a denunciar delitos por miedo a ser humilladas y a recibir un
trato degradante por parte de la policía, o por temor al estigma social
generalizado que sufren como consecuencia de ello. Asimismo, todavía
existen graves carencias sistemáticas en el sistema de justicia indio,
lo cual plantea dudas sobre su eficiencia.
El
simple hecho de plantear métodos de castigo antes de que se hayan
resuelto estos problemas significa adelantarse peligrosamente a los
acontecimientos. Son muchos quienes comparten esta reflexión, incluida
Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, que ha pedido reformas legales y prudencia frente al uso de la
pena de muerte.
En
2012, Afganistán y Pakistán reanudaron las ejecuciones después de
moratorias relativamente largas, por lo que ahora India tiene la
oportunidad de demostrar su auténtico liderazgo en la región en un
asunto clave en materia de derechos humanos. Sin duda, las mujeres y
niñas en India merecen una protección legal mucho mejor, pero la
solución no es la pena de muerte.
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